El regreso relámpago de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa —apenas 34 horas antes de solicitar nuevamente licencia indefinida— no es un episodio aislado ni un error de cálculo personal. Es, más bien, el síntoma más visible de una tensión que Morena ha intentado ocultar durante meses: la disputa por el control real del proyecto de la “Cuarta Transformación” entre dos polos que ya no comparten una sola brújula.

Una reincorporación que nadie pidió

El viernes 21 de agosto, Rocha Moya anunció su retorno “con la frente limpia y en alto”, argumentando que la Fiscalía General de la República no halló elementos para sostener las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló en su contra desde el pasado 29 de abril, cuando lo señaló —junto con otras nueve personas— de mantener vínculos con la facción de “Los Chapitos”. La reacción de Palacio Nacional fue inmediata y reveladora: la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no haber sido notificada del regreso, enterándose por la misma vía que la opinión pública, las redes sociales. Menos de 24 horas después, el gobernador presentó una segunda solicitud de licencia, ahora aprobada por unanimidad en el Congreso local. El patrón es inequívoco: primero la decisión unilateral, después el deslinde presidencial, finalmente la corrección forzada. Es el mismo guion que Morena ha repetido en otros casos de exposición judicial dentro de sus filas.

Dos lógicas, un mismo partido

La lectura que empieza a circular en los círculos políticos de Sinaloa y de la capital apunta a algo más profundo que la suerte personal de un gobernador señalado. Se trata de la existencia de dos proyectos dentro de Morena que compiten por definir la respuesta del partido ante la presión estadounidense. Por un lado, el ala identificada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para quien el litigio judicial en Estados Unidos no es solamente un asunto de legalidad, sino una amenaza directa que podría alcanzar a colaboradores y familiares cercanos a su círculo. Por el otro, el gobierno de Sheinbaum, que enfrenta el reto de sostener una relación bilateral funcional con Washington —crucial para la revisión del T-MEC y para la cooperación en seguridad— sin aparecer como sumisa ante las exigencias de la Casa Blanca ni como cómplice de sus propios cuadros señalados.

Esta bifurcación explica por qué la Presidencia optó por el silencio institucional antes que por una defensa abierta de Rocha Moya: cualquier respaldo explícito habría sido leído en Washington como validación de vínculos con el crimen organizado; cualquier condena habría sido interpretada, puertas adentro del movimiento, como una traición al ala fundadora.

El costo de la ambigüedad

Sinaloa se perfila como el laboratorio donde se medirá la capacidad de Morena para sobrevivir a sus propias contradicciones de cara a la elección gubernamental de 2027. La oposición, articulada en una alianza PRI-PAN, observa con atención cada tropiezo, mientras la sombra de los procesos federales contra Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Nueva York amenaza con producir revelaciones adicionales que golpeen a más funcionarios afines al partido en el poder. La pregunta de fondo no es si Rocha Moya regresará de nuevo —los abogados consultados coinciden en que legalmente puede hacerlo cuantas veces lo desee, pues su cargo es irrenunciable y la separación fue temporal—, sino cuánto margen de maniobra le queda a Sheinbaum para gestionar una crisis que no controla del todo y que no puede resolver sin desgastar a alguno de los dos bandos que sostienen su gobierno.

La retórica soberanista que ha acompañado el episodio —la referencia a acusaciones “con motivaciones políticas e injerencistas”— funciona menos como argumento jurídico que como bandera de movilización electoral, un recurso que Morena ha utilizado sistemáticamente para transformar la presión externa en cohesión interna. Pero esa fórmula tiene un límite: no puede aplicarse indefinidamente sin que la ciudadanía sinaloense, y el electorado nacional de cara a 2027, empiece a preguntarse a quién protege realmente el discurso de la soberanía.

¿Puede Morena seguir gobernando con dos brújulas apuntando en direcciones opuestas sin que el país entero termine pagando el costo de esa indecisión?