El Mundial de Fútbol 2026 concluyó con estadios llenos y cifras de asistencia récord, pero la pregunta que realmente importa para México no es si el torneo fue un éxito organizativo, sino si dejará un beneficio verificable para la población. Un análisis reciente de México Evalúa, apoyado en el marco metodológico de la OCDE, pone en perspectiva una realidad incómoda: la evidencia internacional muestra que los megaeventos deportivos rara vez cumplen las expectativas económicas con las que se venden a la opinión pública.

Los números respaldan la cautela. Un estudio de Müller et al. (2022) que comparó los Juegos Olímpicos y las Copas del Mundo entre 1964 y 2018 encontró que más de cuatro de cada cinco ediciones registraron déficits, con un retorno promedio sobre la inversión de -38%. Otro estudio de 2025, de Lang et al., documentó que 12 de las últimas 14 Copas del Mundo generaron pérdidas económicas netas para sus anfitriones. Corea del Sur 2002 es un ejemplo elocuente: se proyectó un crecimiento del 2.2% del PIB, pero el Banco de Corea calculó una contribución real de apenas 0.14%.

No todos los casos son negativos. Alemania 2006 se cita como el modelo más eficiente al reutilizar diez de sus doce sedes existentes, limitando costos de mantenimiento y generando beneficios sociales medibles: el 88% de los residentes de Múnich percibió un mayor sentido de comunidad, según Ohmann et al. En contraste, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 dejaron estadios subutilizados y cargas fiscales prolongadas, además de afectar a decenas de miles de vendedores informales excluidos de zonas comerciales exclusivas para la FIFA.

México se proyectó como receptor de 5.5 millones de turistas adicionales y una derrama de mil millones de dólares, según estimaciones de la Femexfut. Sin embargo, a diferencia de Alemania, donde el programa Green Goal documentó que el 74% de los asistentes usó transporte público, México Evalúa no encontró indicadores públicos comparables sobre movilidad o seguridad en las tres sedes mexicanas. La plataforma digital lanzada por la Ciudad de México el pasado 29 de mayo es un avance en transparencia activa, pero no equivale a un sistema de evaluación de impacto.

El reto de fondo, compartido con Estados Unidos y Canadá como coanfitriones, es la ausencia de un marco común para comparar el costo de las exenciones fiscales, la eficacia de las medidas de seguridad y movilidad, y la distribución real de los beneficios entre grandes corporaciones y las MiPyMES locales. Sin una línea base y evaluaciones independientes a uno, cinco y diez años, será imposible distinguir entre las expectativas generadas antes del torneo y los resultados efectivamente entregados a la sociedad.

El verdadero legado del Mundial 2026 no se medirá por los goles ni por los récords de asistencia, sino por la capacidad de las instituciones mexicanas para rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Esa es la prueba pendiente.