Mientras Argentina avanza en el Mundial 2026, una investigación del periodista francés Romain Molina expuso una trama que combina presunta corrupción financiera, abusos institucionales y protección política dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El reportaje documenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI comenzaron a tomar declaraciones formales por presunto fraude y blanqueo de capitales contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo. El caso, conocido como “AFAGate”, investiga la canalización irregular de cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
Según la investigación, nueve días antes de la final del Mundial de Qatar 2022, la AFA habría firmado un contrato mediante el cual cedía el 30% de sus derechos comerciales a una empresa de Miami llamada TourProdEnter, creada apenas meses antes y sin experiencia en la industria del futbol. La firma, gestionada por el exlegislador Javier Faroni junto a su esposa, Érica Gillette, llegó a administrar un volumen total de 260 millones de dólares de la AFA a través de cinco bancos estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, incluyendo contratos con Adidas por 60 millones de dólares y Warner por 40 millones.
El expediente no se limita a lo financiero. Molina documentó el caso de Diego Guacci, entrenador denunciado en 2021 por cinco jugadoras juveniles de la selección argentina por maltrato, acoso psicológico y abusos sexuales agravados sobre menores, denuncias respaldadas por FIFPRO. Pese a ello, la FIFA archivó el expediente alegando falta de pruebas, lo que derivó en la filtración de la identidad de las víctimas. La investigación también señala el uso de influencias políticas para bloquear pesquisas judiciales en Buenos Aires y la represión de periodistas mediante amenazas y revocación de acreditaciones.
En el plano judicial local, un tribunal de alzada argentino confirmó el 26 de junio el procesamiento de la AFA, de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por fraude fiscal, mientras ambos rechazan las acusaciones.
El espejo mexicano. El caso argentino ofrece un punto de comparación inevitable con México. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, mientras que México se ubicó en 27 puntos, en la posición 141 de 182 países, siendo el miembro de la OCDE peor calificado y el segundo más bajo del G20, solo por encima de Rusia. Es decir, en materia de percepción de integridad institucional, México parte de una posición más frágil que Argentina.
La diferencia relevante no está solo en el puntaje, sino en la respuesta institucional. Argentina enfrenta hoy una investigación federal estadounidense activa y un proceso judicial local avanzado contra su federación deportiva. En México, los señalamientos de opacidad en el manejo de recursos públicos y del deporte —desde Segalmex hasta el llamado “huachicol fiscal”, que Transparencia Mexicana calcula en 610 mil millones de pesos— rara vez derivan en sanciones: solo 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa terminan con algún tipo de castigo. El caso AFA-Molina, más que un escándalo exclusivamente argentino, retrata un patrón regional: el futbol como espejo de las debilidades institucionales que ambos países comparten, aunque con matices distintos en su desenlace judicial.