El fenómeno El Niño, que la Organización Meteorológica Mundial calificó como en intensificación desde julio de 2026, entra en su fase crítica para México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó el 18 de junio un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance categoría “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, según consigna la ficha técnica del Centro Gilberto Bosques del Senado. Para el país, el riesgo no es uniforme: se concentra en tres frentes que ya activaron protocolos gubernamentales —agua, agricultura y actividad ciclónica— y que ponen a prueba la capacidad institucional acumulada del Sistema Nacional de Protección Civil.
El primer frente es hídrico. Especialistas reunidos en el seminario “El Niño 2026” de la UAM advirtieron que el fenómeno podría agravar la crisis de disponibilidad de agua que ya enfrenta el país, con menor recarga de presas, ríos y acuíferos. La funcionaria Fabiola Sosa, de la propia universidad, señaló que México no puede responder únicamente con mayor extracción de agua subterránea, una práctica que profundizaría la sobreexplotación de cuencas. El documento del Centro Gilberto Bosques ubica a México y Centroamérica como una subregión con “déficit de lluvia y mayor actividad ciclónica en el Pacífico”, con presión directa sobre la agricultura de temporal y la industria maquiladora del norte y sureste.
El segundo frente es agrícola y alimentario. De acuerdo con datos difundidos en el mismo seminario, alrededor de 80% de la producción agrícola nacional se localiza en municipios que ya registran algún nivel de sequía, lo que expone al sector a menores rendimientos, mayores costos de bombeo, pérdida de cosechas y presión sobre los precios de los alimentos. La Organización Internacional del Trabajo, citada en la ficha técnica senatorial, advierte que este tipo de choques climáticos golpea con mayor fuerza a la agricultura estacional y al comercio informal, sectores donde se concentra buena parte de la fuerza laboral rural mexicana sin protección social ni acceso a seguros agrícolas.
El tercer frente es la temporada de ciclones. El SMN calcula que alrededor de cinco ciclones tropicales podrían impactar directamente el territorio nacional durante 2026, un escenario que coexiste con pronósticos de sequía en otras regiones del mismo periodo: julio y agosto con lluvias por debajo del promedio en el noreste, sur y sureste; octubre con posible recuperación de presas; y noviembre-diciembre con lluvias superiores a lo habitual y frentes fríos más intensos. Esta alternancia extrema —sequía seguida de exceso de lluvia en pocos meses— es, según el Cenapred, uno de los rasgos más desafiantes del episodio 2026-2027 para la planeación de protección civil.
Institucionalmente, México gestiona estos riesgos sin una comisión especializada como la que creó Perú tras la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia. En su lugar, el país integra los efectos de El Niño al marco general del Sistema Nacional de Protección Civil, bajo la Ley General de Protección Civil, junto con los instrumentos ordinarios de gestión hídrica y climática. Esta ruta institucional —común también a Colombia, Ecuador y Chile— permite incorporar el fenómeno a estructuras permanentes de prevención, aunque exige una coordinación más compleja entre autoridades meteorológicas, agrícolas, hídricas y de salud, sin el nivel de especialización técnica que ofrece, por ejemplo, la Comisión Multisectorial peruana (ENFEN), activa desde 1977.
El reto de fondo, coinciden especialistas nacionales e internacionales, no es solo meteorológico. La magnitud del impacto en México dependerá de si las medidas preventivas —alertas tempranas, refugios, planes familiares de protección civil y vigilancia epidemiológica— logran anticiparse a la doble amenaza de sequía e inundación antes de que ambas se traduzcan en pérdidas económicas y presión social sobre las comunidades agrícolas más expuestas del país.
La fuente para redactar este informe es un análisis del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.