Uno de los principios no escritos que introdujo Andrés Manuel López Obrador en Morena —y que explica en gran medida la incorporación de exmilitantes del PRI, del PAN y del PRD— es situar la contienda electoral como la prioridad absoluta de la acción política.

Bajo este esquema, la oferta pública adquiere un claro sesgo electoral. Los programas sociales impulsados desde la administración anterior, las conferencias de prensa matutinas y los posicionamientos de la Presidencia responden a una misma lógica propagandística. Ocurre igual con la manera de reaccionar ante coyunturas críticas: desde la cancelación de visados a figuras del partido o las acusaciones provenientes de Estados Unidos, hasta la respuesta institucional ante el desabasto de medicamentos y la crisis de seguridad.

El partido no se concibe sin el componente electoral. Esta naturaleza lo mantiene en una dinámica de campaña permanente que busca cualquier resquicio legal para promocionar la marca política o fijar postura sobre las tendencias en medios de comunicación y redes sociales. No se aprecian diagnósticos profundos ni políticas públicas de largo plazo diseñadas para resolver los problemas estructurales del país; prevalece un esfuerzo constante volcado por entero hacia los próximos comicios.

 

Disfraces y propaganda interna

El mecanismo para seleccionar a las futuras candidaturas se apoya en una figura retórica: la elección de “coordinadores de defensa de la 4T”. Este eufemismo permite encubrir actos de promoción de quienes aspiran a abanderar al partido en los procesos electorales.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, ha reconocido que el partido financia los actos de promoción de estos aspirantes bajo la figura mencionada, al tiempo que califica este desembolso no como un gasto, sino como una inversión organizativa.

Tales actividades forman parte de la movilización continua del aparato partidista. Tras la noticia de que a Andrés Manuel López Beltrán le fue revocada la visa para ingresar a Estados Unidos, Morena promovió más de 200 asambleas en el país con el argumento de denunciar la injerencia extranjera y defender la soberanía nacional.

En algunos de esos encuentros, los oradores extendieron los señalamientos hacia otros frentes. Además de cuestionar la postura del gobierno estadounidense, dirigentes locales como Agustín Guerrero, en Puebla, arremetieron contra la cadena TV Azteca pidiendo a los asistentes dejar de sintonizar sus canales. En Tlaxcala, la senadora Ana Lilia Rivera llegó a alertar sobre un eventual atentado contra el fundador del partido.

Las asambleas se convirtieron también en un foro para denunciar un supuesto cerco mediático. En el Estado de México, los simpatizantes señalaron a la prensa nacional por mantener una postura crítica hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum e instaron a la militancia a replicar el discurso oficial de forma sistemática. De forma paralela, en diversas regiones se distribuyó el periódico Regeneración afirmando que la medida consular contra el hijo de López Obrador constituía un intento de provocación e injerencia externa.

Los actos anticipados de campaña

Tanto las fuerzas de oposición como diversos integrantes de la propia militancia de Morena han presentado denuncias ante las autoridades electorales por presuntos actos anticipados de campaña.

Entre los casos señalados figura el de Andrea Chávez en Chihuahua, a raíz de brigadas de salud acompañadas por vehículos y ambulancias con su imagen. En Tabasco, partidos como Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN denunciaron a Andrés Manuel López Beltrán por la realización de recorridos de corte proselitista. En Baja California, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al órgano electoral local investigar a la senadora Julieta Ramírez por hechos similares.

Las controversias también se han presentado de manera interna. El Morenista Ricardo Sheffield denunció a su compañero de partido Emmanuel Reyes Carmona por presuntamente recibir financiamiento para sus actividades de promoción por parte de la organización religiosa La Luz del Mundo.

A estas quejas se suman señalamientos contra otros aspirantes por la entrega de despensas o insumos, la organización de rifas de telefonía móvil y la difusión de boletines que destacan el encabezado de encuestas de opinión rumbo al proceso electoral de 2027.

Frente a este panorama, la ausencia de resoluciones definitivas o investigaciones inhibitorias por parte del Instituto Nacional Electoral ha permitido que las actividades de promoción continúen. La dirigencia del partido sostiene que, mientras no se solicite explícitamente el voto ni haya iniciado el periodo legal del proceso electoral, estas acciones no pueden catalogarse legalmente como actos anticipados de campaña.

La réplica de la oposición

El modelo de proselitismo adelantado ha sido replicado por la oposición. Tras la implementación de las coordinaciones de la transformación por parte de Morena, el PRI estructuro la figura de sus “defensores de México”, mientras que el PAN instauró los “coordinadores de defensa de la familia, la patria y la libertad”.

Las fuerzas opositoras emulan estas estrategias ante la perspectiva de un margen de sanción reducido y la presencia de vacíos en la legislación electoral. De este modo, buscan evitar el rezago en la contienda de cara a 2027.

La anticipación del escenario electoral ha permeado también en las empresas encuestadoras, las cuales publican con frecuencia estudios de opinión que miden la notoriedad de los perfiles públicos involucrados.

Las redes sociales reflejan esta misma dinámica mediante campañas dirigidas a mejorar el posicionamiento en los sondeos demoscópicos, acompañadas por análisis y columnas de opinión en diversos medios.

El resultado es un escenario dominado por actores partidistas orientados a la promoción de sus candidaturas mediante figuras eufemísticas que intentan eludir la regulación normativa.