El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar que la desaparición forzada no es solo una ausencia: es una violación múltiple y continuada de derechos humanos que hiere a la persona desaparecida, a su familia y a la sociedad entera.
México suma más de 135,000 personas desaparecidas o no localizadas al mes de agosto de 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los reportes oficiales indican un promedio aproximado de entre 10 a 17 personas por día que continúan sin ser localizadas a nivel nacional, esta cifra asciende entre 30 a 40 registros diarios si se consideran todas las denuncias iniciales de desaparición de los cuales un porcentaje han sido encontrados con vida. La crisis de desapariciones en nuestro país es alarmante aunque las autoridades no quieran aceptarlo.
El delito de la desaparición forzada, consiste en la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o a informar sobre la suerte o paradero de la víctima.
Este delito coloca a la persona víctima fuera de la protección de la ley y, al mismo tiempo, somete a sus familiares a una angustia e incertidumbre prolongada, al no saber si buscar a una persona viva o muerta, o exigir la entrega de restos, iniciar un duelo o seguir esperando.
El derecho internacional reconoce que la desaparición forzada afecta derechos como la libertad personal, la integridad personal, la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho de las familias a conocer la verdad. Cuando se comete de manera generalizada o sistemática contra la población civil, puede constituir un crimen de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido una instancia fundamental para desarrollar estándares sobre desaparición forzada en la región. Sus sentencias han insistido en que los Estados no solo deben abstenerse de cometer desapariciones, sino también prevenirlas, investigarlas con debida diligencia, sancionar a los responsables, buscar efectivamente a las víctimas y reparar integralmente a sus familiares. La Corte ha señalado que la impunidad no es un problema administrativo: es una forma de prolongar el sufrimiento y de permitir la repetición de los hechos.
La sentencia de la CIDH en el caso Radilla Pacheco vs. México, resuelto en 2009, es un caso paradigmático, pues al cumplir con la sentencia se hicieron varias reformas legales, entre ellas a la Constitución en materia de Derechos Humanos. Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en 1974 por integrantes del Ejército mexicano en Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, y desde entonces se desconoce su paradero. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada y por la falta de investigación efectiva. La sentencia obligó a México a adoptar medidas de reparación, investigar los hechos, adecuar la legislación y limitar el uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos.
Esta sentencia contribuyó a fortalecer el llamado control de convencionalidad y a replantear la forma en que jueces, autoridades y fiscalías deben interpretar sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los tratados internacionales. También evidenció que la desaparición forzada no puede investigarse como un delito ordinario ni encerrarse en expedientes fragmentados: exige una respuesta institucional coordinada, independiente y centrada en las víctimas.
El pasado 2 de abril 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, y solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente el caso de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
La respuesta del Gobierno de México señala que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. “No se trata de quien lo hace sino de quien se voltea para otro lado”. Señala el informe que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».
Por su parte la CNDH mediante la emisión de un boletín oficial, rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre México y sostuvo que su decisión de pedir al secretario general de Naciones Unidas que remita con urgencia el caso mexicano a la Asamblea General resulta una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH se limitó a defender al régimen de Morena en el gobierno al afirmar que el comité basó su decisión en peticiones de ONG’s y colectivos de familiares, y cuestionó específicamente que haya privilegiado, las posturas de organizaciones de la Sociedad Civil por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años.
Es así que una institución que hace 36 años nació para defender a las víctimas de las violaciones a Derechos Humanos hoy descalifica a un organismo internacional, banaliza la crisis de desapariciones documentada y no exige del Gobierno que se investigue para lograr que se haga justicia, y una rendición de cuentas. Y muy por el contrario, lo defiende y se convierte en comparsa y en vocero del Gobierno.