Estados Unidos acaba de trazar una nueva línea roja en su combate al crimen organizado, y esa línea atraviesa directamente el aparato político mexicano. Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), advirtió esta semana que la agencia perseguirá no solo a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino a los funcionarios mexicanos que, según sus palabras, utilicen cargos públicos para proteger a los cárteles. “Si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan sus cargos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: la DEA va a por ustedes. Ningún título político los protegerá”, sentenció Cole en una conferencia realizada junto al fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel.
El anuncio no llegó aislado. El Departamento de Estado ofreció recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho presuntos líderes y colaboradores del CJNG, mientras se imponían sanciones migratorias adicionales contra su red de apoyo. Según Cole, la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, no significó la caída del cártel, que sigue siendo resiliente bajo el liderazgo de su hijastro, Juan Carlos Valencia González, y hasta el momento la ofensiva ha derivado en la detención de más de un centenar de criminales y asociados.
Lo relevante no es la retórica antinarco —constante en Washington desde hace décadas— sino el giro hacia la clase política mexicana como objetivo declarado. Cole no es un funcionario improvisando frente a un micrófono: desde mayo, en una comparecencia ante el Congreso estadounidense, ya había advertido que la investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sería apenas el inicio de una ofensiva contra políticos mexicanos vinculados a organizaciones criminales. Y a finales de junio fue más lejos al calificar la relación entre cárteles y gobierno mexicano como una “conexión mortal”, llegando a decir que ambos son, en sus palabras, “lo mismo”.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido de rechazo frontal. La presidenta calificó las declaraciones de “muy desafortunadas”, “sin sustento” y “sin fundamento”, argumentando que chocan con la reducción de 48% en homicidios dolosos que su administración presenta como evidencia de su estrategia de seguridad. Su argumento central es de una lógica aparentemente sólida: si un gobierno estuviera vinculado con el crimen organizado, no podría existir una baja sostenida en homicidios; ambas cosas son, sostiene, contradictorias. Sheinbaum ha ido más allá al exigir reciprocidad discursiva: ha señalado que la propia DEA tiene “trabajo pendiente” en Estados Unidos, tanto para combatir sus redes de distribución de drogas como para esclarecer casos de corrupción entre sus propios agentes, en referencia a un exdirector regional de la agencia en México señalado por presuntos vínculos sociales con integrantes de cárteles.
Aquí es donde el debate se vuelve genuinamente incómodo para ambas partes. El argumento presidencial de que la baja en homicidios desmiente cualquier colusión estructural es, en el mejor de los casos, un salto lógico: la reducción de un indicador no excluye la existencia de protección puntual a operadores específicos, como tampoco la prueba automáticamente. Son fenómenos que pueden coexistir sin contradicción aritmética. Al mismo tiempo, la ofensiva estadounidense no es neutral: se produce en un contexto de presión arancelaria, negociaciones migratorias y una administración Trump que ha convertido la seguridad fronteriza en materia de política interna, lo que da a las declaraciones de Cole una innegable carga estratégica más allá de lo estrictamente judicial.
El fondo del asunto trasciende la coyuntura mediática. Estados Unidos está desplazando el eje de su combate al narcotráfico desde la persecución de capos hacia la persecución de las estructuras de protección política que, históricamente, han permitido que esos capos operen con relativa impunidad. Esta lógica no es nueva —casos como el de Genaro García Luna ya sentaron precedente— pero su aplicación ahora explícita y reiterada contra funcionarios en activo representa una injerencia que México, formalmente, no puede aceptar sin comprometer su soberanía jurisdiccional, aunque tampoco puede ignorar sin parecer indiferente ante evidencia que eventualmente podría documentarse en cortes estadounidenses.
La relación bilateral queda así atrapada entre dos necesidades que no siempre convergen: la cooperación en seguridad, indispensable para ambos países frente al fentanilo y las armas, y la defensa de la autonomía institucional mexicana frente a un discurso que, cargas políticas aparte, no ha presentado todavía nombres, expedientes ni pruebas públicas concretas contra funcionarios en funciones. ¿Puede sostenerse una alianza binacional contra el crimen organizado cuando una de las partes coloca a la otra, sin pruebas públicas, en el banquillo de los acusados?