El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia en una ceremonia realizada en la Universidad Santiago de Cali, tras derrotar por menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio. Con su llegada, la región suma con él una docena de jefes de Estado ubicados a la derecha del centro político, un escenario que contrasta radicalmente con el mapa de 2023, cuando la izquierda gobernaba once países del continente. El fenómeno no es aislado: desde abril de 2025, votantes en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica han elegido líderes de derecha, mientras Argentina reforzó legislativamente el proyecto de Javier Milei. Semanas antes de la posesión colombiana, Perú incorporó a Keiko Fujimori a esa misma tendencia.

El caso de De la Espriella ilustra el patrón regional con particular nitidez. Abogado, empresario y fundador en 2024 del movimiento Defensores de la Patria, considerado de extrema derecha, construyó su candidatura sobre una política de “mano dura” contra la delincuencia, la defensa de “la familia tradicional” y un discurso de libre mercado con reducción del tamaño del Estado. Analistas como Bressan, citada por medios regionales, advierten que Washington seguirá tensando los procesos electorales de Brasil y de México, y llaman a vigilar a los gobiernos que, de cualquier signo ideológico, erosionan las instituciones democráticas. Ese matiz es relevante: el giro derechista no ha sido garantía de resultados. Ecuador, bajo Daniel Noboa y sus políticas de militarización, registró en 2025 una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 9,200 asesinatos, pese al despliegue de “mano dura”. El éxito electoral de la derecha, en otras palabras, no equivale automáticamente a eficacia gubernamental, y esa distinción debería pesar tanto en Bogotá como en cualquier análisis prospectivo sobre México.

Aquí es donde la pregunta planteada por el electorado mexicano adquiere densidad. La hipótesis de que México podría sumarse a esta ola en 2030 —cuando concluya el sexenio de Claudia Sheinbaum— exige matizar dos cosas simultáneamente. Primero, el terreno estructural: Morena ha consolidado una base electoral amplia, sostenida en programas sociales y en la persistencia del arraigo obradorista, algo que ningún partido opositor colombiano, peruano o chileno enfrentaba en niveles comparables antes de sus respectivos triunfos derechistas. Segundo, el patrón regional identificado por analistas del Real Instituto Elcano señala que el “voto de castigo” al oficialismo se activa cuando confluyen inseguridad, estancamiento económico y encarecimiento de la vida —exactamente las variables que la oposición mexicana intenta capitalizar frente a las cifras de homicidios y desapariciones que el propio gobierno disputa.

La izquierda latinoamericana, incluida la mexicana, ha respondido a estas derrotas —reales o hipotéticas— con un guion reconocible: denunciar fraude, injerencia extranjera o manipulación mediática antes que revisar el desgaste de sus propias políticas de seguridad y economía. Iván Cepeda, sin embargo, rompió parcialmente ese patrón al reconocer la derrota colombiana sin acusaciones de fraude generalizado, un gesto que contrasta con la retórica más beligerante de otros liderazgos progresistas de la región. Cabe preguntarse si Morena, en un eventual escenario adverso hacia 2030, seguiría el ejemplo de Cepeda o el de aquellos que prefieren impugnar la legitimidad del proceso antes que la sustancia de su gobierno.

También es necesario matizar la lectura de que este giro obedece únicamente a un diseño de Washington. Si bien la administración Trump ha expresado abiertamente preferencias electorales en Argentina y Honduras, la consultora Latinobarómetro documenta que el desplazamiento ideológico del elector latinoamericano hacia la derecha comenzó desde 2020, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Reducir el fenómeno a una injerencia externa —el mismo argumento que la izquierda suele emplear tras perder elecciones— sería tan simplista como ignorar la presión geopolítica que efectivamente existe en temas migratorios y de seguridad hemisférica.

México no vota hasta 2030, un horizonte lo bastante lejano como para que la tendencia regional se revierta, se profundice o simplemente pierda fuerza ante los primeros fracasos de gestión de los nuevos gobiernos derechistas, empezando por el reto de seguridad que hereda De la Espriella en un país con presencia consolidada del crimen organizado. La pregunta de fondo no es si la derecha puede ganar en México, sino si la coalición gobernante logrará administrar el desgaste que ha derribado a sus pares ideológicos en Bogotá, Lima y Santiago antes de que ese desgaste se traduzca en urnas.

¿Está Morena construyendo una defensa real frente al deterioro que ya derrotó a otros gobiernos de izquierda en la región, o repite el mismo guion que a otros les costó el poder?