Hay fechas que trascienden la simple referencia cronológica para convertirse en hitos de la conciencia nacional. Fechas que no sólo recuerdan un acontecimiento jurídico, sino que evocan una conquista colectiva, una aspiración profundamente arraigada en la historia de los pueblos y una convicción sobre el futuro. Una de ellas es, sin duda, el 9 de junio de 1980. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del decreto mediante el cual se elevó a rango constitucional la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior.
El Constituyente Permanente reconoció que la educación superior requería de un espacio propio de libertad, un ámbito protegido de las contingencias políticas y de las presiones ideológicas, donde la inteligencia pudiera desarrollarse sin ataduras y donde el conocimiento pudiera florecer al amparo de la razón y la crítica.
La universidad es, por naturaleza, el hogar de la duda razonada. Es el lugar donde las verdades se someten al escrutinio de la crítica, donde las ideas se confrontan sin temor y donde las nuevas generaciones aprenden que el conocimiento no es un acto de obediencia, sino una permanente búsqueda. Por ello, la autonomía no constituye un privilegio institucional, representa una garantía para la sociedad. Su finalidad última es asegurar que la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura puedan desarrollarse con independencia, pluralidad y rigor intelectual.
No es casual que la autonomía universitaria encuentre en la libertad de cátedra una de sus expresiones más nobles. Ambas forman parte de una misma realidad. Allí donde un profesor puede enseñar con libertad, donde una investigadora puede cuestionar paradigmas establecidos, donde un estudiante puede disentir y construir sus propias convicciones, la universidad cumple su misión esencial.
Por ello resulta particularmente significativa la publicación en el DOF de la reforma constitucional que reafirma estos principios. No se trata únicamente de una precisión normativa; constituye una declaración de principios a favor de uno de los valores más preciados de toda sociedad democrática: la libertad intelectual.
La docencia y la investigación poseen características que difícilmente pueden equipararse a otras actividades productivas. La calidad académica, la generación del conocimiento, los concursos de oposición, la libertad de investigación y los mecanismos de evaluación forman parte de una dinámica institucional propia, orientada no a la producción de bienes materiales, sino a la formación de seres humanos y al avance del conocimiento.
Han transcurrido más de cuatro décadas desde aquella reforma histórica. Sin embargo, lejos de tratarse de una disposición anclada en el pasado, su significado adquiere hoy una renovada vigencia. Cuando diversas instituciones públicas experimentan procesos de transformación, cuando la independencia de los órganos del Estado y la fortaleza de los contrapesos democráticas son objeto de intenso debate, cuando la polarización amenaza con sustituir el diálogo por la descalificación, la autonomía universitaria emerge nuevamente como uno de los espacios donde el pensamiento libre puede desarrollarse sin más límite que el rigor científico y el respeto a la dignidad humana.
Las universidades no forman únicamente profesionistas, forman ciudadanos. No produce solamente conocimiento: construyen conciencia crítica. No transmiten exclusivamente información; cultivan valores indispensables para la convivencia democrática, entre ellos la tolerancia, la pluralidad, la deliberación racional y el respeto a la diferencia.
Por ello, recordar el 9 de junio de 1980 es mucho más que conmemorar una reforma constitucional. Es reivindicar una idea de nación. Es reconocer que el progreso material carece de sentido si no está acompañado por el desarrollo del pensamiento y de la cultura. Es comprender que la libertad académica constituye una de las más elevadas expresiones de la libertad humana.
Las generaciones que impulsaron aquella reforma entendieron que ninguna sociedad puede aspirar a la grandeza intelectual si sus universidades carecen de independencia. Corresponde ahora a las nuevas generaciones preservar ese legado y fortalecerlo. Porque las universidades autónomas no pertenecen únicamente a quienes las integran, pertenecen al futuro de México.
Y mientras en sus aulas continúe resonando la palabra libre, mientras la investigación siga desafiando los límites del conocimiento y mientras la crítica razonada encuentre refugio en sus espacios, permanecerá viva aquella convicción que inspiró la reforma de mérito, en el sentido de que el saber florece mejor cuando crece en libertad.
Para comprender plenamente la trascendencia de la reforma constitucional del 9 de junio de 1980 es necesario volver la mirada algunas décadas atrás. La autonomía universitaria no nació de manera espontánea; fue el resultado de una larga aspiración de la comunidad académica mexicana por construir espacios de libertad intelectual ajenos a los vaivenes del poder político. Su antecedente más emblemático se encuentra en 1929, cuando la Universidad Nacional obtuvo su autonomía después de una intensa movilización estudiantil que reivindicó el derecho de la institución a gobernarse a sí misma y a desarrollar sus funciones sustantivas con independencia.
Aquella conquista encontró sustento en una idea que había sido sembrada años antes por Justo Sierra, fundador de la Universidad Nacional de México, quien concebía a la universidad como algo más que un centro de enseñanza profesional. En su visión, la universidad debía convertirse en la conciencia crítica de la nación; un espacio destinado a cultivar la inteligencia, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre, capaz de iluminar el rumbo de la vida pública mediante la reflexión y el conocimiento.
La reforma constitucional de 1980 vino a consolidar jurídicamente esa herencia. Lo que en 1929 había sido una conquista institucional alcanzó entonces la máxima jerarquía normativa del Estado mexicano. El Constituyente Permanente comprendió que la autonomía universitaria debía quedar resguardada en el propio texto constitucional como una garantía permanente para las generaciones presentes y futuras.
Desde entonces, la autonomía ha dejado de pertenecer exclusivamente a las universidades para convertirse en un patrimonio de la democracia mexicana. Su protección no responde únicamente al interés de las comunidades académicas; responde al interés de toda la sociedad, que encuentra en las universidades uno de los principales espacios para la formación de ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común.
A casi un siglo de autonomía universitaria de 1929 y a más de cuatro décadas de su consagración constitucional en 1980, México vuelve a recordar una verdad esencial: las universidades florecen cuando son libres. Allí donde la inteligencia puede expresarse sin temor, donde la investigación se desarrolla sin consignas y donde la enseñanza se ejerce sin imposiciones ideológicas, la sociedad encuentra una de sus mayores reservas morales e intelectuales.
Quizá por ello la autonomía universitaria sigue siendo, hoy como ayer, mucho más que un principio jurídico. Es expresión de confianza en la razón humana, en el diálogo, en la ciencia y en la educación como instrumentos de transformación social. Es la convicción de que ningún proyecto de nación puede aspirar a la permanencia si renuncia al pensamiento libre. Como dijo Ignacio Chávez, “La autonomía no es un privilegio para la universidad; es una responsabilidad frente a la nación”.
Que la reafirmación constitucional de estos valores sirva entonces no sólo para recordar una fecha histórica, sino para renovar un compromiso colectivo: preservar a nuestras universidades como territorios de libertad, de conocimiento y de esperanza. Porque mientras exista una universidad capaz de pensar con independencia, México conservará intacta la posibilidad de construir un futuro mejor.
La autor es ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
@margaritablunar