El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió esta semana la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un instrumento que, según la narrativa oficial, busca fortalecer el derecho a recibir información veraz, distinguir noticias, opinión y publicidad, y contar con mecanismos para defender los derechos de las audiencias. El ejercicio, encabezado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, estará abierto del 27 de julio al 21 de agosto y permitirá recabar propuestas de ciudadanos, concesionarios, universidades y organizaciones civiles antes de emitir las disposiciones definitivas. La pregunta de fondo, sin embargo, no es procedimental sino política: ¿protege esta reforma a las audiencias o construye un aparato de vigilancia editorial con rostro de defensoría ciudadana?
El texto obliga a los concesionarios a designar una persona defensora, quien deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de carecer de conflictos de interés, con un plazo de veinte días para resolver quejas antes de escalar el caso a la autoridad reguladora. La justificación histórica que ofrece el gobierno tiene asidero: esos derechos fueron incorporados al texto constitucional en 2013 y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, y una reforma posterior de 2017 los debilitó hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ese retroceso. Recuperar una figura legítima y previamente reconocida por el máximo tribunal no es, en sí mismo, un acto autoritario.
El problema surge en la letra fina. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que agrupa a más de mil doscientas estaciones, respaldó el propósito regulatorio pero advirtió que los lineamientos son ambiguos y dan lugar a discrecionalidad, alertando sobre el riesgo de una regresión democrática. Más específicamente, la organización denunció que el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, distorsionando con ello la pretendida autorregulación y restando autonomía a las defensorías de las audiencias. Ahí reside la contradicción central: una figura diseñada para ser independiente termina subordinada a un criterio estatal sobre la verdad informativa, precisamente lo que el derecho internacional busca evitar.
Las multas agravan la tensión. Según la industria, las sanciones por las presuntas faltas informativas son excesivas, al representar el uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario, cuando la legislación vigente solo contempla multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias y no emitir códigos de ética. La oposición partidista no ha guardado silencio: el coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve Baños, sostuvo que las nuevas reglas podrían utilizarse para ejercer presión sobre los medios e incluso derivar en la suspensión precautoria de transmisiones, y acusó que el oficialismo quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada falsa o descontextualizada.
No se trata de un temor abstracto. Artículo 19 ya documentó un precedente inquietante: la eliminación de una entrevista en un canal público, donde el propio defensor de audiencias admitió que la solicitud de revisión no provino de las audiencias sino de la dirección del canal, porque “tenía dudas”. La organización concluyó que ese tipo de decisiones contraviene directamente principios y estándares internacionales sobre el derecho humano a la libertad de expresión, recordando que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión difundida por cualquier medio debe estar prohibida por la ley. El informe anual de la organización, además, ya había registrado que los casos de abuso del poder público como mecanismo de hostigamiento contra la prensa pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025, un incremento superior al siete por ciento.
Frente a este cúmulo de objeciones, la propia presidenta ha salido a desactivar la lectura crítica: “Es un proceso de autorregulación del medio… No tiene nada que ver con censura. Nada”, afirmó desde Palacio Nacional. Es una defensa legítima de la intención declarada, pero no resuelve la pregunta institucional de fondo: cuando el Estado tiene la última palabra sobre qué constituye información falsa o descontextualizada, y cuando las sanciones económicas pueden asfixiar a un concesionario, la línea entre autorregulación y control editorial se vuelve, cuando menos, borrosa.
La consulta pública, formalmente, ofrece una ventana de treinta días para corregir el rumbo. Pero la historia reciente de las democracias latinoamericanas enseña que los mecanismos de “protección ciudadana” diseñados sin candados de independencia real terminan, tarde o temprano, sirviendo a quien gobierna. ¿Bastará la presión de la industria, la academia y las organizaciones civiles para blindar de politización una figura pensada, en el papel, para defender al público?