La trayectoria de Sady Arturo Loaiza Escalona ilustra las complejidades y los cuestionamientos que han rodeado áreas clave de la política educativa mexicana en los últimos años. Venezolano de origen, llegó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en enero de 2022 como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Durante más de tres años se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Marx Arriaga, entonces director general de Materiales Educativos y figura central en el rediseño de los libros de texto gratuitos bajo la Nueva Escuela Mexicana. Hoy, su nombre aparece vinculado a un procedimiento de responsabilidad administrativa por presunto cohecho, mientras las autoridades reportan dificultades para localizarlo.
Antes de su incorporación a la administración pública mexicana, Loaiza ocupó diversos cargos en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre ellos figuran posiciones en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, y la dirección de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas, adscrita al Ministerio de Cultura. Su llegada como su posible salida de México y su ascenso dentro de la SEP fueron poco claros y que como ahora generaron desde un inicio críticas, que señalaba el riesgo de una influencia ideológica en los materiales educativos destinados a millones de estudiantes.
Dentro de la SEP, Loaiza participó directamente en el desarrollo de contenidos y materiales pedagógicos. Sin embargo, su gestión quedará marcada por el signo de la corrupción: ya que por denuncias de trabajadores contratados por honorarios. Según reportes y quejas presentadas ante el Órgano Interno de Control de la propia SEP federal, se le atribuyó la solicitud de depósitos equivalentes a uno o dos meses de salario a cambio de conservar contratos o evitar cambios de adscripción. Algunos de esos depósitos habrían sido dirigidos a cuentas vinculadas a Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, identificado en investigaciones periodísticas como su pareja sentimental. También se señalaron presiones laborales, gritos e insultos en el ambiente de trabajo. Estas acusaciones se extendieron a otros colaboradores cercanos.
Loaiza dejó la SEP el 31 de julio de 2025. Poco después asumió el cargo de subsecretario de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica en el gobierno de Nayarit. Mientras tanto, las denuncias prosperaron en el ámbito administrativo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del OIC en la SEP, inició el procedimiento de responsabilidad administrativa PR-003/2026 por una presunta falta grave relacionada con cohecho. Ante la imposibilidad de localizarlo en los domicilios registrados, las autoridades recurrieron a la notificación mediante edictos. El pasado 7 de agosto fue citado a comparecer. Es importante precisar que se trata de un procedimiento administrativo, no de una orden de aprehensión ni de una causa penal formal; la investigación busca determinar si incurrió en la falta atribuida y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.
El caso de Loaiza se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos a la Dirección General de Materiales Educativos durante la gestión de Marx Arriaga, quien también enfrentó señalamientos y cuya salida de la SEP fue polémica. Ambos nombres han estado asociados a denuncias por presuntas prácticas irregulares y a un ambiente laboral conflictivo, según testimonios de trabajadores y como fuimos testigos cuando su atrincheramiento en la SEP al no aceptar el despido.
Más allá de las responsabilidades individuales que deban esclarecerse, el episodio pone de relieve problemas estructurales que aún falta por mejorar dentro de la SEP: la opacidad en los procesos de contratación, el perfil profesional de los responsables de los contenidos, erradicar las malas prácticas que ponen en vulnerabilidad a trabajadores de la educación bajo el manipuleo y presión y la necesidad de mecanismos más robustos de control interno en áreas sensibles como la producción de materiales educativos, contenidos, elaboración de programas educativas y la manipulación por encima de la ley. La educación pública, que impacta directamente a generaciones de mexicanos, exige no solo contenidos pedagógicos de calidad, sino también integridad administrativa y rendición de cuentas y contar con altos perfiles que dentro del ámbito educativo nacional público, existen personalidades de talla internacional que pueden apoyar en el fortalecimiento de la tarea aun pendiente de mejorar la educación.
Mientras el procedimiento avanza y se espera la comparecencia de Loaiza, el caso permanece abierto. Su trayectoria —de los cargos en el gobierno venezolano a un puesto estratégico en la SEP y, posteriormente, a un cargo estatal— resume las tensiones entre la construcción de políticas educativas y los riesgos de irregularidades que minan la confianza pública. El desenlace administrativo y, en su caso, las consecuencias que de él deriven, serán un termómetro de la capacidad institucional para investigar y sancionar posibles abusos en el sector educativo.