Hace unas semanas, el gobierno federal anunció que enviará al congreso de la unión una iniciativa en torno a la regulación nacional del uso dispositivos digitales en las escuelas de educación básica, así como el uso de las redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública, han impulsado un proceso de consulta que busca construir criterios comunes a partir de la experiencia de los estados y de la voz de los actores educativos, así como a Padres de Familia. El objetivo es extender una norma federal que reduzca distracciones, prevenga riesgos digitales y proteja la salud mental de niñas, niños y adolescentes, sin renunciar al uso pedagógico de la tecnología. Por lo que se ha enfatizado que no se trata de una imposición, sino de un proceso de diálogo que, posteriormente, incluirá a los padres de familia. Sheinbaum ha señalado que el propósito no es prohibitivo, sino regular el uso de dispositivos dentro de los planteles, limitar el acceso a contenidos dañinos y fomentar una cultura digital responsable.
Para nosotros, como UNPF, la experiencia de Querétaro resulta especialmente relevante. En febrero de 2025, el estado se convirtió en pionero al implementar lineamientos que prohíben el uso de dispositivos tecnológicos durante el horario de clases en educación básica y media superior, tanto pública como privada. Esta medida nació como inquietud ciudadana de los padres de familia tras el regreso a clases presenciales en 2022 y donde se vislumbraba reglas poco claras para dispositivos en primarias y secundarias. Entregamos esta inquietud en 2023 y posteriormente fue impulsada por el gobernador Mauricio Kuri y formalizada bajo el impulso de una serie de normas específicas de aplicación en el Estado convirtiéndose así en el Primer Estado en aplicar una norma de vanguardia, con una comunicación asertiva que da certeza en el proceso de mejora de la educación pública. La iniciativa formó parte de un paquete más amplio que incluye restricciones al acceso de menores a redes sociales y el endurecimiento de sanciones por delitos digitales.
Como UNPF, tuvimos un rol activo aportando encuestas, estudios y entrevistas sobre el impacto de los celulares en el aprendizaje, la concentración y la convivencia escolar que desde 2009 venimos previniendo así como los resultados del diálogo y sensibilización con los Padres de Familia. Estos insumos ayudaron a fundamentar la propuesta y a evidenciar problemas como el ciberacoso, la disminución de habilidades de comprensión lectora y la pérdida de autoridad docente ante la presión de alumnos y, en ocasiones, de los propios padres. Tras más de un año de aplicación, los Padres de Familia en el Estado de Querétaro han reconocido mejoras en la concentración y rendimiento escolar de sus hijos en las escuelas y por consiguiente un mejor aprovechamiento escolar, una reducción notable del ciberacoso y un mayor respaldo legal a los maestros para hacer valer las reglas.
A partir de esa experiencia y del debate nacional que se abre, tres aspectos resultan centrales para que una regulación federal sea viable, legítima y efectiva:
El primero es el diálogo genuino con los docentes para fortalecer su autoridad. Los maestros son quienes enfrentan diariamente las distracciones, los conflictos derivados de grabaciones no autorizadas y las presiones de alumnos que invocan “derechos” para mantener el dispositivo. Una norma clara, construida con su participación, les daría certeza jurídica y respaldaría su rol educativo. Sin este diálogo, cualquier medida corre el riesgo de convertirse en letra muerta o de generar tensiones adicionales en el aula.
El segundo aspecto es la gestión de la comunicación y la seguridad en las escuelas. Muchos padres utilizan el celular como medio de contacto ante emergencias o cambios de horario. Una regulación debe contemplar protocolos claros: resguardo de dispositivos al inicio de la jornada, devolución al final, excepciones por necesidades médicas o de seguridad, y canales alternativos de comunicación entre planteles y familias. Al mismo tiempo, debe prevenir riesgos como el ciberbullying, la difusión de imágenes sin consentimiento y la exposición a contenidos inapropiados. La seguridad no se limita a lo físico; incluye la protección digital de los menores mientras están bajo responsabilidad de la escuela.
El tercero, e igualmente crucial, es la sensibilización y corresponsabilidad de los padres de familia. La regulación en el aula pierde fuerza si en el hogar no existe un acompañamiento coherente. La UNPF ha insistido en que los padres deben educar sobre el uso responsable de la tecnología, establecer límites claros y comprender que el teléfono no es un derecho absoluto durante la jornada escolar. Campañas y platicas de información y sensibilización sobre las medidas previas a su implementación, acompañado y complementado con talleres y espacios de diálogo entre la comunidad educativa, serán piezas indispensables para generar adhesión social y evitar que la medida se perciba como una imposición externa. Existirá también el reto en las más de 220 mil escuelas públicas, por que tengan la infraestructura complementaria (luz, internet, equipos tecnológicos y las herramientas digitales, personal docente capacitado, entre otros elementos) para que la transición normativa tenga éxito.
La regulación federal del uso de celulares en las escuelas representa una oportunidad para colocar el interés superior de la niñez en el centro de la política educativa. Las lecciones de Querétaro y las aportaciones de organizaciones como la UNPF entre otras, han dado muestra de que es posible avanzar con evidencia, participación y equilibrio. El éxito no dependerá solo de la norma escrita, sino de la capacidad de construir acuerdos entre docentes, familias y autoridades, de manera que las aulas recuperen su función de espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo integral.