El resultado de la prueba PISA 2025 no es un número más en una tabla internacional. Es el diagnóstico reciente y actual más claro y contundente de que el sistema educativo público mexicano está fallando a la generación que debería ser el motor del país en las próximas décadas. México obtuvo 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas. En el ranking general (ordenado por ciencias) se ubica alrededor del lugar 64 de 91 países y economías participantes. Entre los países de la OCDE, se mantiene en los últimos lugares. Casi cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años (41.8 %) no alcanzan el nivel mínimo de competencia en las tres áreas básicas y estos resultados no son abstractos. Impactan de manera directa a más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas, y a los más de 15 millones de familias que dependen exclusivamente de ese sistema para educar a sus hijos y que hoy ya están padeciendo las consecuencias.
Cuando casi la mitad de los adolescentes de 15 años no logra comprender un texto básico, interpretar datos simples o realizar operaciones matemáticas elementales, lo que está en juego no es un ranking, sino su futuro inmediato. Estos jóvenes serán los que en cinco o diez años intenten ingresar a la educación media superior, a la universidad o al mercado laboral. Llegarán con deficiencias estructurales que ningún “curso de regularización” de último momento podrá corregir por completo y la deserción se convertirá en un ÉXODO EDUCATIVO en los siguientes niveles. Estos resultados confirman que el porcentaje de estudiantes de alto desempeño en México es prácticamente inexistente (0.5 %), mientras el de bajos desempeños se mantiene alarmantemente alto. Con ello confirmamos que la Nueva Escuela Mexicana no solo no está elevando a los más vulnerables: tampoco está formando.
Más de 15 millones de hogares mexicanos confiaron en la escuela pública con la promesa de un desarrollo integral. Cuando la agenda educativa no está centrada en su papel y entrega resultados mediocres de manera sistemática, el daño no se limita al estudiante, sino que se extiende a la dinámica familiar, a las expectativas de los padres para la mejora de calidad de vida de sus hijos. La actual Crisis Educativa que padecemos esfuma ese sueño convirtiendo esas realidades como ahora inalcanzables. El riesgo no se limita al ámbito educativo: es económico y social. Un país con millones de jóvenes sin competencias básicas tendera un reflejo negativo en la fuerza laboral productiva, menos adaptable al uso de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial y más vulnerable a la informalidad y a la pobreza e incluso a merced de los grupos delincuenciales que tocan cada vez más fuerte la puerta en las escuelas.
Si la autoridad educativa ignora estos resultados es aceptar que el sistema educativo público está dejando de ser un brazo de articulación de apoyo a la sociedad para convertirse en un mecanismo de reproducción de desigualdades. La crisis no se resuelve justificando la realidad que nos alcanzó ni con cambios cosméticos de nombre a planes de estudio u ofertas que no se concretan. Exige decisiones de fondo. La autoridad educativa, empezando por la Secretaría de Educación Pública, debe asumir al menos estas exigencias mínimas e inaplazables:
- Dejar de relativizar los resultados o de atribuirlos exclusivamente a “factores externos”. E implementar un programa emergente que detenga la Crisis. El estancamiento y el retroceso son de largo plazo y priorizar el dominio de lo fundamental: Lectura, matemáticas y pensamiento científico no pueden seguir diluidos en un currículo sobrecargado y superficial.
- Fortalecer a los docentes y al tiempo efectivo de aprendizaje. No se trata solo de aumentar salarios, sino de asegurar que la autoridad del docente en el aula y que cuenten con condiciones reales de trabajo (menos carga administrativa y más enfoque en lo académico).
- Atacar con urgencia la desigualdad dentro del sistema público. Los recursos, los mejores docentes, programas de acompañamiento y mejora a la infraestructura educativa deben concentrarse de manera prioritaria en las escuelas en zonas urbanas y rurales.
PISA 2025 no inventó la crisis educativa mexicana. Solo la midió con claridad. Mientras la autoridad siga privilegiando la narrativa sobre los resultados, más de 20 millones de estudiantes del sistema público seguirán pagando el precio de un modelo que no responde a sus necesidades. Y más de 15 millones de familias verán cómo se cierra, una vez más, la posibilidad de que la educación sea el camino real de superación. El costo de no actuar ya no es solo educativo. Es el costo de hipotecar el futuro productivo y social del país.
El autor es Presidente Nacional de la UNPF.