Los partidos recurren al discurso moral y a la creación de comités para contener los escándalos, pero evitan asumir consecuencias legales y políticas reales.

Hay palabras que en el discurso público terminan por desgastarse de tanto usarse como remiendo. En el escenario político mexicano, cuando estalla un caso de corrupción, tráfico de influencias o nexos con el crimen organizado, la palabra elegida para contener el daño suele ser la misma: ética. Utilizada como un mero recurso retórico, apelar a la moralidad se ha convertido en el mecanismo preferido de las dirigencias partidistas para simular corrección, eludir responsabilidades y aparentar una reconstrucción que nunca llega al fondo del problema.

El fenómeno atraviesa a todo el espectro ideológico. Morena exhorta con frecuencia a su militancia a «tener más ética» en medio de señalamientos por viajes al extranjero, ostentación de bienes de lujo o sospechas de complicidad criminal. En el mismo sentido, la agrupación Somos México anunció la creación de un Comité de Ética para blindar sus candidaturas de cara a los procesos electorales de 2026, tras el costo político que le significó respaldar al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, señalado por presunta participación en una red de huachicol.

La historia se repite con distintos matices. Diversas fuerzas políticas presumen normativas internas diseñadas para regular la conducta de sus miembros. El Partido Acción Nacional (PAN) contó en su momento con un código ético para sus funcionarios en el Gobierno, aunque el documento terminó por desaparecer de su portal oficial de Internet. Otros institutos desempolvan reglamentos similares únicamente durante las coyunturas electorales, pero en cuanto concluyen las campañas, el tema se evapora de las agendas internas. Para complementar el simulacro, las dirigencias suelen contratar a conferencistas que imparten charlas sobre valores morales a la militancia. La iniciativa satisface a quienes asisten a los eventos partidistas, pero resulta inútil para frenar los constantes señalamientos e irregularidades que involucran a sus cuadros directivos y representantes populares.

Hablar de ética no garantiza que este concepto dirija la actuación de la clase política. La acumulación de denuncias por nepotismo, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña o conflicto de intereses demuestra que las declaraciones de principios no se traducen en la práctica cotidiana. Ante este escenario, cabe preguntarse si la proliferación de alcaldes, legisladores, gobernadores e incluso titulares del Ejecutivo cuestionados por su conducta puede resolverse mediante un documento interno. En la mayoría de los casos, estos normativos terminan convertidos en un mero «llamado a misa»: una directriz voluntaria que solo acatan quienes de antemano tenían la disposición de hacerlo.

Casos recientes exhiben de forma contundente esta carencia. El Operativo Enjambre, que derivó en la detención de 85 funcionarios públicos en municipios del Estado de México y Morelos, expuso la fragilidad de los supuestos filtros de integridad en la función pública. Cuando un representante electo es aprehendido por delitos graves cometidos durante su encargo, el instituto político que lo postuló enfrenta un grave dilema de imagen pública: debe asumir el costo de haber abierto sus puertas a perfiles catalogados como criminales y encajar el consecuente castigo en las urnas.

La respuesta de las dirigencias ante estas crisis suele seguir un patrón predecible. Primero, denuncian una presunta campaña de desprestigio en su contra. Posteriormente, prometen implementar nuevos controles, mayores filtros de selección e insistirán, una vez más, en apelar a la ética como requisito indispensable para competir por un cargo. Así se suceden comisiones, códigos y comités temporales que no resuelven la raíz del problema, pues sus facultades se limitan a emitir recomendaciones no vinculantes que las cúpulas partidistas pueden ignorar libremente.

A esto se suma una limitación estructural: los partidos políticos carecen de facultades constitucionales y penales para sancionar a sus militantes cuando cometen delitos. Así ocurrió tras la detención e internamiento penitenciario de Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, en Jalisco. Fueron las autoridades ministeriales y el poder judicial quienes determinaron las responsabilidades penales pertinentes; el partido fue un mero espectador. Cuando se cuestiona si la dirigencia conocía las actividades ilícitas de sus abanderados antes de postularlos, la respuesta casi siempre es evasiva. Raras veces es la propia fuerza política la que acude a denunciar a sus miembros ante el Ministerio Público; por lo general, se limitan a deslindarse mediáticamente o a decretar una expulsión formal cuando el costo político resulta insostenible.

De este modo, la ética permanece confinada al terreno del ornamento verbal. Mientas la incursión en la función pública siga siendo percibida por diversos actores como una vía de enriquecimiento expedito —sustentada en la célebre máxima atribuida a Carlos Hank González: «un político pobre es un pobre político»—, no habrá código, comité ni discurso moral que logre enmendar el rumbo de la política partidista en el país.