Una de las leyes menos comprendidas en México es la Ley de Seguridad Nacional. Lo anterior no es debido a su complejidad o a la necesidad intrínseca de poseer conocimientos jurídicos avanzados para su entendimiento. Me parece que el problema fundamental reside en dos caras de una misma moneda, la cual es compartida con incontables ejemplos de la jurisprudencia nacional: falta de lectura y falta de contexto. Es innegable que la sociedad mexicana posee un profundo desconocimiento de la ley, y esto se debe primordialmente a que como ciudadanos no nos damos el tiempo y la oportunidad de leer y reflexionar la ley.

En nuestra cotidianidad asumimos -equivocadamente, en mi opinión- que la sociedad funciona por inercia, que no hay otra opción más que vivir e interactuar como lo hacemos a diario en nuestro entorno, pro no otra razón más que “por que así son las cosas”. Pero en el momento que adquirimos distancia crítica y reflexionamos realmente sobre nuestro entorno nos damos cuenta que las leyes, normas y reglamentos que rigen nuestra interacción social entre ciudadanos y frente a las autoridades representan el fundamento de la vida en sociedad. Es entonces donde un conocimiento operacional de la ley -es decir, que podamos interactuar en la realidad más allá de la concepción teórica- resulta fundamental para poder comprender nuestro entorno y actuar/reaccionar en consecuencia.

Evidentemente no todos los ciudadanos pueden tener un conocimiento profundo de la ley, ni pueden dedicarse profesionalmente a las leyes con la inmersión suficiente para dar significación detallada de cada detalle legal. Pero podemos leer. Las leyes y reglamentos en nuestro país son de relativamente fácil acceso para todos los ciudadanos, y podemos responsabilizarnos de tratar de sensibilizarnos en la generalidad de sus contenidos. La segunda parte para poder comprender este conjunto normativo es contextualizar el mismo en el entorno apropiado. Esto puede ser un reto mayor, por que no todos los ciudadanos tienen acceso en lo general o particular a los contextos de competencia de las leyes vigentes. Pero hay formas también de acceder estos conocimientos, de manera responsable y sensible.

Es justo por estas condiciones que buena parte de nuestra ciudadanía desconoce más allá de una mera referencia (no siempre correcta, cabe apuntar) las leyes nacionales, y es el entorno permisivo ideal para que algunos actores políticos y sociales aprovechen la coyuntura para su beneficio. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el dicho popular. Y es justo en esta opacidad y turbulencia que algunos actores de la política nacional buscan enmascarar sus intenciones para ganar ventajas abusivas sobre una población que ya se encuentra de por sí en una situación difícil. Esto podría parecer como una mera “opinión”, pero en la historia de México podemos encontrar incontables e indiscutibles ejemplos de este proceso, mismos que se han intensificado en la última década. Actualmente este mecanismo sigue en funciones tratando de acallar voces críticas y mitigar impactos derivados de sus desatinadas decisiones. Y para ello hace uso y recurso de una de las legislaciones menos contextualizadas de nuestro país: la Ley de Seguridad Nacional.

Los orígenes de esta legislación se extienden a la segunda mitad del siglo pasado. Con el nuevo orden mundial al término de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de un sistema global multipolar, la concepción y operación internacional buscaba evitar nuevamente un conflicto de semejantes proporciones y sus devastadores efectos, así como la consolidación de capacidades nacionales para la reconstrucción del sistema transnacional. Las potencias vencedoras (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y la entonces Unión Soviética) reconocieron los límites de sus capacidades, y comenzó la competencia global por los recursos económicos, financieros, naturales, políticos y sociales para su consolidación y proyección. El aprovechamiento, protección y salvaguarda de dichos recursos se convirtieron en factores esenciales para su integridad nacional, y preservarlos se convirtió en un tema estratégico y de seguridad.

Es así como comienza la conformación conceptual y operacional del término “Seguridad Nacional”, como el conjunto de condiciones y recursos necesarios para la supervivencia y proyección de los Estados. En mayor o menor medida, todos los países del mundo fueron desarrollando aproximaciones a esta noción y fueron incorporándolas a su Administración y Gestión Pública. México no fue la excepción. Ya desde la década de 1960 el término era discutido en algunas instituciones gubernamentales y centros de estudio, y encontramos la incorporación doctrinaria del término en los manuales de formación militar en la década de 1970. Para la década de 1980 el término era de común uso en diversas instituciones de gobierno, y existía una tenue competencia entre diferentes instituciones federales -civiles y militares- que se disputaban su uso monopólico.

Durante la década de 1990 la comunidad internacional vio nuevamente un reajuste del orden multipolar con la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de Estados Unidos como la superpotencia global. Todo parecía que nos dirigíamos a un mundo totalmente integrado, donde la globalización era inevitable y las fronteras se desdibujarían. Vimos un auge en el comercio transnacional, en el fortalecimiento de entidades multinacionales como la ONU y la percepción de que poco a poco estábamos fortaleciendo una comunidad global sin fronteras y con intereses supraestatales. Pero eso se acabó el 11 de septiembre del 2001.

Esta fecha representa para muchos especialistas el punto de inicio del siglo XXI, y con ello un cambio de paradigma global. Tal vez muchos no lo recuerden, y para tantos más ni siquiera figure en su memoria, pero ese periodo de tiempo marcó un profundo cambio de realidad para la humanidad. En un periodo muy corto de tiempo el mundo entero se dio cuenta de su vulnerabilidad, de la fragilidad producto de su complacencia, y la comodidad de la que gozaban los Estados y la comunidad internacional se vio fracturada. Los Estados debieron adaptarse muy rápidamente al nuevo contexto, y comenzaron a recibir presiones del interior y exterior para consolidar un nuevo paradigma en torno a la seguridad y la protección nacional e internacional ante amenazas y riesgos reales, latentes o potenciales.

Es en este contexto donde México se encontraba, con algunas consideraciones complementarias. En ese momento teníamos el primer gobierno de transición desde hacia poco menos de un siglo. Nos encontrábamos en un proceso de reajuste y rediseño doctrinario y normativo; donde tratábamos como gobierno y sociedad de reinventar instituciones y procesos nacionales con una infraestructura del ayer y tratando de prever el mañana. En retrospectiva podemos criticar y señalar errores e inconsistencias, pero en ese momento México estaba en un complejo proceso de reajustes internos, y sujeto a presiones externas para sumarnos al esfuerzo multinacional encabezado por Estados Unidos orientado a fortalecer las posiciones hemisféricas y continentales ante vulnerabilidades emergentes.

Esta es la coyuntura nacional e internacional, doméstica y foránea, contextual y coyuntural en la que surgen iniciativas legislativas con profundas implicaciones políticas y sociales. La necesidad de establecer un marco normativo formal más allá de la doctrina de algunas instituciones en torno a la Seguridad Nacional se convirtió en una prioridad. Legisladores de la mano de funcionarios de entidades gubernamentales especializadas en Defensa y Seguridad, así como con notables académicos con décadas de experiencia analítica, convergieron para dar respuesta a esta necesidad del Estado mexicano. Su resultado fue la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 31 de enero del 2005.

Este documento por vez primera define la Seguridad Nacional, así como algunos otros conceptos clave para el Estado mexicano. Asigna responsabilidades, delega atribuciones y plasma en un texto conceptos operacionales que anteriormente eran práctica tácita de algunas entidades. La Ley reconoce instituciones -algunas ya extintas- y otorga formalidad a las labores de Inteligencia en México. Sin embargo, esta legislación dista mucho de ser ideal o perfecta. De hecho, la ley en si misma se encontraba diseñada como un instrumento temporal, un recurso transitorio en la elaboración de leyes, normas y reglamentos especializados más puntuales y trascendentes. Muchas de las consideraciones derivadas de esta ley desde un principio se reconocieron como ambiguas, limitadas o poco operables. Pero por algún lado se tenía que empezar.

El problema consistió en la falta de continuidad, y en un contexto nacional que poco tiempo después giró sus prioridades de Seguridad Nacional al combate directo de riesgos internos y algunas amenazas externas que auguraban dañar profundamente al Estado mexicano y su sociedad. A veinte años de ese momento seguimos en esa lucha, y lo que en ese momento se auguraba como una desastrosa pero remota posibilidad hoy la vivimos como una innegable realidad que daña, lastima y ha marcado profundamente a la mayor parte de nuestra población, su patrimonio y porvenir.

A lo largo de las siguientes entregas iremos analizando apartado por apartado de la Ley de Seguridad Nacional. Lo anterior no como un ejercicio de crítica ciega, sino como un recurso reflexivo necesario de nuestra ciudadanía para fortalecernos como sociedad, para impedir su empleo inapropiado y para dar un contexto sobre el cual podamos todos los ciudadanos responsabilizarnos de las labores que nos corresponden para apuntalar a nuestro país. Invito al lector a leer la Ley de Seguridad Nacional, y que juntos vayamos reflexionando en este espacio si su invocación por algunos funcionarios y sus emisarios es correcta y si su ejercicio realmente representa un justificante para que la sociedad deliberadamente ignore los abusos del poder de algunos, o una invitación a que como sociedad exijamos justicia, profesionalismo, rendición de cuentas y transparencia de nuestras autoridades.

El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.