La presencia del narcotráfico en el escenario político de México no es un fenómeno reciente. Tampoco lo es su capacidad para infiltrar a los partidos políticos nacionales. La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica del panismo, es la prueba de que ninguna fuerza política está a salvo. Todas las siglas del país albergan militantes con serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

 

Morena acumula señalamientos

En el partido guinda, de forma tan acelerada como su ascenso al poder, se acumulan expedientes judiciales de alto nivel. Estados Unidos presentó acusaciones formales en una corte de Nueva York donde se señala una presunta red en Sinaloa. Los implicados incluyen al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, expresidente del Poder Judicial estatal. También figuran Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde sustituto de Culiacán, y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas local. La lista la completan mandos de justicia y seguridad: Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del Estado; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario de la policía de investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, comandante municipal.

En el ámbito doméstico, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ejecutó el Operativo Enjambre. Esta acción derivó en la captura de tres alcaldes de Morena: Diego Rivera, de Tequila, Jalisco; María Elena Martínez Robles, de Amanalco, Estado de México, y Ari Patrick Mendiola Mondragón, de Almoloya de Alquisiras. En paralelo, investigaciones periodísticas en Estados Unidos apuntan a los gobernadores morenistas de Baja California, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. La difusión de audios de Marina del Pilar Ávila, mandataria de Baja California, añade elementos de sospecha sobre la injerencia criminal en el poder civil.

 

El PRI y sus exgobernadores tras las rejas

El tricolor destaca como el partido con más exmandatarios estatales en prisión. Algunos terminaron extraditados a Estados Unidos; otros fueron procesados por administraciones de su propia militancia. Los nombres documentados son Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Mario Villanueva y Roberto Borge, de Quintana Roo; Roberto Sandoval, de Nayarit, y Jorge Juan Torres López, de Coahuila.

La sombra del narcotráfico no se limita al pasado. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, fue señalado por presuntos vínculos con un cártel en recientes investigaciones periodísticas. A este panorama se suman expedientes de abusos graves, como los cargos contra el exmandatario de Puebla, Mario Marín Torres, documentados por la periodista Lydia Cacho.

El PAN no escapa a la sospecha

La detención de Ernesto Ruffo Appel, acusado de participar en un esquema de huachicol fiscal, es el expediente más reciente del blanquiazul. Sin embargo, el partido arrastra un historial delictivo complejo. El caso más notorio involucra al «Cártel Inmobiliario», esquema que mantiene en prisión a un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez y que alcanza al presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

El panismo suma también exgobernadores con procesos penales: Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, y Sergio Estrada Cajigal, de Morelos. Aunque sus casos no ligan directamente al crimen organizado, la oposición los utiliza para equilibrar la balanza de la corrupción.

 

Movimiento Ciudadano: pocos, pero presentes

Movimiento Ciudadano tampoco queda al margen. El portal Narcopolíticos —iniciativa de periodistas y activistas— incluye en sus registros al alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo; a la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, y al alcalde de Apulco, Mauro Jáuregui.

Según el portal, Figueroa Mundo está prófugo por desaparición forzada y presunta complicidad con La Familia Michoacana, organización a la que permitía operar a cambio de apoyo político. Por su parte, Mauro Jáuregui fue desaforado y detenido junto con integrantes de un cártel.

Los principales partidos de México tienen militantes bajo procesos criminales, datos que nutrirán la propaganda de la próxima campaña electoral. Más allá del uso electoral de las acusaciones, la pregunta estructural sigue sin respuesta: ¿existirá la voluntad real de limpiar a los partidos de la delincuencia organizada, o la promesa continuará como una retórica anual estéril?