El mito de Ícaro advierte contra la soberbia, pero la política mexicana ofrece una variante más sórdida: un Ícaro que no cayó por exceso de confianza, sino por pánico; que regresó al cielo no para conquistarlo, sino para esconderse de él, y que, tras apenas treinta y tres horas, claudica y pidió permiso para volver a caer. Rubén Rocha Moya no es el producto de un sistema que lo cobijó mientras fue útil y lo abandonó en cuanto su presencia se volvió un estorbo. Y en ese abandono, la podredumbre no es solo la del gobernador acusado, sino la de un partido que construyó sus alas de cera, las bendijo durante años y, cuando el sol comenzó a quemar, se apresuró a deslindarse con la hipocresía de quien nunca supo nada.

Para entender esta tragicomedia, hay que atender a la materia prima de las alas morenistas: el fuero y la impunidad pactada. Durante los ciento doce días de licencia, Morena protegió a Rocha Moya con el argumento de la presunción de inocencia, mientras la FGR fingía investigar. Pero el 21 de agosto, cuando el gobernador regresó, supuestamente sin avisar a nadie —ni a la presidenta, ni a Gobernación, ni a su partido—, el castillo se derrumbó. Morena, que había sido su escudo, se convirtió en su verdugo. El comunicado oficial fue una obra maestra del cinismo: “Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda”. El problema no es la impunidad, sino la falta de protocolo; el pecado no es el delito, sino la indisciplina. El partido no se deslinda por los vínculos con el narcotráfico; se deslinda porque Rocha Moya no pidió permiso. Esa es la ética de la Cuarta Transformación: la lealtad al partido por encima de la ley, y el castigo a la desobediencia por encima del castigo a la corrupción.

La reacción de los gobernadores morenistas fue igualmente patética. En un pronunciamiento conjunto, manifestaron su desacuerdo y lo invitaron a actuar con “madurez y responsabilidad”, recordándole que “los proyectos personales no tienen cabida cuando se contrapesan con el bienestar de la Nación”. Pero esas palabras suenan a hueco cuando se recuerda que callaron durante meses mientras Rocha Moya permanecía en el cargo con una acusación formal de la DEA. No hubo pronunciamientos contra el narco gobernador cuando aún era útil; los hubo apenas cuando su regreso amenazó con salpicar a la presidenta.

Claudia Sheinbaum ofreció la versión más depurada de esta hipocresía. Sin mencionar a Rocha Moya, escribió que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo, y que el poder sin principios se vuelve arrogancia. Pero su gobierno, el mismo que consumaba el traslado exprés del contralmirante Farías Laguna desde Argentina para demostrar su lucha contra la impunidad, había permitido que Rocha Moya se mantuviera en el cargo durante meses después de la acusación estadounidense. La presidenta no lo frenó cuando aún era tiempo; lo desautorizó cuando ya era tarde. Su deslinde no es un acto de principios; es un acto de supervivencia política, un intento desesperado de despegarse de un cadáver político antes de que el hedor la alcance.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, fue quizás el más cínico. Apenas horas después del regreso, le sugirió a Rocha Moya que pidiera una nueva licencia. Y cuando el gobernador obedeció al día siguiente, Monreal saludó la decisión como “un gesto positivo”. Es decir: Monreal le ordenó irse, Rocha Moya se fue, y Monreal lo celebró como un triunfo de la cordura. Pero ¿qué clase de partido necesita ordenarle a su gobernador que se tome una licencia después de que ya la había tomado y regresado? ¿Qué clase de partido monta este esperpento de treinta y tres horas, este simulacro de gobierno, esta farsa jurídica que consiste en activar el fuero para blindarse y luego retirarse para no quemarse? La respuesta es simple: un partido que no tiene principios, solo cálculos; que no defiende la ley, solo sus intereses; que, como Ícaro, vuela cerca del sol de la impunidad y, cuando la cera comienza a derretirse, se apresura a deslindarse del vuelo que él mismo patrocinó.

Porque no nos engañemos: Rocha Moya no llegó por méritos propios. Llegó porque Morena lo postuló, el crimen organizado lo apoyó y la 4T lo mantuvo en el cargo durante años, a pesar de las evidencias que hoy pesan sobre él. El partido no lo abandonó por ética; lo abandonó por estrategia. Su deslinde es oportunismo puro: Morena no está contra la impunidad; está contra la impunidad que ya no puede ocultar.

El resultado es desolador para la credibilidad de Morena. Sinaloa no tiene gobernador; tiene un fantasma que aparece en videos, pide licencia, regresa para activar el fuero, y vuelve a irse. Pero Morena tampoco tiene un proyecto ético; tiene un manual de supervivencia que dicta abrazar al acusado mientras sea útil y patearlo cuando se vuelva incómodo. Sheinbaum es la gerente de una empresa política que sabe cuándo despedir a un empleado problemático para no manchar la marca. Y los gobernadores morenistas son empleados obedientes que cierran filas con la jefa y exigen “madurez” al compañero que cometió el error de no pedir permiso antes de salvar su propia piel. El Ícaro de Sinaloa cayó en la irrelevancia, y arrastró consigo la poca credibilidad que le quedaba a la Cuarta Transformación. Pero la verdadera lección del mito no es la caída de Ícaro, sino la responsabilidad de Dédalo, el arquitecto que construyó las alas. En esta versión, López Obrador es Dédalo: construyó las alas de cera, las bendijo, las puso en el cielo y, cuando el sol comenzó a derretirlas, se limitó a observar desde la orilla. “Seremos respetuosos del estado de derecho”, dijo el partido que durante años protegió a un hombre acusado de narcotráfico. La hipocresía es tan monumental que roza lo obsceno. Porque Morena es cómplice de su impunidad y su deslinde, lejos de redimirlo, lo condena como lo que es: un partido que solo cree en la ley cuando la ley ya no puede esconder a los suyos.