La Administración Pública es compleja. No necesariamente es difícil, puesto que ya existen Procedimientos Sistematizados de Administración y de Operación que cubren buena parte de las actividades cotidianas de todas las funciones, instituciones y organizaciones de gobierno. Salvo un puñado de actividades y sucesos extraordinarios, una Administración Pública responsable -y sus correspondientes funcionarios- tiene plenamente considerado la inmensa mayoría de los sucesos a los que se enfrenta, y se encuentra en constante proceso de mejora continua, de perfeccionamiento, de incorporar lecciones aprendidas, y de mejorar la eficiencia terminal de sus actividades.
La Administración Pública, en consecuencia, salvo contadas excepciones no es difícil. Es mecánica, repetitiva, redundante. Y eso crea un entorno donde se encuentra constantemente atendiendo, considerando, incorporando y tratando el enorme número de variables que de manera directa, indirecta o intervinientemente influyen en la vida ordinaria de un Estado contemporáneo, sus instituciones y su sociedad. Este gran número de variables es lo que le otorga la complejidad a la Función Pública, y le confiere las características que determinan quién y de qué manera puede llevarla a cabo.
Por estos motivos la adecuada y eficiente conducción de la Administración Pública requiere especialistas profesionales que sepan qué hacer y cómo hacerlo. La clave es muy sencilla -pero no siempre fácil- y es seguir la ley. El servidor público sólo puede actuar y operar dentro de lo que marca la ley, y nada más que eso. No puede desviarse ni sobrepasarse. Esas son sus limitaciones. Todo lo que marca la ley es su responsabilidad, y para llevarlas a cabo debe hacerlo con eficiencia, maestría y profesionalismo, siendo constantemente evaluado frente a estándares e instrumentos que mantienen su desempeño en una condición alta y en constante estado de perfeccionamiento. Este proceso es el que le otorga su competencia y su relevancia. Si puede desempeñarse en estas condiciones es competente. Si es competente para desempeñar una función en el Servicio Público entonces es relevante para el Estado, la entidad o institución en la que labora, y la sociedad a la que sirve. Si no es competente ni relevante, entonces es redundante o perjudicial y por tanto debe ser sustituido.
Esta es la norma de la Administración Pública en el siglo XXI. Sobra decir que en nuestro país esto no opera, y estamos muy lejos de ello en la gran mayoría de las funciones gubernamentales desde hace al menos una década. Pero si esto es delicado y preocupante en las funciones cotidianas del Estado, cuánto más lo es en áreas estratégicas y trascendentes para nuestra nación. Y ese es justo el caso de la Inteligencia en lo general, y de la Contrainteligencia en lo particular. Ámbitos y funciones críticas para la Defensa y la Seguridad Nacional de México que están en la ignominia; y pese a que indudablemente hay algunos extraordinarios profesionales en estos ámbitos, el propio entorno no es conducente para un elevado nivel de desempeño.
Como hemos señalado y reflexionado en las entregas anteriores, el primer problema de la Contrainteligencia en México es la ambigüedad y vaguedad definitoria. Conceptual, doctrinaria y operacionalmente el término se encuentra desactualizado, descontextualizado, incorrectamente empleado o relegado a una visión ya rebasada desde hace décadas por la comunidad internacional. Normativa, estructural, funcional e instrumentalmente nuestro país carece del entramado necesario para llevar a cabo labores de Contrainteligencia de manera eficiente, significativa y trascendente para la Defensa y la Seguridad Nacional. Es por ello que se ha podido incurrir en prácticas inapropiadas, ineficientes, e incluso ilegales.
Reza el sabio adagio “quien no sabe a donde va, cualquier camino lo lleva”. Si el Estado mexicano carece del andamiaje, la conceptualización y la normatividad necesaria para llevar a cabo labores significativas de Contrainteligencia, es virtualmente imposible pueda desarrollar estructuras funcionales, organismos coadyuvantes, operaciones instrumentales y procesos de administración y gestión contributivas a las funciones estatales y gubernamentales. En otras palabras: imposible es contar con estándares de competencia, establecer las limitaciones operacionales, y promover las responsabilidades institucionales y profesionales de la Contrainteligencia si no contamos con las estructuras conceptuales, doctrinarias y normativas armonizadas y homologadas en el ámbito estratégico del Estado mexicano para tales fines.
No importa cuanta gente o cuantos recursos se destinen a estos propósitos. No importa cuanto misticismo o imagen institucional se promueva. Todo esto es irrelevante si no contamos con el marco normativo apropiado que delimite en el ámbito estratégico las atribuciones, estándares, funciones, limitaciones, responsabilidades y vinculaciones de la Contrainteligencia como función crítica del Estado, sus estructuras institucionales, sus vinculaciones interinstitucionales y su marco operacional de coadyuvancia a la Defensa y la Seguridad Nacional. Y esto es exactamente lo que no tenemos.
La Contrainteligencia en México figura en algunos manuales doctrinarios (mayoritariamente de manera descontextualizada), en la orgánica de algunas entidades e instituciones (no siempre delimitando sus ámbitos de competencia y responsabilidad de manera clara), en algunos reglamentos institucionales (por lo general de manera ambigua y poco precisa), y por lo general se emplea como un instrumento coercitivo o intimidatorio multipropósito. Sus actividades se perpetúan como los “guardianes de secretos”, los “generadores de narrativas”, o como mecanismos de control. Su imagen evoca a la figura popular de los “Hombres de Negro”, y es una ironía satírica que dentro del medio se les conoce informalmente de esta manera. Eso nos dice mucho de cómo es el entorno de la Contrainteligencia nacional, y lo mucho que debemos avanzar para subsanar estos obstáculos para la profesionalización competente y responsable de estas críticas funciones nacionales.
Como sociedad informada y responsable también somos partícipes. Como casi todas las acciones y procesos de la Administración Pública, la Contrainteligencia requiere fundamentalmente la coparticipación ciudadana. Evidentemente en México no tenemos esta experiencia, ni tenemos el marco normativo-operacional para ello. Y eso es exactamente el problema. Como sociedad somos responsables también de contribuir en la medida de lo posible a la Defensa y la Seguridad de nuestro país. Debemos conocer y reflexionar sobre los estándares de desempeño de esta importante labor de Estado, informarnos de qué consiste y cómo se lleva a cabo, y debemos exigir que dichas acciones sean emprendidas con apego al marco legal nacional.
México no tiene una “Ley Nacional de Inteligencia” que regule estas actividades en territorio nacional; y mucho menos tenemos una “Ley Nacional de Contrainteligencia”. Tenemos la Ley de Seguridad Nacional, la cual se encuentra desactualizada, posee problemas considerables de forma y fondo, y actualmente es un instrumento referencial pero con poca aplicabilidad real. En su momento discutiremos esta legislación a detalle, pero sobra decir que en la misma no se contemplan los fundamentos esenciales para la conducción y evaluación de la Inteligencia y la Contrainteligencia nacional. Y es precisamente este vacío que -en conjunto con la distorsión conceptual, una doctrina anquilosada y una operación cuestionable- generan un entorno de ambigüedad, incertidumbre e indefinición. Ese es el origen causal y revolvente de la Crisis de Contrainteligencia Nacional.
A grandes trazos hemos delineado el problema y la posible solución en materia de Contrainteligencia. Retomando reflexiones anteriores, la urgencia de conformar un Sistema Nacional de Inteligencia y de Contrainteligencia queda en amplia evidencia y relieve; así como la imperativa necesidad de generar un marco doctrinario, formativo, instrumental, normativo, operacional y vinculante entre el gobierno y la sociedad para generar, mantener, evaluar y realimentar estas capacidades para el fortalecimiento integral del Estado mexicano en torno a su Defensa y su Seguridad Nacional.
Lo anterior no es tarea fácil. Se puede decir y redactar de maneral lineal, pero es un proceso complejo y multivariable. Requiere de la coparticipación responsable entre un gobierno maduro, servidores públicos competentes y responsables, una sociedad informada y participativa, y un esquema conceptual y operacional de desarrollo nacional fundamentado en planes, programas y proyectos bien argumentados y sustentados. Reflexionar sobre la Contrainteligencia en México no es solo hablar de protección y salvaguarda nacional; es tener una radiografía de la estructura institucional y normativa del país, una mirada de nuestras prioridades y su prospectiva. Tenemos mucho camino a emprender. Comencemos teniendo los conceptos claros, la visión amplia, y la disposición a enmendar y sobrepasar las limitaciones.
El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.