Una acusación que ya no sorprende
Que Donald Trump señale a México como “epicentro” de la violencia de los cárteles dejó de ser noticia hace meses. Desde la cumbre Escudo de las Américas en marzo, pasando por su discurso ante el Congreso en febrero y sus reiteradas advertencias sobre una eventual “fase terrestre” contra el narcotráfico, el mandatario estadounidense ha convertido esa frase en un estribillo de su política exterior hacia el hemisferio. La lectura más extendida entre analistas mexicanos atribuye esa insistencia al calendario: con las elecciones intermedias del 3 de noviembre acercándose y su aprobación estancada por debajo del 40 por ciento según encuestas recientes, Trump necesita un enemigo externo tangible que reactive a su base. La narrativa funciona, además, porque no exige resultados verificables en el corto plazo; basta con la retórica de la amenaza.
Lo que la lectura electoral no explica
Sin embargo, reducir la ofensiva discursiva a un cálculo de coyuntura deja fuera un antecedente que cambió las reglas del juego regional: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Ese episodio no fue una operación simbólica. Incluyó un acuerdo para que Estados Unidos comercialice millones de barriles de petróleo venezolano y una restructuración del gabinete de Caracas bajo supervisión estrecha de Washington. Analistas como Enderson Sequera han descrito a Rodríguez como una administradora cuya legitimidad depende, en buena medida, de su función como facilitadora del plan estadounidense, más que de un respaldo popular propio: su aprobación ronda apenas el 29 por ciento. Si ese es el molde que algunos observadores insinúan para México, la pregunta que exige el momento no es retórica sino estructural: ¿busca Washington administradores dóciles antes que gobiernos soberanos en la región?
La comparación con sus límites
La analogía entre Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez, sin embargo, tropieza con diferencias que ningún ejercicio comparativo puede ignorar. Sheinbaum llegó al poder mediante una elección constitucional con más de 35 millones de votos, no por la captura militar de su antecesor. Su nivel de aprobación, cercano al 69 por ciento según mediciones recientes de firmas internacionales, la ubica como la mandataria mejor evaluada de América Latina, en las antípodas del respaldo prestado que caracteriza a Rodríguez. Además, la presidenta mexicana ha sostenido públicamente una postura de rechazo a la intervención militar estadounidense en territorio nacional, algo que contrasta con la subordinación operativa que Washington ejerce sobre Caracas. Equiparar ambos casos sin matices convierte una hipótesis analítica legítima en una simplificación que le hace un flaco favor al debate público.
La fricción real: presión sin intervención declarada
Donde sí existe una tensión genuina es en el terreno intermedio entre la retórica y la acción. Trump ha combinado los señalamientos verbales con instrumentos concretos de presión: la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, amenazas explícitas de actuar unilateralmente si México “no hace el trabajo” y exigencias de mayor inversión en seguridad, inspecciones aduaneras y procesamiento de funcionarios señalados por vínculos criminales. Ese repertorio no equivale a una intervención militar declarada, pero tampoco es diplomacia convencional. Es presión gradual, sostenida y diseñada para condicionar decisiones internas mexicanas sin cruzar —todavía— la línea que sí se cruzó en Venezuela. El gobierno mexicano ha respondido con un discurso de soberanía (“en México gobierna el pueblo, nadie más”), pero ese discurso convive con operativos de seguridad cada vez más coordinados con Washington, una ambigüedad que el propio gobierno no ha resuelto públicamente.
Una hipótesis que exige vigilancia, no alarmismo
El error estaría en dos extremos: descartar la hipótesis del proyecto de largo plazo como fantasía conspirativa, ignorando que Washington ya demostró en Venezuela su disposición a actuar más allá de la retórica; o adoptarla sin matices, borrando las diferencias sustantivas de legitimidad, respaldo popular y arquitectura institucional entre ambos países. Lo que sí revela el patrón es una estrategia estadounidense hemisférica que combina presión económica, señalamiento público y disposición militar como herramientas intercambiables según el país y el momento. México, a diferencia de Venezuela en 2025, todavía cuenta con un gobierno con legitimidad electoral robusta y capacidad de negociación. La incógnita es cuánto tiempo esa ventaja seguirá siendo suficiente para contener una presión que, en el resto del continente, ya demostró hasta dónde está dispuesta a llegar.