El espejismo del optimismo oficial
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido, informe tras informe, en que la economía mexicana “está bien”. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el primer trimestre de 2026 cuentan una historia más matizada, y en algunos aspectos, contradictoria. Mientras la economía informal creció 2% respecto al mismo periodo del año anterior, el producto interno bruto avanzó apenas 0.2% anual, es decir, casi diez veces más lento que la informalidad. El contraste no es menor: revela una economía que se sostiene por sus márgenes no regulados, no por el dinamismo de su aparato productivo formal.
Informalidad: el amortiguador que se volvió estructura
La economía informal representó 25.2% del PIB durante el primer trimestre de 2026, su mayor participación desde que existen registros comparables, iniciados en 2005. El valor agregado bruto de este sector alcanzó 5 billones 942 mil 831 millones de pesos, y generó 16.37 millones de puestos de trabajo remunerados, un aumento de apenas 0.4% frente al año anterior. La lectura crítica es ineludible: la informalidad no es ya una válvula de escape temporal frente a un mercado laboral insuficiente, sino un componente estructural que ha ganado 2.5 puntos porcentuales de participación en el PIB desde 2018, precisamente el periodo en que la 4T prometió formalizar el empleo y “sacar de la pobreza” a millones de mexicanos. El contraste entre el discurso de justicia social y la realidad de la precarización laboral es uno de los puntos de fricción más incómodos para el relato oficial.
Programas sociales: el billón de pesos bajo presión
Los programas para el Bienestar implican una inversión superior a un billón de pesos y, según cifras oficiales, beneficiarán a cerca de 43 millones de personas al cierre de 2026. El costo político de reducirlos es alto en un ciclo electoral que ya mira hacia 2027; el costo fiscal de mantenerlos, sin una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes, empieza a ser insostenible. La aparente contradicción entre la promesa de bienestar universal y la disciplina fiscal que exigen las calificadoras crediticias no se ha resuelto: solo se ha postergado.
Deuda y déficit: la aritmética que no cuadra
La deuda pública, medida a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público, llegó a 19.2 billones de pesos en julio de 2026, equivalente a 51.2% del PIB, un incremento de 8.74 billones de pesos desde 2018. El gobierno destaca que el déficit de julio quedó por debajo de lo programado, un dato técnicamente cierto pero que oculta la tendencia de fondo: en el primer semestre del año, el déficit público creció 27.3% en términos reales, resultado de una combinación insostenible —ingresos que apenas subieron 0.1%, con caída en la recaudación, frente a un gasto que avanzó 2.1%, impulsado en buena medida por subsidios y transferencias—. Cuando el gasto crece más rápido que los ingresos de manera sostenida, la aritmética solo tiene una salida: más deuda o menos programas. El gobierno ha elegido, hasta ahora, la primera opción, aunque insiste discursivamente en la segunda.
La resistencia no es lo mismo que la fortaleza
El verdadero rostro de la economía mexicana no es el que describe la retórica presidencial, ni tampoco el catastrofismo simplista de sus críticos. Es una economía que resiste —con el amortiguador de la informalidad, con la disciplina fiscal de corto plazo del Servicio de Administración Tributaria, con la inversión extranjera directa que sigue llegando pese a la incertidumbre— pero que no crece, no formaliza empleo, y financia su ambición social con una deuda que se expande más rápido que su capacidad de pagarla. La diferencia entre resistir y prosperar es la distancia que separa el discurso de la evidencia estadística.
¿Puede una economía sostenerse indefinidamente sobre la informalidad y la deuda, o llegará el momento en que ambas dejen de amortiguar y empiecen a cobrar la factura?