El pasado 7 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) anunciaron, a través del Comunicado No. 161, la decisión de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, argumentando las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol. Lo que parecía un acuerdo “unánime” entre autoridades pronto reveló su verdadera dimensión: una medida arbitraria que ponía en riesgo semanas completas de clases y profundizaba el ya grave rezago educativo que enfrenta el país.
Ante esta situación, como Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) emitimos de inmediato un comunicado de rechazo categórico. No podíamos permanecer en silencio. México arrastra altos índices de rezago en lectura, matemáticas y competencias básicas. Quitar entre cinco y siete semanas de instrucción efectiva no era una simple adecuación logística: era un golpe directo al derecho constitucional de millones de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad.
Nuestra postura fue clara y firme. Cuestionamos la falta de consulta a las familias, docentes y directivos de escuelas tanto del sector público como privada, ante la insuficiencia de las dos semanas de “fortalecimiento de aprendizajes” previstas para agosto, y la ligereza de utilizar un evento deportivo como pretexto para recortar el calendario escolar. Simplemente las justificaciones salían de todo orden.
Los resultados no se hicieron esperar. En menos de 6 horas, nuestro posicionamiento generó un impacto nacional e internacional sin precedentes. Más de 1,400 notas periodísticas, de analistas a lo largo y ancho del país replicaron nuestro mensaje, así como de los diversos medios locales en todo el país, que, de manera clara y decidida, abrieron sus espacios a la voz y llegando a millones de familias mexicanas y sobre todo mujeres jefas de familia trabajadoras y esta iniciativa logro un objetivo común: Lograr que se rectificara al cumplimiento del ciclo escolar. No era para menos los riesgos de perder trabajos, ampliar el rezago educativo y la inminente deserción escolar son tan solo los efectos inmediatos de la improvisación de dicha iniciativa.
Tan solo en 4 días, se activaron procesos de amparos, firmas y manifestaciones de rechazo ante la medida impuesta en todo el país. Gobiernos estatales como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato manifestaron públicamente su desacuerdo o anunciaron que no adelantarían el cierre del ciclo. La amplia manifestación ciudadana indudablemente fue tan contundente que la propia SEP se vio obligada a convocar una nueva reunión de emergencia con las autoridades educativas estatales y el espacio de conversación tuvo 2 menciones claras en la mañanera para tratar de disminuir los ánimos, pero el Secretario de Educación agravaba mas las manifestaciones de rechazo ante las descalificaciones y declaraciones incongruentes y de repartición de culpas a empresarios, docentes y al propia Secretaría de la que forma parte.
Después de 5 horas se obtuvo una victoria importante y contundente para la educación mexicana: la SEP anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá de manera normal, tal como estaba originalmente previsto: hasta el 15 de julio. Se frenó el recorte arbitrario. Esta rectificación demuestra que la movilización informada, el diálogo asertivo y la presencia en los medios de comunicación siguen siendo herramientas poderosas para defender el interés superior de la niñez.
Este logro no es solo es de la UNPF. Fue el resultado del esfuerzo conjunto de cientos de miles de madres y padres de familia, de lideres de opinión, especialistas en educación, instituciones académicas y de la sociedad civil que mostraron una gran necesidad manifestada en organizaciones en grupos, redes y chats; de docentes, directivos y especialistas educatque defendieron con valentía el tiempo de aprendizaje de sus alumnos; y de los medios de comunicación que cumplieron su función social al dar voz a una causa justa, al dar voz a los maestros y directivos de escuelas tanto del sector público mayoritariamente y del sector privado.
Esta experiencia nos deja varias lecciones claras. Primero, que la unidad de las familias es posible cuando se defienden principios fundamentales. Segundo, que la presión social responsable y bien argumentada sí puede modificar decisiones de las autoridades. Y tercero, que el diálogo asertivo, firme y perseverante sigue siendo el camino correcto.
La UNPF no baja la guardia. Seguiremos cohesionados, vigilantes y propositivos. Continuaremos trabajando en los grandes temas de la agenda educativa nacional: la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia, la mejora de la infraestructura escolar, la atención a las altas temperaturas con soluciones reales y no con recortes, y la construcción de una verdadera corresponsabilidad entre autoridades, docentes y familias.
La educación de nuestras hijas e hijos no es negociable. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo la voz organizada de los padres y madres de familia en México, defendiendo con dignidad y determinación el futuro de las nuevas generaciones.
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