Mientras millones de aficionados en el mundo fijan su mirada en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá con motivo del Mundial 2026, una realidad incómoda acecha en las sombras del espectáculo: la FIFA y la clase política mexicana comparten algo más que el amor por el fútbol. Ambos cargan con el lastre de la corrupción institucionalizada, ese mal que corroe por dentro estructuras que deberían estar al servicio de causas mayores.

En 2024, México obtuvo 26 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ubicándose en el lugar 140 de 180 países evaluados. En el contexto de las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el último lugar del grupo, en el sitio 38 de 38 economías evaluadas; en el G20 ocupa la penúltima posición, solo por encima de Rusia. Las cifras pintan un cuadro desolador: décadas de impunidad, opacidad y captura del Estado por intereses privados han instalado a la corrupción como práctica cultural en las instituciones mexicanas. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra que la corrupción llegó a su costo más alto en 10 años: $5,432 pesos anuales promedio por ciudadano en 2025 (+15% vs 2023).

Del otro lado del marcador, la FIFA no sale mejor librada. El llamado FIFAgate fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol, revelado en 2015 tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso expuso una extensa red de sobornos, fraude y lavado de dinero que involucró a altos funcionarios de la FIFA, confederaciones continentales y empresas vinculadas al deporte. Las acusaciones versaron sobre cohecho, fraude, lavado de activos y evasión de impuestos, y derivaron en la captura de 41 miembros, más de 20 personas investigadas y 10 dirigentes suspendidos para ejercer cargos en la FIFA.

El operativo del 27 de mayo de 2015 fue ejecutado en coordinación con el FBI, en las vísperas del 65° Congreso de la FIFA, cuando siete influyentes miembros del organismo fueron arrestados bajo los cargos de sobornos, lavado de dinero, fraude electrónico y estafa. La Fiscalía General de Estados Unidos llegó a 50 acusados distribuidos en más de 20 países, por millonarias comisiones pagadas a altos directivos del fútbol. Entre las víctimas institucionales del escándalo figuraron dirigentes históricos: Joseph Blatter y Michel Platini fueron inhabilitados por ocho años para ocupar cargos en el organismo.

El paralelismo con México resulta revelador. Así como los escándalos de Odebrecht, el huachicol o los contratos fantasma sacudieron a la clase política tricolor sin que los responsables fueran cabalmente sancionados, la FIFA tampoco purgó del todo sus estructuras. Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, en medio de la crisis del FIFAgate, sobre promesas de redistribución económica y ampliar el alcance del Mundial a 48 selecciones. Sin embargo, la nueva era no trajo la transparencia prometida.

Bajo la presidencia de Infantino, la FIFA —supuesta entidad sin ánimo de lucro— facturará en el ciclo 2022-2026 más de 11 mil millones de euros, un 73% más que en el ciclo anterior. Mientras el presidente del organismo asegura que los aficionados son el alma del Mundial 2026, la FIFA enfrenta críticas por restricciones comerciales, altos precios, comisiones en la reventa de boletos y medidas que priorizan ingresos sobre la experiencia de los seguidores. Organismos de aficionados y exdirectivos del fútbol estiman que el costo de seguir a un equipo hasta la final en 2026 será más de cinco veces superior al de Qatar 2022.

En ambos casos —la FIFA y la política mexicana— el patrón se repite: instituciones que proclaman servir al bien común mientras priorizan el enriquecimiento de sus cúpulas. La diferencia es de escala geográfica, no de naturaleza. Pese al discurso gubernamental, la corrupción sigue profundamente arraigada en las instituciones públicas mexicanas. La percepción de corrupción hoy es considerablemente mayor que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El balón rueda sobre el césped ajeno a estas miserias. Pero quienes controlan el juego —tanto en la cancha política como en los pasillos de la FIFA— siguen escribiendo las mismas reglas de siempre: las que protegen a los poderosos y cobran la entrada al pueblo.