Una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley reabre una discusión que México ha preferido cerrar en falso: cuántos periodistas y defensores de derechos humanos murieron realmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La cifra que circula desde el proyecto —337 víctimas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024— triplica prácticamente cualquier registro previo, y esa distancia numérica, más que la cifra en sí, es lo que merece escrutinio.
Una metodología que cambia las reglas del conteo
El proyecto, denominado “Under Attack in Mexico”, no parte de expedientes judiciales ni de fichas policiales, sino de un insumo inusual: las versiones estenográficas de las conferencias matutinas presidenciales, compiladas por la organización NOSTRODATA y preservadas mediante el archivo digital Wayback Machine. Esta elección metodológica es reveladora por sí misma. Al cruzar el discurso oficial —las descalificaciones, señalamientos y exhibiciones públicas de periodistas críticos durante las mañaneras— con los patrones de violencia registrados, el equipo de Berkeley intenta documentar algo que ninguna instancia mexicana ha reconocido oficialmente: la posible correlación entre la retórica presidencial contra la prensa y los ataques posteriores contra comunicadores señalados por su nombre desde el atril.
Esta aproximación explica, al menos parcialmente, por qué la cifra final se dispara respecto a los conteos tradicionales. Artículo 19 documentó 37 periodistas asesinados durante el sexenio; Reporteros Sin Fronteras registró una cifra similar, 37 con cinco desaparecidos; la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un ejercicio de mayor alcance temporal, sumó 89 periodistas y 181 defensores entre 2016 y 2025, un periodo que desborda por ambos extremos el mandato obradorista. Ninguno de estos ejercicios se aproxima a 337. La pregunta legítima no es si Berkeley exagera o si las organizaciones mexicanas subestiman, sino qué definición de “periodista” y “defensor”, y qué universo de agresiones —incluidas quizá muertes no clasificadas oficialmente como vinculadas al oficio— explica una diferencia de tal magnitud.
El fantasma de la impunidad institucional
Independientemente de dónde se ubique la cifra exacta, el patrón de fondo resulta incontrovertible: México se ha mantenido, sexenio tras sexenio, entre los países más letales del mundo para el ejercicio periodístico fuera de zonas de guerra declarada. La Fiscalía General de la República ha reconocido tasas de impunidad cercanas al 99% en estos crímenes. Ese dato, más que cualquier cifra puntual, constituye la verdadera acusación estructural: no importa si el conteo correcto es 37, 110 o 337, porque en los tres escenarios la maquinaria de justicia mexicana ha demostrado ser incapaz —o poco dispuesta— a identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales.
Sanciones a la Corte Penal Internacional y el riesgo de la memoria documental
El contexto que motivó la publicación de esta investigación añade una capa de tensión adicional. La administración Trump ha escalado, durante 2026, sus sanciones contra la Corte Penal Internacional, alcanzando incluso a su presidenta y a jueces del tribunal, bajo el argumento de que la Corte ejerce jurisdicción sin el consentimiento de Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma. Este clima de hostilidad hacia el sistema de justicia internacional genera un riesgo tangible para universidades y organizaciones estadounidenses que documentan crímenes con miras a eventuales procesos ante instancias internacionales: la posibilidad de que ese trabajo de dos años quede archivado, no por falta de rigor, sino por el temor institucional a repercusiones legales o financieras.
Aquí se localiza la contradicción más incómoda del episodio. Estados Unidos, bajo el argumento de proteger su soberanía frente a la CPI, termina por debilitar indirectamente uno de los pocos mecanismos —la documentación académica independiente— capaces de sostener viva la posibilidad de justicia para las 337, o las 110, víctimas mexicanas del periodismo y la defensa de derechos humanos. La superpotencia que se erige en crítica de los excesos de la justicia internacional se convierte, en los hechos, en obstáculo para que esa misma justicia algún día alcance a los responsables de crímenes cometidos a miles de kilómetros de La Haya.
¿Qué pesa más para la memoria histórica de México: la precisión exacta de una cifra o la certeza de que, sea cual sea el número real, la impunidad seguirá siendo la única constante?