Tres estampas nítidas ilustran el complejo momento político que atraviesa el país. En medio de campañas notablemente adelantadas, todos los partidos políticos y sus aspirantes buscan posicionarse con urgencia. El objetivo inmediato es obtener una postulación que hoy se disfraza bajo el eufemismo de una “coordinación”.

El PAN moreno
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer una decisión estratégica clave. Este mismo año, a poco menos de 12 meses del día de la votación de 2027, la dirigencia revelará el mecanismo oficial para nombrar a los “Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”. Detrás de esta larga nomenclatura se esconden, en realidad, las precandidaturas para las elecciones del próximo año.
Acción Nacional ha copiado el método utilizado por Morena con sus “Coordinadores de Defensa de la Transformación”. El blanquiazul se dio cuenta de que no puede sostener su antiguo discurso de esperar los tiempos legales. La realidad política exige actuar de inmediato si el partido desea mantener oportunidades reales de competir en los comicios de 2027.
El anuncio ocurre tras el relanzamiento del partido en octubre pasado. En ese momento se difundieron dos directrices cruciales para el actual contexto electoral. La primera es el fin definitivo de las alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La segunda consiste en la apertura de las candidaturas panistas a ciudadanos sin afiliación partidista, las cuales se definirán por medio de encuestas.
El término de la coalición dividió profundamente al panismo. Un sector importante considera que la alianza con el priismo causó más daños que beneficios. Desde el año 2000, fecha de su mayor cosecha electoral, Acción Nacional ha visto disminuir su votación elección tras elección. La victoria presidencial de Vicente Fox se logró con casi 16 millones de sufragios; en contraste, en 2024 la cifra cayó a apenas 9.6 millones.
Por otro lado, otro segmento de la militancia propone analizar la conveniencia de los pactos locales Estado por Estado. El reciente resultado electoral en Coahuila se encargó de reactivar este debate interno de forma cruda.
En la elección del pasado 7 de junio, el PAN obtuvo apenas el 2.1% de la votación en Coahuila. Este porcentaje provocó la pérdida del financiamiento público estatal y de su representación en la legislatura local. Estos datos contrastan severamente con los comicios de 2017, cuando el partido estuvo a punto de ganar la gubernatura. También contrastan con los resultados de hace tres años, cuando la coalición con el PRI y el PRD les otorgó cinco diputaciones locales. La dirigencia estatal exigía mantener la unión con el tricolor, pero la directiva nacional impuso su visión centralizada, lo que derivó en el colapso electoral en territorio coahuilense.
Las fricciones internas no se limitan a las coaliciones. Militantes con décadas de trayectoria advierten que las nuevas reglas bloquean sus opciones de competir. Los cuadros tradicionales temen quedar marginados frente a personajes externos que poseen mayor presencia en medios de comunicación o redes sociales. Existe el riesgo real de que la popularidad digital se imponga definitivamente a la trayectoria y el trabajo de la militancia de base.
Un reclamo ausente en la agenda pública del PAN es la urgente modernización de su doctrina. Diversos sectores internos señalan que el partido ignora los profundos cambios de la sociedad mexicana en las últimas décadas. El punto más crítico es la postura sobre la defensa de la vida y la oposición absoluta al aborto. Una parte de la militancia considera que esta agenda tradicional aleja a las nuevas generaciones, las cuales priorizan temas económicos y de libertades civiles sobre los dogmas morales del partido.
Mientras el panismo pospone esta discusión ideológica, la realidad jurídica avanza. Un juez de distrito multó recientemente al Congreso de Yucatán por incumplir una sentencia sobre la interrupción legal del embarazo. Aunque la entidad reformó el Código Penal para despenalizar el aborto, omitió modificar el artículo primero de la Constitución local. El cambio constitucional requiere de una mayoría calificada que la bancada local del PAN se negó rotundamente a votar.
Visto en conjunto, Acción Nacional exhibe una parálisis doctrinal y operativa. El partido no logra avanzar hacia una propuesta moderna. Esta rigidez ofrece argumentos conceptuales a sus adversarios políticos y ahuyenta a los votantes independientes que buscan una opción de oposición atractiva y contemporánea.

Y sin embargo se mueve el tricolor
Los epitafios escritos sobre la muerte del PRI resultan prematuros. A pesar de la pérdida masiva de gobernaturas, militantes y capital electoral, el partido tricolor logra mantenerse a flote. El resultado obtenido el pasado 7 de junio en Coahuila demuestra que la organización posee bastiones regionales sólidos. Desde estas plataformas territoriales, el priismo busca emprender un lento regreso al primer plano de la política nacional.
Algunos estudios de opinión señalan que el partido recupera terreno de manera gradual en varias entidades federativas, como Sinaloa. El panorama es complejo ante el proceso electoral de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cientos de posiciones locales.
El PRI decidió adelantarse a los demás bloques de oposición. La dirigencia anunció la creación de la figura de los “Defensores de México”, un esquema coordinado por la experredista Rosario Robles. Estos perfiles asumirán tareas similares a los coordinadores de Morena y a las estructuras anunciadas por el PAN.
Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional de la organización, encabeza una ofensiva política orientada a revertir la narrativa de la decadencia partidista. El líder priista ha presentado denuncias en el extranjero contra el expresidente López Obrador y promueve activamente acuerdos opositores alternos al PAN y a Movimiento Ciudadano (MC). Su estrategia busca forzar la discusión pública y posicionar al PRI como una alternativa real frente a las deficiencias administrativas de los gobiernos de Morena.
El terreno donde el PRI muestra mayor dinamismo frente a sus rivales de oposición es en la ingeniería de las alianzas. El inicio de conversaciones directas en los estados abre un escenario interesante para la oposición mexicana. Si la coalición formal de carácter nacional con el PAN o MC no se concreta, el tricolor apuesta por las uniones locales. Esta estrategia fragmentada podría ser suficiente para arrebatar distritos y posiciones clave al partido en el poder.

Como gato guinda boca arriba
Morena enfrenta desafíos mayúsculos para conservar su hegemonía en el mapa político de 2027. La principal preocupación de la cúpula oficialista es retener las 13 gubernaturas que posee actualmente, además de asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados y preservar los ayuntamientos en manos de sus militantes.
El nerviosismo dentro del partido guinda tiene fundamentos estadísticos. Encuestas recientes registran una tendencia a la baja en las preferencias electorales y un deterioro progresivo de su imagen pública. El partido padece el desgaste natural del ejercicio del poder y el impacto de los escándalos de su propia militancia.
La ostentación en redes sociales de viajes al extranjero, ropa de diseñador y joyería de lujo por parte de cuadros morenistas contradice directamente la bandera de la austeridad republicana. A esto se suman los cuestionamientos persistentes por casos de corrupción, el desabasto de medicamentos, la crisis de personas desaparecidas y la alta percepción de inseguridad entre la ciudadanía. El contraste entre la narrativa oficial y los reportes sobre millonarias propiedades inmobiliarias de algunos funcionarios afecta de manera directa la credibilidad del movimiento.
El flanco internacional también ejerce presión. Las acusaciones emitidas desde Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado dañan la reputación de la marca partidista. Los señalamientos que ligan la operación del Cártel de Sinaloa con el financiamiento y la logística de campañas electorales incrementan el rechazo de franjas urbanas y de votantes de las clases medias.
Los conflictos internos añaden presión a la estructura de Morena. Las fracturas se hicieron evidentes durante el proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones locales. Félix Salgado Macedonio se inscribió formalmente a pesar de los discursos internos que rechazan el nepotismo electoral; su hija ocupa actualmente la gubernatura de Guerrero, la misma posición de poder que el senador busca asegurar para el proyecto familiar.
Por otra parte, la alianza estratégica con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sufrió una ruptura en San Luis Potosí debido a la insistencia de este último por postular a la esposa del actual gobernador de la entidad. Asimismo, en Quintana Roo persisten tensiones profundas entre el grupo político de la gobernadora Mara Lezama y la estructura de Rafael Marín Mollinedo por el control de la futura candidatura gubernamental.
La atención política se concentra en Sinaloa. Tras los cuestionamientos provenientes del exterior, el estado será el laboratorio donde se mida la capacidad de respuesta de Morena. También estará a prueba la solidez del sistema electoral. Una victoria oficialista plagada de irregularidades o sospechas profundizará las dudas sobre la vocación democrática de la organización y alimentará la narrativa crítica de que el partido busca retener el poder del Estado a cualquier costo.
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