Aunque ya no debería sorprendernos, los morenos salieron con otra cochinada o, utilizando el término castizo: marranada. El término cochino, del que deriva la palabra cochinada, es un aztequismo.

La presidenta de la República ha presentado una iniciativa para reformar la Constitución Política. Es lo que va con su costumbre. Ahora que los morenos ven peligrar sus privilegios y hasta enjuagues, van contra otros políticos que pudieran hacerles competencia; su acción está encaminada a excluir, preferentemente, a un rubro específico: los norteños, los que tienen doble nacionalidad. Los consideran un peligro; intentan impedirles que compitan y, eventualmente, que lleguen al poder, en un primer nivel. Lo pretenden hacer mediante la aprobación de normas retroactivas y de naturaleza privativa o especial. Ambas están prohibidas por la Constitución (artículos 13 y 14) y por las Convenciones Internacionales.  A aquella, según es su costumbre, la pueden violar; a éstas, a las, Convenciones internacionales, ignorar.

Los morenos prevén a distancia; se adelantan a los problemas. A tiempo procuran soluciones: para eliminar la competencia; recurren a las mañas, las que, como buenos priistas que fueron, aprendieron en su paso por el Revolucionario.

Lo que pretenden los morenos, en el fondo, al incorporar una limitante a los Derechos Políticos, es introducir en ella una forma de ley retroactiva y privativa; lo que está prohibido hacer. Les vale. Como lo que les sobra es desvergüenza, lo van a intentar y hasta lograr. Aprobar esta clase de normas es lo que va con Morena y los miembros de la agónica 4T.

Nunca van a proponer como limitante, por ejemplo, la de no tener vínculos con la delincuencia organizada. Pudieran ser corruptos y andar en malos pasos, pero no son tontos ni locos: no se dan con una piedra en el hocico. Fingen ser demócratas, pero son unos vivales de la política; navegan con bandera de honestos e impolutos, no lo son; aparentan ser demócratas, pero están trabajando para imponer una dictadura, no del proletariado, pero sí la del ilícito.

Como la consejera jurídica de la Presidencia de la República, no digo su nombre, si bien posee el título de licenciada en Derecho, no sabe Derecho, por ello me propongo ayudarla; lo hago con el fin de evitar que, como es su costumbre, se vuelva a equivocar y lo haga en perjuicio de los mexicanos, en daño del orden jurídico fundamental y desmedro internacional. Ella ni para hacer listas de comunicadores indeseables sirve.

Lo que se pretende con la iniciativa que se anuncia es excluir, principalmente, a aquellos cuyas madres hicieron turismo de maternidad y que fueron a dar a luz en sanatorios de los EUA; sus hijos, en el pasado y ahora, ocupan cargos importantes en la administración pública, tanto federal como local: léase Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla Valdez, Nestora Salgado, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado y otros. Es evidente que la reforma no va encaminada a excluir a quienes tienen como segunda nacionalidad la guatemalteca o la beliceña. De paso, con la reforma, se afectaría, según dicen, a Ricardo Salinas Pliego.

En estas notas me limito a dar algunas sugerencias; son susceptibles de ser depuradas, engrosadas, afinadas y, por qué no admitirlo, incluso, corregidas. Reconozco que, como con el grueso de los mexicanos, soy falible y que no soy presidente de la República: infalible, para disponer que los legisladores no le muevan ni una coma (,).

Como los Morenos, por una u otra razón, a la mala y a la buena, se apropiaron de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, en esta colaboración me limito a dar algunas sugerencias de cómo deben hacerle para que no tengan que manosear muchos preceptos de la Constitución.

Por tratarse de una limitante a los Derechos del Ciudadano, si lo que se pretende es excluir de la vida política de primer y segundo nivel a los ciudadanos que gocen de doble nacionalidad, es evidente que se requiere de una reforma a la Constitución.

Para evitar que el mes que entra se tenga volver a reformar la Constitución para eliminar sus propios errores y excluir a otros políticos que están creciendo, de una vez incluyan a todos y como en la 4T, por ignorantes y precipitados, son dados a embrollar las cosas de manera innecesaria y absurda, les digo: la solución para excluir a todos los que tienen doble nacionalidad es muy sencilla: agreguen al artículo 32 un párrafo; éste, de manera tentativa, pudiera disponer:

“Los ciudadanos mexicanos que posean más de una nacionalidad estarán incapacitados para ocupar los cargos de presidente de la República, secretarios de estado, diputados y senadores al Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces federales, auditor superior de la Federación, gobernadores, jefe de gobierno, magistrados de los tribunales locales y legisladores a los congresos locales.

“La ley reglamentará este precepto”.

Con una solución como la anterior, no habría necesidad de modificar los artículos 55, 79, 82, 91, 95, 97, 102 A, 116 y 122 constitucionales. Esa fórmula, que a todas luces es ley privativa, a pesar de que se incorpore en la Constitución, no daría base para que fuera aplicada retroactivamente. Ricardo García Salinas, Francisco García Cabeza de Vaca y otros pueden dormir tranquilos.

En las leyes electorales pudiera disponerse que quienes pretendan registrase como candidatos a ocupar alguno de los cargos anteriores, deberán, bajo protesta de decir verdad, que no poseen otra nacionalidad además de la mexicana; y, en caso de tenerla, renunciar a ella; en esas leyes pueden incluirse otros detalles.

Para redondear la prohibición pudiera agregarse en el Código penal federal un apartado en el que se castigue, de manera expresa, cualquier manifestación o declaración falsa que se formule con vista a eludir la prohibición constitucional

De complicarse los negocios políticos para Morena, dado a que eso va con el ADN de los izquierdosos, como lo son ellos, a imitación de Daniel Ortega, de Nicaragua, con el tiempo también podrían prohibir las elecciones, declarar ilícitos los partidos políticos, eliminar los derechos a la libre manifestación de las ideas, de asociación y desaparecer lo derechos políticos. Será muy sencillo: eliminen el término democrático del artículo 39 y dispongan que quedan derogados todos los preceptos de la Constitución que sean contrarios a una dictadura del proletariado.

A partir de la reforma al artículo 1º de 10 de junio de 2011, los principios de no retroactividad de las leyes y el que prohíbe las leyes privativas, son absolutos, universales y sin excepciones: “A ninguna ley se dará efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna” (art. 14 constitucional). Comprende también normas retroactivas y privativas derivadas de una reforma a la Constitución.

Con vista al artículo primero constitucional vigente, los morenos no pueden salir con que las normas que permiten esas excepciones son parte de la Constitución, por lo mismo: son válidas y admisibles. Este es un argumento que a partir de 2011 no puede ser invocado válidamente. La reforma sería anti convencional. Sería aplicable únicamente a los que nazcan con posterioridad a la publicación de la reforma,

Los afectados por la reforma, para estar en posibilidad de recurrir ante las instancias internacionales; deberán agotar previamente los juicios y recursos locales: amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad.

El autor es Catedrático Universidad Autónoma Metropolitana.