El pasado 7 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió durante un operativo vehicular en Houston a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). En aquel momento, la cónsul general de México en Houston, María Elena “La Nena” Orantes, se encontraba ausente porque se había tomado unos días para placearse en su natal Tuxtla Gutiérrez, con la excusa de estar celebrando su cumpleaños.

El ICE es una especie de policía creada por Donald Trump para detectar y en su caso aprehender a los inmigrantes que presumiblemente viven de manera ilegal en el país de las libertades; utiliza métodos brutales, equiparables a los de la Gestapo alemana durante el Tercer Reich. Se le atribuyen ya un total de 58 muertos bajo su custodia durante esta administración, 17 de los cuales han sido mexicanos.

Los migrantes mexicanos que cruzan a los Estados Unidos viven bajo el riesgo constante de ser interceptados por ICE o por la policía fronteriza, y aun así, prefieren eso a vivir bajo la zozobra de ser ejecutados por las organizaciones criminales que asolan a sus poblados. Cómo olvidar a aquellas mujeres indígenas de Chilapa, Guerrero, que se grabaron pidiéndole a Donald Trump, de rodillas, que las salvara, ya que la presidente de México no les hacía caso.

Son muchos los mexicanos que han preferido escapar de los ambientes infernales -solapados por los gobiernos morenistas- para refugiarse en el país vecino, el cual, a pesar de que se les atemoriza, continúa ofreciendo garantías de sobrevivencia que no encuentran en su propio país.

Se comprenderá que los casos de protección consular a que tienen derecho nuestros connacionales, se han multiplicado a consecuencia de las detenciones arbitrarias del ICE. México cuenta con una red de 50 consulados en Estados Unidos, pero en lugar de aprovisionarlos con más recursos las administraciones de la 4T los han quebrantado.

Bajo la retórica hipócrita de la austeridad, se les han rebajado los presupuestos y obligado a ejecutar recortes del personal local. Anteriormente existía el Consejo de Promoción Turística de México que contaba con personal especializado en el fomento al turismo, fuente importante de los ingresos nacionales, sin embargo, con la desaparición del Consejo son los cónsules los que deben ocuparse de esa tarea.

Así mismo existía el fideicomiso ProMéxico cuyo objetivo era impulsar las exportaciones de productos mexicanos y atraer inversiones extranjeras; como a los ilustrados cuatroteros se les ocurrió cerrarlos, son ahora los cónsules quienes tienen que promover la internacionalización de las empresas mexicanas.

Los profesionales de la diplomacia consular hacen mucho con muy poco. Dan la cara por el país y lo hacen bien, aunque viven bajo el temor constante de que la Cancillería los obligue a redoblar su trabajo a cambio mayores recortes.

Hay que agregar que en algunos casos quienes ostentan la titularidad de los consulados son individuos improvisados, que ocupan sus cargos a manera de dádivas políticas. Los ha habido siempre, solo que la 4T ha abusado de esa facultad.

El artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior admite la designación por voluntad presidencial o del secretario de Relaciones Exteriores de un determinado número de funcionarios diplomáticos que no pertenecen al Servicio Exterior mexicano. Ha sido en aprovechamiento de ese resquicio que la liga chiapaneca ha conseguido colarse en algunos puestos consulares, tales son los casos de Juan Sabines, cónsul en Orlando, y Rutilio Escandón, cónsul en Miami.

Ambos fueron gobernadores de Chiapas y ambos dejaron a su estado en condiciones de rezago abismal, con desplazamientos forzados e inseguridad rampante. En Chiapas hay municipios como Aldama, Bejucal o Altamirano donde más del 90% de las poblaciones vive en condiciones de pobreza; son caldos de cultivo de sicarios para los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que campean sin restricciones y hasta financian las festividades populares.

Desde luego, los ex gobernadores hoy disfrutan las delicias de Florida con flamantes pasaportes diplomáticos; lo mismo hace la cónsul general en Houston, la Nena Orantes, quien arribó a ese puesto a recomendación de Josefa González-Blanco, hija de otro ex gobernador de Chiapas y hasta fechas muy recientes embajadora de México en Gran Bretaña.

Josefa convirtió la embajada a su cargo en centro de tortura para su personal, pues recibió hasta 16 denuncias por acoso laboral y transformó la residencia oficial en hotel de lujo para quienes recibían sus favores. Fue a ella a quien se encomendó la chiapaneca Orantes, y fue así como recibió la titularidad del consulado en Houston sobre el razonamiento de que ya era residente en esa ciudad.

Orantes está casada con Eloy Anaya, un ciudadano texano quien muy probablemente le facilitó la adquisición de la Green Card; al respecto, tal vez exista algún conflicto de intereses puesto que en principio no se puede ser representante oficial de México y así mismo gozar de los privilegios de ser ciudadano norteamericano.

En una próxima entrega trataré el asunto de por qué el Departamento de Estado investiga el desempeño de algunos cónsules mexicanos en Estados Unidos.

 

ADENDO

Me parece reprobable la manera como detuvieron al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. El propósito de esa burda acción es demasiado obvio: se busca desviar la atención del escándalo que provocaron los audios en los que se escucha a la actual gobernadora de ese estado, Marina del Pilar Ávila, canjeando información sensible de seguridad nacional a cambio de que las autoridades estadounidenses le devuelvan su visa. En otros tiempos, la susodicha señora habría terminado sus días en el Cerro de las Campanas.

Ruffo es inocente de los cargos que se le imputan. Me sumo a la ola de indignación tras su detención. Exijo de las autoridades mexicanas un trato digno y justo para este preso político.

El autor es diplomático y académico. Director de Relaciones Internacionales de Somos México en la CDMX.