A 19 meses de haber asumido la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario político complejo que la ha obligado a abandonar su perfil de jefa de Estado para asumir de lleno el rol de dirigente partidista de Morena. La caída en la popularidad de su partido —agravada por acusaciones de complicidad con el crimen organizado, la mala gestión de gobernadores y alcaldes de su movimiento, la crisis de inseguridad, el estancamiento económico y el desabasto de medicamentos— la ha llevado a tomar las riendas de su instituto político en un desesperado intento por contener el desgaste de cara a las elecciones de 2027.

Esta mutación es evidente en la conferencia mañanera, donde la mandataria suele abandonar el lenguaje institucional para adoptar una primera persona del plural de carácter netamente partidista, utilizando frases como “Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara…” o “Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos”. Dicha retórica diluye la frontera entre el Gobierno de México y el Comité Ejecutivo de Morena, convirtiendo un espacio de rendición de cuentas en una extensión de las asambleas informativas del movimiento.

El primer momento de esta nueva etapa fue la reciente reconfiguración de la dirigencia de Morena. Las salidas de Luisa María Alcalde de la presidencia nacional y de Andrés López Beltrán de la Secretaría de Organización, junto a los arribos de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, representan un movimiento orquestado directamente desde Palacio Nacional. Este golpe de timón significa el inicio formal de la transición y el dominio absoluto de la presidenta sobre su partido. De hecho, la escena del WhatsApp que circula en los pasillos oficiales —donde Alcalde mostró a Sheinbaum los mensajes sin respuesta de López Beltrán—, refleja las tensiones internas que forzaron esta intervención. Con esta nueva configuración, las candidaturas para el próximo proceso electoral se decidirán exclusivamente en el despacho presidencial.

Paralelamente, Sheinbaum ha lanzado una ofensiva contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, primero por el asunto de la posible injerencia extranjera de la CIA y ahora por un posible conflicto de interés con una empresa a la que estaría ligada la gobernadora, como estrategia para desviar la atención de las graves acusaciones que pesan sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. En este guión, Sheinbaum también ha recurrido a Felipe Calderón, calificando su administración como un “narcogobierno” que llenó al país de sangre.

La estrategia de distracción sumó un elemento fundamental el pasado 2 de julio de 2026 con la detención de Gilda Susana Lozoya Austin en el AICM, acusada por la FGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agro Nitrogenados. Al ser cuestionada al respecto, la presidenta aseguró que la captura “no tiene nada que ver con un asunto político”, convirtiéndola en automático en un tema central al revivir un escándalo de corrupción que salpica al PRI y al PAN, reactivando las críticas contra la oposición en un momento políticamente oportuno.

Sin embargo, estos esfuerzos no parecen dar los resultados esperados. De acuerdo con una reciente medición de Bloomberg Línea publicada este 3 de julio de 2026, la aprobación de Sheinbaum cayó por primera vez por debajo del 50%, afectada principalmente por el malestar social ante la inflación y el encarecimiento de los precios al consumidor. A la crisis política desatada en Sinaloa se suma ahora la inquietante debilidad económica que amenaza la viabilidad de las “políticas sociales”, convirtiendo a la inseguridad, la corrupción y el bolsillo de los ciudadanos en la principal deuda presidencial y la mayor preocupación de los mexicanos. Esta pérdida de intención de voto está estrechamente asociada a los vínculos de políticos y funcionarios morenistas con el crimen organizado.

El panorama para las elecciones intermedias de 2027 es incierto: de los 17 estados que renovarán gubernatura, Morena gobierna 12, pero las encuestas indican que la oposición podría arrebatarle al menos cinco: Campeche, Zacatecas, Colima, Michoacán y Sonora. En Sinaloa la situación es judicialmente inédita, y en Veracruz —sin elecciones para el gobierno estatal, pero con 19 diputados federales en juego—, la crisis de seguridad es alarmante. Reporteros Sin Fronteras denunció que este último es de los estados más peligrosos para la prensa; el reciente asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital suma la tercera víctima en el estado y la cuarta a nivel nacional en lo que va de 2026.

A pesar de este escenario adverso para el régimen, la construcción de una gran coalición opositora enfrenta obstáculos. La oposición parece no pelear contra Morena, sino contra sí misma. Movimiento Ciudadano no acepta aliarse con nadie y el PAN ha descartado reiteradamente ir en alianza con el PRI. Esta fragmentación facilita que MORENA se perpetúe montada en porcentajes electorales que no reflejan un apoyo mayoritario pero que el sistema electoral convierte en victorias.

El desgaste del gobierno abre la puerta a una eventual alternancia en 2030. Una coalición opositora con candidato único a la presidencia repetiría el éxito visto en otros países de América Latina. Pero para ello, la oposición tendrá que superar sus divisiones y egos. El problema actual no es que Morena sea invencible, sino que la oposición es débil por decisión propia.

Por ahora, Claudia Sheinbaum ha asumido el control de su partido con mano firme, consciente de que el 2027 será una prueba de fuego. La pregunta pendiente es si sus movimientos estratégicos bastarán para contener el desgaste, o si la suma de escándalos e inseguridad terminará por pasar factura a un movimiento que, cada vez más, se parece al viejo PRI que tanto criticó.