La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) expresó su preocupación por los recientes comunicados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en los que la autoridad informó sobre la detección, mediante monitoreos forenses, de ofertas de bases de datos atribuidas a empresas privadas en canales de Telegram.
La organización reconoció la labor de la Secretaría y coincidió en la necesidad de proteger los datos personales, pero advirtió que la forma de comunicar estos hallazgos puede generar consecuencias para las empresas señaladas y, al mismo tiempo, afectar las investigaciones de posibles delitos. La AIMX señaló que los comunicados 111, publicado el 20 de septiembre, y 113, difundido el 24 de septiembre, dieron cuenta de investigaciones de oficio relacionadas con información que la propia autoridad calificó como “supuestamente atribuible” a determinadas empresas.
Para la asociación, la detección temprana de una posible filtración es importante porque permite activar protocolos para verificar la autenticidad de la información, contener el incidente y, cuando corresponda, informar a las personas afectadas. Sin embargo, consideró que un monitoreo no debería convertirse automáticamente en una sanción o en un señalamiento público contra una compañía.
La AIMX sostuvo que la aparición de una base de datos en Telegram no demuestra por sí misma que una empresa haya incumplido sus obligaciones en materia de protección de datos. Antes de establecer responsabilidades, planteó verificar si la información es auténtica, determinar su antigüedad, establecer de dónde provino y conocer cómo fue obtenida. También pidió determinar si existió un incumplimiento atribuible a la empresa o a un tercero.
Otro de los argumentos de la organización está relacionado con la investigación de posibles delitos. Según su posicionamiento, anunciar públicamente la existencia de una base de datos presuntamente sustraída puede alertar a quienes la comercializan, facilitar que eliminen publicaciones o migren hacia otros canales y dificultar la preservación de evidencia digital. La asociación también advirtió que la difusión oficial podría incrementar el interés en la información ofrecida ilegalmente.
Por ello, la AIMX propuso establecer un mecanismo de coordinación permanente entre gobierno e industria. Entre sus planteamientos se encuentra avisar primero y de manera confidencial a la organización involucrada, coordinar el hallazgo con el Ministerio Público y las policías cibernéticas, establecer criterios para la comunicación pública y crear una mesa de trabajo con autoridades, empresas, academia y sociedad civil.
La asociación también propuso incentivos para que las empresas reporten incidentes y cooperen con las autoridades, así como un protocolo para preservar y manejar evidencia digital bajo reglas de cadena de custodia.
La AIMX subrayó que la responsabilidad de proteger los datos personales corresponde tanto a las empresas como a las autoridades. Por ello, pidió que las investigaciones combinen una respuesta rápida ante posibles filtraciones con comunicación pública basada en hechos verificados, con el objetivo de proteger a las personas afectadas sin generar atribuciones anticipadas de responsabilidad.