Con el rostro tenso y la mirada fija, a Sheinbaum le costó trabajó contestar: “No, no hay ningún riesgo de que Morena sea declarada como una organización terrorista”.
Lo cierto es que sí lo hay. Y el riesgo no es solo para su partido sino para ella misma junto con todo un régimen constituido como una mafia donde varios gobernadores, legisladores, alcaldes y secretarios de Estado forman parte de un “narco engranaje”.
Esa es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscales “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México”.
Y esa es también la razón por la que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a sus “socios en el mundo” sancionar a empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, considerado, al igual que Hezbolá, una organización terrorista.
Sheinbaum también podría ser designada, como Nicolás Maduro, agente del narcoterrorismo. Ella misma está propiciando esa condena al dar sobreprotección al ex gobernador de Sinaloa Rocha Moya y al ser incapaz de romper con la red criminal que sostiene a Morena en el poder.
De acuerdo a la ley antiterrorista de EU será sancionada toda persona que apoye, encubra o tenga nexos con el narcotráfico internacional. Cuando la Presidenta pide a Washington “pruebas y más pruebas” para evitar detener a Rocha Moya, se convierte en encubridora de uno de los operadores clave del narco Estado mexicano.
Sheinbaum va a tener que tomar pronto una decisión: Extradita a Rocha Moya u obliga a los norteamericanos a decir cómo ella y López Obrador llegaron a la Presidencia de México. Ya no solo se trata de designar a Morena como una partido u organización “narcoterrorista” sino de “meter en el mismo saco” a su fundador y a su heredera.
Decir que Morena es un narco partido ya no es un rumor o una versión de las “plumas del viejo régimen” como dijo Sheinbaum. Es una realidad y hay pruebas de sobra. Si Estados Unidos osa confirmar que el Movimiento de Regeneración Nacional es brazo del crimen organizado, Sheinbaum y su gobierno irán a parar a la tumba política.
Si esto ocurriera, se abriría en Washington un juicio tipo Nuremberg donde no solo se enjuiciaría a sus principales líderes, sino a todo un régimen.
Y aquí entonces una pregunta fundamental: ¿Qué hará la parte más institucional del Ejército Mexicano cuando la 4T sea llevada al banquillo de los acusados por narcotráfico? ¿Guardará silencio, se pondrá como ha venido ocurriendo del lado de una persona, del partido en el poder o de la Constitución y la patria?
El plazo para que México detenga y Estados Unidos presente pruebas contra Rocha Moya y los otros imputados sigue corriendo. Con o sin tribunales Washington puede dar a conocer lo que sabe. La extradición de Rocha es inevitable, como inevitable es que se cumpla la frase que le atribuyen: “Si caigo yo, caemos todos”.