Estados Unidos aplica a Morena el mismo método que aplicó a la mafia de Chicago. Utiliza la denuncia para romper la lealtad interna y desmantelar la red criminal morenista.
El largo artículo del New York Times titulado “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump”, tiene un doble objetivo: es una advertencia al gobierno de Sheinbaum y una “invitación” a que cooperen los funcionarios de Morena si quieren “salvar el pellejo”.
El texto menciona que existe ya una “ola de cooperación” y que la DEA y el FBI esperan que llegue a haber una “cascada de informantes”. ¿De qué tamaño va ser la fila cuando hay gobernadores, secretarios de Estado, presidentes municipales, funcionarios estatales, senadores, diputados, jueces del “acordeón” y los hijos del ex presiente López Obrador que son, no solo aliados, sino parte de la estructura criminal?
La justicia norteamericana ya tiene en sus cárceles a los principales líderes de los cárteles mexicanos. Presionó al gobierno de Sheinbaum para que enviara a Estados Unidos a 92 narcotraficantes. Extrajo a El Mayo Zambada y contribuyó a eliminar a El Mencho. Ahora Trump va por la segunda etapa: busca la extradición de los más importantes narcopolíticos.
La figura del “testigo colaborador” o “testigo cooperante” utilizada para que el acusado entregue pruebas e información a cambio de reducir su condena, comienza a abrir la puerta a la traición y deserción dentro de Morena.
De acuerdo al New York Times entre los morenistas ya se rompió la omertá, el código de silencio, la lealtad al jefe o para decirlo con todas sus letras, la fidelidad a López Obrador, a la cabeza de un régimen diseñado ex profeso para que operara con los códigos de una mafia y no a partir del código constitucional.
La denuncia hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación controla el huachicol, el tráfico de combustible para financiar campañas electorales que —se sabe— favorecen a Morena, seguramente tiene como fuente a varios de los funcionarios que han decidido romper el código de silencio.
Esta es la primera vez que el Departamento del Tesoro, a través de la oficina encargada de investigar delitos financiaros, acusa que las elecciones en México son financiadas por el narcotráfico para imponer a políticos corruptos.
La acusación constituye un golpe al corazón de una maquinaria narco electoral montada por Morena para ganar ilegalmente elecciones. A partir de esta imputación se deduce que los gobiernos de la 4T —presidencia de la república y gubernaturas— son ilegítimos.
Trump decidió no renovar el T-MEC. ¿Por qué tendría que renovarlo con un gobierno, como el de Sheinbaum, al que no le tiene confianza, que está bajo el control de narco políticos, a los que, por cierto, protege y garantiza impunidad?
Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Evelyn Salgado, Ricardo Gallardo y Américo Villarreal —si no lo han hecho— ya podrían comenzar a acogerse a la oportunidad que les da la DEA y el FBI para que digan no solo cómo fueron financiadas sus campañas sino cómo los grupos criminales asesinaron y secuestraron candidatos de la oposición para favorecer su triunfo en las urnas.
Estados Unidos prepara la “alberca” a los morenistas que quieran nadar para salvar sus vidas. Sheinbaum sigue pidiendo pruebas y se las van a dar. No solo Estados Unidos, sino la decena de desertores de Morena que preferirán “cantar” antes que ir a la cárcel junto con el jefe de la mafia.