La reducción del homicidio doloso y el incremento de acciones contra organizaciones criminales constituyen, para el Gobierno federal, los indicadores centrales de su estrategia en seguridad pública. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53%. Estos resultados, aunque relevantes, por sí solos no permiten conocer si las personas están experimentando una mejora integral de su seguridad.

Esa perspectiva la aporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y publicada el pasado 10 de septiembre. Su lectura señala riesgos que requieren atención para evitar que los avances de la estrategia gubernamental en materia de seguridad pública sean insuficientes o difíciles de sostener.

El primero es la magnitud y transformación del delito. En 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos, el nivel absoluto más alto desde 2012. Aunque la tasa por cada 100 mil habitantes disminuyó 1%, el volumen continúa siendo históricamente elevado. Además, la composición de la delincuencia está cambiando: entre 2018 y 2025, las tasas de fraude aumentaron 63%, las amenazas 54% y la extorsión 33%. En conjunto, estos tres delitos representaron 58% de los registrados por la ENVIPE en 2025.

Este cambio en la delincuencia requiere capacidades de investigación, prevención y atención distintas a la actual política de seguridad, además de una relación más cercana con las víctimas. De no responder a esta recomposición, existe el riesgo de que una reducción en ciertos indicadores conviva con la expansión de otras formas de victimización.

El segundo desafío es la distancia entre el delito que ocurre y el que conoce el Estado. En 2025, 93.4% de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. El dato —conocido como cifra oculta— prácticamente no ha mejorado en más de una década: en 2013 era de 93.8%. El problema es todavía mayor en extorsión (97.5%), fraude (96.5%) y amenazas (90.5%).

La cifra oculta limita la capacidad del Estado para conocer la dimensión, modalidades y distribución territorial de la delincuencia. También dificulta la prevención y la investigación. Por ello, la urgencia involucra recuperar información que hoy permanece en las víctimas mediante mecanismos sencillos, seguros y útiles que permitan convertir los reportes en inteligencia.

El tercer riesgo está relacionado con el costo que la inseguridad sigue imponiendo a los hogares. En 2025 alcanzó 388.7 mil millones de pesos, apenas 1.3% menos que en 2024 y 5.8% menos que en 2018. Mientras las pérdidas asociadas directamente con la victimización disminuyeron 15.7% entre 2012 y 2025, el gasto de los hogares en medidas de protección aumentó 27.9%. Esto significa que una parte creciente de la carga de la inseguridad se está trasladando a las propias familias.

La percepción de inseguridad ofrece una señal adicional. Entre 2019 y 2026, la proporción de personas que se sienten inseguras en su colonia o localidad disminuyó de 50.6% a 35.9%, y en el municipio pasó de 70.5% a 60.9%. Es una mejora importante en los espacios más próximos. Sin embargo, a escala estatal la reducción fue mucho menor: de 78.9% a 74%. Alrededor de siete de cada 10 personas todavía consideran insegura su entidad federativa. La inseguridad, por tanto, continúa condicionando el uso del espacio público, las rutinas y las libertades.

Finalmente, persiste una debilidad institucional que puede limitar la capacidad de respuesta. En 2026, 53.4% de las personas manifestó desconfianza hacia la policía de tránsito, 42.2% hacia la policía preventiva municipal y 40.3% hacia la policía estatal. También hay una elevada desconfianza hacia jueces, ministerios públicos y procuradurías. Esta situación es relevante porque las instituciones más cercanas a la prevención, denuncia e investigación del delito cotidiano son las que generan menores niveles de confianza.

Reducir homicidios y otros delitos de alto impacto es una buena noticia, pero convertir esas reducciones en seguridad sostenible exige reducir también la victimización, acercar la justicia a las personas, disminuir los costos económicos, recuperar espacios públicos y reconstruir la confianza.

Propuestas de política pública

1. Impulsar mecanismos para que las víctimas proporcionen información sobre los delitos sin necesidad de una denuncia formal de inicio

2. Fortalecer las capacidades y la confianza de las instituciones locales.

3. Ampliar las métricas con las que se evalúa la seguridad. 

El avance en seguridad pública requiere identificar con precisión dónde persisten las brechas. La evidencia de la ENVIPE 2026 ofrece una oportunidad para enriquecer la conversación pública y fortalecer las políticas existentes con información sobre la experiencia cotidiana de las personas.