El espejismo de los 130 millones

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI confirma que México alcanzó 130.9 millones de habitantes, un dato que el discurso oficial celebrará como prueba de vitalidad demográfica. Sin embargo, la cifra que verdaderamente debería ocupar la agenda pública no es el tamaño de la población, sino su composición: la edad mediana pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, mientras la tasa de crecimiento poblacional se desplomó de 1.0 a 0.7 por ciento anual. El país que durante décadas presumió su “bono demográfico” —esa ventana histórica en la que la mayoría de sus habitantes se encontraba en edad productiva— empieza a cerrarla sin haber cobrado el dividendo que prometía.

Una promesa incumplida

Instituciones como el Consejo Nacional de Población y organismos internacionales calcularon que el bono demográfico mexicano se extendería, en su forma más favorable, hasta 2025 o 2030. La literatura especializada coincide en un diagnóstico incómodo: la ventana existió, pero el aparato productivo nacional no logró capitalizarla. El grueso del crecimiento de la población económicamente activa fue absorbido por la informalidad y el subempleo, no por el empleo formal que hubiera permitido construir historiales de cotización sólidos. La propia EIC 2025 lo evidencia de forma indirecta: apenas 70.5 % de la población ocupada es asalariada y solo 66.8 % de ese grupo cuenta con al menos una prestación laboral. México llega al final del bono con un mercado laboral que nunca terminó de formalizarse.

El costo que ya se anticipa

El envejecimiento no es un fenómeno neutro para las finanzas públicas. Analistas y centros de investigación fiscal han advertido que la carga del sistema de pensiones crecerá de manera simultánea en dos frentes: aumentará el número de beneficiarios y se extenderá el tiempo durante el cual cada persona recibirá una pensión, como consecuencia de la mayor esperanza de vida. La propia encuesta documenta una señal de alarma en esa dirección: entre 2020 y 2025, la proporción de hogares que dependen de ingresos ajenos al trabajo —incluidas transferencias por jubilación o pensión— aumentó de manera sostenida, al tiempo que los hogares beneficiarios de programas gubernamentales pasaron de una cuarta parte a más del 41 por ciento del total. La pregunta de fondo es si ese crecimiento del ingreso no laboral refleja una política social exitosa o, más bien, la sustitución progresiva de un mercado de trabajo incapaz de sostener a la población que envejece.

La contradicción del relato oficial

Aquí se abre la fricción política central. El gobierno de la Cuarta Transformación ha construido buena parte de su legitimidad en la expansión de programas sociales universales, particularmente las pensiones para adultos mayores, presentadas como un acto de justicia histórica. Los datos de la EIC 2025 pueden leerse como validación de esa política: más hogares reciben apoyo, la pobreza extrema por ingresos podría contraerse en el corto plazo. Pero el mismo dato admite una lectura opuesta, la de especialistas en finanzas públicas: un sistema de transferencias no contributivas que crece a un ritmo mayor que la base de cotizantes formales configura un pasivo fiscal de largo plazo, no un activo. El relato de la justicia social y el relato de la insostenibilidad fiscal parten de la misma cifra y llegan a conclusiones irreconciliables, y ningún actor político ha ofrecido todavía una síntesis creíble entre ambos.

Lo que la encuesta no resuelve

Otros datos alimentan la incertidumbre. La fecundidad continúa su caída —de 2.1 a 1.9 hijos promedio por mujer— en un país donde el 24.2 % de la población aún se autoadscribe como indígena y donde persisten brechas regionales profundas de acceso a salud, con apenas 72.5 % de la población afiliada a alguna institución. El envejecimiento no llegará de manera uniforme: golpeará primero y con más fuerza a las entidades y comunidades que ya arrastran los mayores rezagos estructurales, mientras las metrópolis con mejor infraestructura sanitaria absorberán el impacto con más holgura. La transición demográfica, en ese sentido, corre el riesgo de convertirse en otro multiplicador de la desigualdad territorial que el país nunca resolvió durante sus años de bono.

México deja de ser una nación joven sin haber saldado las deudas que esa juventud debía financiar. ¿Está el sistema político mexicano, con su actual arquitectura fiscal y su discurso de justicia social inmediata, preparado para sostener a una población que envejece más rápido de lo que el país logró industrializarse?