La detención de Ernesto Ruffo tiene una clara intencionalidad política: ocultar que Morena está llena de traidores, de vende patrias capaces de traicionar la soberanía nacional con tal de no enfrentar la justicia norteamericana.
El reportaje del New York Times sobre cómo una “ola” de funcionarios de Morena de alto nivel están delatando, entregando a sus compañeros de partido a las agencia de inteligencia norteamericanas se suma a las grabaciones donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le dice a un agente del FBI “estar dispuesta” a todo con tal —se deduce— de recuperar la visa y evitar su extradición.
Y estar dispuesta a todo tiene dos significados: Entregar a Estados Unidos información sobre seguridad nacional y delatar a los funcionarios de Morena vinculados con el crimen organizado.
Sheinbaum descalificó al New York Times y ordenó a Omar García Hartfuch restar importancia a las grabaciones de la gobernadora, pero la detención arbitraria de Ruffo demuestra que en Palacio Nacional hay desesperación por bajar de las “primeras planas” una realidad irrefutable: Morena es un partido cipayo, desleal a México.
Alguien debió recomendar a Sheinbaum encarcelar a Ruffo. Haber sido gobernador de Baja California por un partido opositor, tener una empresa con problema de impuestos, dedicada a la importación y comercialización de combustible, lo hizo el candidato ideal para ocultar que en Morena hay muchos y muchas López de Santa Anna.
Montaron una trama contra Ruffo, lo acusaron de crimen organizado, de traficar combustible, para contrarrestar los escándalos de una gobernadora a la que Estados Unidos le retiró la visa, con fama de corrupta, de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y cuya mala gestión provocará, con toda seguridad, el derrumbe electoral de Morena en el estado.
La actitud de Sheinbaum ha sido vomitiva. Provoca asco. La Presidenta afirma que “hay muchísimas pruebas” contra la red de huachicol fiscal ligada a Ruffo. Para una política autoritaria y sin ética, dispuesta a lo que sea con tal de detentar el poder, existen pruebas de sobra para hundir al adversario, pero no existe ninguna cuando se trata de proteger a los Rocha Moya y a los narco políticos del régimen.
En Baja California se puede estar gestando el cambio nacional. Estados Unidos tiene puesta la mira en las elecciones que habrá en los estados fronterizos. Haber retirado la visa a la gobernadora Marina del Pilar y a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero —quien militó en Morena y hoy busca la candidatura al gobierno por el PT— es una señal de que Washington no quiere lidiar con gobernadores narcos.
Chihuahua es otra entidad clave para la seguridad nacional de los norteamericanos. Las agencias de inteligencia DEA, FBI, cuentan con gruesos expedientes sobre los dos aspirantes de Morena mejor posicionados para ser candidatos a la gubernatura: Andrea Chavez y Cruz Pérez Cuellar.
Saben que Andrea es la candidata de uno de los padres del cártel de “La Barredora” ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación y operador del huachicol fiscal, Adán Augusto López. Y saben también que con Cruz Pérez Cuellar el Cártel de Juárez tomaría otros territorios.
Si Washington confirma la veracidad de las grabaciones donde la gobernadora de Baja California negocia su impunidad validará lo que todos ya sabemos: Que Morena es un “movimiento” de criminales, un narco partido —aunque al INE no le guste la denominación— dispuestos a vender al país al mejor postor con tal de salvarse.