En 2010, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), que encabezaba César Nava Vázquez, acordó sumarse a una coalición inédita. El objetivo era participar en las elecciones para renovar la gubernatura de Oaxaca. Este bloque opositor estuvo integrado también por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, fuerza política que hoy conocemos como Movimiento Ciudadano.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en ese momento ostentaba el poder en la entidad oaxaqueña, calificó la unión de “oportunista e incongruente”. A pesar de los reclamos del oficialismo local, el resultado de los comicios del 4 de julio de ese mismo año favoreció al candidato aliancista, Gabino Cué Monteagudo. Tiempo después, una estrategia similar replicó el éxito en Quintana Roo con la candidatura de Carlos Joaquín González, un cuadro político que provenía de las filas del propio priismo.

Lo verdaderamente interesante de este episodio histórico radica en la narrativa empleada. El PAN y el PRD vendieron la alianza como un ejercicio democrático indispensable. Argumentaban que era la única vía para favorecer la alternancia en entidades donde un solo partido había gobernado por décadas. Para legitimar la propuesta, organizaron foros públicos con personajes de la academia y la política, quienes respaldaron la viabilidad teórica de los bloques electorales.

Sin embargo, el panorama cambió de manera drástica. Tuvieron que pasar 16 años, junto con la consolidación de Morena en el poder federal, para que las alianzas mutaran profundamente. Pasaron de ser una herramienta de transición democrática a convertirse en el último recurso de los partidos de oposición para subsistir. Esta estrategia busca frenar el avance del morenismo, una fuerza política que ha ganado la mayoría de las gubernaturas del país en un tiempo récord.

Las elecciones de 2027 ofrecen una oportunidad crucial para revisar este fenómeno. En dicho proceso electoral se renovarán 17 gubernaturas. También estará en juego la composición de la Cámara de Diputados, además de cientos de diputaciones locales y alcaldías en toda la República.

La unión de fuerzas para derrotar a un adversario poderoso ha sido el único rasgo de continuidad en las alianzas mexicanas. Un antecedente emblemático ocurrió en San Luis Potosí en 1991, alrededor de la figura del doctor Salvador Nava. En esa ocasión, el PAN, el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el PRD se aliaron para respaldar su candidatura. El propósito central era vencer el intento de fraude y frenar la imposición del candidato oficialista.

En el año 2000, la Alianza por el Cambio, conformada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), postuló a Vicente Fox Quesada. La campaña se centró en la promesa histórica de “sacar al PRI de Los Pinos”. Diez años después, las alianzas estatales buscaron promover la alternancia local. Hoy, en cambio, la motivación real es la urgencia de detener la caída libre en la votación que experimentan las fuerzas tradicionales.

Muchos promotores de las coaliciones argumentan en redes sociales que la suma total del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano supera al bloque oficialista en ciertas regiones. Sostienen que esta operación matemática devolvería la competitividad a una oposición que luce extraviada desde su estrepitosa derrota en 2018.

No obstante, los datos duros contradicen el optimismo de los estrategas. Con alianzas o sin ellas, el PAN y el PRI muestran un retroceso sostenido en sus niveles de votación desde el inicio del siglo. El caso del panismo es paradigmático. La organización pasó de obtener casi 16 millones de sufragios a principios del año 2000 a registrar poco más de 9 millones en las elecciones presidenciales de 2024.

El PRI ha sufrido un desgaste equivalente o incluso superior. El partido tricolor pasó de 16.3 millones de votos en la elección presidencial de 2012 a escasos 5.7 millones en el proceso de 2024. Del PRD queda muy poco por añadir. El partido del sol azteca perdió su registro legal en la última elección federal, precisamente tras participar en una coalición total con las dos fuerzas políticas mencionadas.

Ante este escenario, la oposición abandonó el discurso propositivo sobre democracia y participación ciudadana. Sus esfuerzos actuales se concentran en asegurar la sobrevivencia jurídica y financiera de cada sigla. Por esta razón, el PAN anunció en octubre de 2025 que no volverá a firmar alianzas electorales con el PRI. En su lugar, planea abrir las candidaturas a ciudadanos sin partido. Curiosamente, esta nueva ruta copia el esquema metodológico de Morena, mediante el nombramiento de “coordinadores” definidos a través de encuestas internas.

Por otra parte, Movimiento Ciudadano mantiene la postura de competir en solitario. La organización apuesta por un crecimiento paulatino en regiones específicas del territorio nacional. Su meta prioritaria a mediano plazo consiste en retener la gubernatura de Nuevo León, la cual se renovará en los comicios de 2027.

En contraste, el PRI insiste en construir un gran bloque opositor. Su objetivo es arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados y competir por las 14 gubernaturas que hoy administra el partido gobernante. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señala que la coalición no es un asunto de simpatías personales entre líderes, sino una decisión urgente que involucra el futuro de la República. A esta postura se sumó recientemente el partido Somos México, organización que acaba de obtener su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, su propuesta apunta hacia la elección presidencial de 2030.

Actualmente, el debate aliancista carece de contenido ideológico. Las cúpulas partidistas se refugian en la aritmética para justificar que la simple unión de siglas basta para vencer al oficialismo. Resulta difícil aceptar este argumento cuando los partidos muestran una tendencia decreciente en las urnas. Si la pérdida de confianza ciudadana continúa, la suma de sus debilidades jamás dará como resultado una victoria electoral.

La mayor omisión de la oposición es el olvido de las causas ciudadanas. Una coalición que no logre convencer a los electores independientes, que no movilice a los abstencionistas y que no recupere el voto duro decepcionado, está condenada al fracaso. Su destino será el mismo desencanto observado en 2018 y 2024. Pensar que el desgaste natural del gobierno, el descontento de ciertos sectores sociales o las presiones diplomáticas externas serán suficientes para cosechar un triunfo sin esfuerzo propio, demuestra una profunda miopía política. La oposición mexicana sigue sin entender las razones de sus derrotas.