La libertad de prensa en México atraviesa un momento de convergencia inquietante entre el discurso oficial y las prácticas estatales de control informativo. Tres episodios ocurridos en cuestión de días —aparentemente aislados— dibujan, en conjunto, una estrategia que combina intimidación, regulación y financiamiento encubierto contra la crítica periodística.

El primero lo protagonizó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien adelantó durante su conferencia de prensa del 20 de julio que elaborará un listado de portales informativos que considera críticos con su administración, advirtiendo que suspenderá las respuestas a sus cuestionamientos. El mandatario argumentó que la medida responde a coberturas impulsadas por el rechazo hacia su gestión, en un episodio que generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en la entidad.

Días después, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó públicamente la creación de un censo de comunicadores. Rocío Nahle respaldó la propuesta de realizar un censo estatal de periodistas para conocer con precisión cuántas personas ejercen esta actividad en Veracruz y fortalecer al gremio, al tiempo que sostuvo que “como en todo, debe haber orden. Cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea con difamaciones, mentiras o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas, y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador”. La mandataria negó que ello represente censura, insistiendo en que responde a cualquier ciudadano sin distinguir su condición de periodista.

El tercer episodio resulta el más revelador en términos económicos. La periodista Dolia Estévez documentó, con base en un documento interno, que el gobierno de Alfonso Durazo pagó más de 270 millones de pesos en 2025 a medios sonorenses y nacionales, entre los que destaca un contrato de 9 millones de pesos para el Sistema Estatal de Información Web, de Proyecto Puente, y otro de 4.5 millones de pesos dispensados a Agitprop Iglesias & Armendáriz, proyecto mediático del político español Pablo Iglesias que opera Canal Red. La propia periodista advierte que Durazo no es el único gobernador morenista que subvenciona al propagandista español favorito de Palacio Nacional, pues Salomón Jara, Rocío Nahle y Alfredo Ramírez también habrían adjudicado contratos a Iglesias, aunque sin montos conocidos.

Estos hechos no ocurren en el vacío. Se insertan en el contexto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, actualmente en consulta pública hasta el 21 de agosto. Organizaciones como la CIRT y la JUFED han advertido que el anteproyecto contiene riesgos de una regresión democrática y abre la puerta a mecanismos de censura institucionalizada, señalando específicamente que el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad. Artículo 19, por su parte, cuestionó que el propio Poder Ejecutivo se esté arrogando la facultad de decidir qué es verdad y qué es mentira.

El trasfondo estadístico agrava la lectura. El informe “Estructuras del silencio” de Artículo 19, publicado en mayo de 2026, documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas, mientras que los casos de abuso de poder público pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025.

La contradicción resulta evidente: mientras el discurso oficial invoca la protección de las audiencias y el combate a la desinformación, la evidencia documental muestra un aparato de financiamiento discrecional destinado a comprar narrativas favorables, y declaraciones de gobernadores que amenazan abiertamente con excluir o catalogar a la prensa crítica. No se trata de negar que existan excesos editoriales o falta de ética en ciertos espacios mediáticos —fenómeno real y documentado en el ecosistema informativo mexicano—, sino de cuestionar si la respuesta institucional busca corregir esos excesos o, más bien, blindar a los gobernantes de la fiscalización periodística mediante el control regulatorio y la cooptación económica.

El financiamiento a figuras como Pablo Iglesias, quien ha planteado explícitamente un “periodismo con ideología” contra la oposición, añade una dimensión adicional: la importación de modelos de propaganda política extranjera financiados con recursos públicos estatales, en momentos de fragilidad fiscal para las administraciones locales.

¿Puede sostenerse la defensa de la libertad de expresión cuando quienes gobiernan simultáneamente diseñan listas negras, promueven censos de comunicadores y destinan millones de pesos públicos a comprar cobertura favorable?