Una fotografía institucional con luces y sombras
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó, con motivo del Día Internacional de la Democracia, un diagnóstico estadístico del Poder Legislativo estatal mexicano que ilustra una paradoja central del sistema político: la representación formal ha avanzado, pero la legitimidad sustantiva se erosiona. En el último periodo ordinario de sesiones de 2024, de las 1,122 personas legisladoras en los congresos estatales, 54.0% fueron mujeres, 45.9% hombres y 0.1% personas no binarias, una composición que coloca a México entre los países con mayor paridad legislativa subnacional del continente. Sin embargo, esta conquista cuantitativa convive con un dato que debería inquietar a cualquier analista del sistema de partidos: 15.9% de la población adulta declaró no tener absolutamente ninguna confianza en sus diputados locales, mientras que apenas 1.8% expresó confianza total. La brecha entre la arquitectura institucional y la percepción ciudadana no podría ser más elocuente.
El peso desproporcionado de Morena en el mapa legislativo
Más allá de la composición de género, el censo revela un dato de fondo político mayor: Morena concentra 43.1% de las curules estatales a nivel nacional y es la fuerza mayoritaria en 24 de las 32 entidades federativas. Esta cifra confirma la magnitud de la hegemonía territorial que el partido gobernante ha construido desde el ámbito subnacional, un fenómeno que trasciende la competencia electoral tradicional entre partidos y que plantea interrogantes sobre el pluralismo real del sistema. El PAN, por contraste, solo mantiene mayoría legislativa en dos entidades —Aguascalientes (63.0%) y Guanajuato (41.7%)—, lo que evidencia la contracción territorial de la otrora segunda fuerza política del país. El PRI conserva relevancia únicamente en Coahuila (40.0%) y Nuevo León (26.2%), mientras que Movimiento Ciudadano sostiene su enclave en Jalisco (26.3%). Tlaxcala, con 36.0% de partidos locales, es la única entidad donde estructuras políticas regionales superan a los partidos nacionales, un dato que merece explorarse como excepción significativa al patrón dominante.
Esta distribución no es menor para la discusión sobre el equilibrio de poderes: cuando un solo partido controla las tres cuartas partes de los congresos estatales, los mecanismos de control político y de contrapeso legislativo —funciones que el propio INEGI señala como esenciales para la democracia— dependen más de la disciplina interna del partido gobernante que de la pluralidad entre fuerzas opositoras.
Juventud excluida, edad concentrada
El informe también documenta una desconexión generacional notable: 82.0% de las personas legisladoras tenía entre 30 y 59 años, y en los congresos de Coahuila, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora no se identificó ni una sola persona legisladora menor de 30 años. La renovación generacional, discurso recurrente en la retórica de varios partidos, no se refleja en la composición efectiva de las cámaras estatales. La mayoría relativa —mecanismo que privilegia estructuras y candidaturas ya consolidadas— sigue siendo la vía de acceso predominante, con 6 de cada 10 legisladores electos por esta modalidad frente a 4 de cada 10 por representación proporcional, salvo en la Ciudad de México y Jalisco, donde la proporción se equilibra.
La confianza, el verdadero termómetro democrático
El dato más revelador, sin embargo, es el de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública: la desconfianza hacia los diputados locales alcanza casi uno de cada seis adultos, con las mujeres reportando niveles de desconfianza ligeramente superiores a los hombres (16.8% frente a 14.9%). Este hallazgo contrasta de forma directa con el avance en paridad de género que el propio censo celebra: haber alcanzado la paridad numérica no ha bastado para generar percepción de representación efectiva entre la ciudadanía, y en particular entre las mujeres, que son mayoría en los congresos pero también las más críticas hacia la institución que integran.
La democracia mexicana exhibe, así, un doble movimiento: por un lado, una ingeniería institucional que ha logrado una paridad de género ejemplar y un marco jurídico de representación mixto; por otro, una ciudadanía que observa con escepticismo creciente a quienes la representan, en un contexto de hegemonía partidista territorial sin precedentes recientes. ¿Puede sostenerse la legitimidad democrática de un sistema legislativo cuando la representación formal crece mientras la confianza ciudadana se contrae?