La FIFA cierra el ciclo 2023-2026 con una cifra sin precedentes: cerca de 13 mil millones de dólares en ingresos totales, de los cuales alrededor de 9 mil millones provienen exclusivamente del torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá, según reportes financieros del organismo citados por una investigación periodística especializada. La cifra representa un incremento cercano al 70% respecto a Qatar 2022, impulsado por la expansión a 48 selecciones y 104 partidos. Los derechos de televisión, la venta de boletos y los paquetes de hospitalidad concentran casi el 70% de esos recursos.

Pero el reparto de la fiesta es desigual. Especialistas en economía del deporte advierten que las ciudades anfitrionas suelen quedar en la peor posición para negociar condiciones ventajosas, ya que los contratos firmados por las 16 sedes reservan la mayor parte de los beneficios comerciales a la FIFA, mientras los gobiernos locales absorben los costos de infraestructura y seguridad. Esta asimetría no es exclusiva de Norteamérica: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 heredaron estadios subutilizados —los llamados “elefantes blancos”— que hoy operan por debajo de su capacidad proyectada, un riesgo que Qatar intentó mitigar con planes de desmantelamiento parcial de sus recintos.

En México, el costo se percibe ya en la vida cotidiana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que las tarifas hoteleras subieron 14.9% en la primera quincena de junio, la mayor alza en cuatro años, mientras los paquetes turísticos se encarecieron 10.6%. En sitios específicos el fenómeno fue más agudo: un estudio detectó que habitaciones cercanas al Estadio Azteca pasaron de un promedio de 172 a 1,572 dólares por noche, y en Monterrey los hoteles llegaron a costar casi cinco veces su tarifa habitual. En materia de boletos, la tendencia fue similar en todas las sedes: las entradas para algunos partidos en Estados Unidos costaron hasta cuatro veces más que en Qatar, con los boletos más baratos para la final superando los 2,000 dólares.

El endeudamiento por obra pública añade otra capa de preocupación. En la Ciudad de México, el gobierno capitalino destinó más de 3,800 millones de pesos a 18 obras prioritarias vinculadas al Mundial, con reportes internos que muestran cifras contradictorias sobre el costo real de algunos proyectos, entre ellos recursos redirigidos desde el fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública. A nivel federal, el gobierno mexicano anunció 6,000 millones de pesos para movilidad en las tres sedes nacionales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La comparación con otras naciones anfitrionas confirma un patrón: el negocio mundialista beneficia de forma desproporcionada al organismo rector del fútbol, mientras las ciudades sede financian con deuda pública una infraestructura cuyo retorno económico tomará años en comprobarse, si es que llega. La pregunta que queda pendiente para México, como para Sudáfrica y Brasil antes, no es cuánto se gastó, sino quién pagará la factura cuando se apague el reflector mundialista.