Octavio Romero Oropeza, Carlos Ulloa y José María “Chema” Tapia encarnan una de las paradojas más vistosas del movimiento oficialista: el vertiginoso crecimiento patrimonial de algunos de sus cuadros. Mientras el discurso institucional enarbola la austeridad como premisa ineludible, las declaraciones y trayectorias de estos funcionarios dibujan una realidad económica francamente boyante.

El caso de Octavio Romero Oropeza, actual director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), resulta ilustrativo. Tras el debate generado por su reticencia inicial a transparentar sus bienes, la divulgación de su patrimonio reveló una fortuna de 47 millones de pesos. Según sus propias explicaciones, tal suma deriva de 44 años de trabajo. La cifra implica que, desde 1982 —y a lo largo de las severas crisis financieras que atravesó el país—, el funcionario mantuvo una capacidad de ahorro superior al millón de pesos anuales.

A ese expediente se suman los movimientos financieros de su entorno cercano. Su hija, María Eugenia Romero, declaró 1.2 millones de pesos bajo el concepto de “donaciones”, un rubro que un año antes apenas alcanzaba los 5 mil pesos, sin que se haya precisado el origen de dichos recursos. En el mismo periodo, sus ingresos sumaron 2.5 millones de pesos, mientras que otra fracción de su patrimonio quedó clasificada como confidencial al separarse, en diciembre de 2025, del cargo de magistrada de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco (TJA).

La prosperidad patrimonial también alcanza a Carlos Ulloa, actual director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y exsecretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ulloa atrajo la atención pública tras confirmarse la adquisición de dos departamentos por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos entre 2020 y 2023, pagados al contado. Frente a los cuestionamientos —considerando un sueldo promedio mensual de 100 mil pesos en la función pública—, el servidor público argumentó que los fondos procedían de sus “ahorros y herencias”.

Por su parte, José María “Chema” Tapia representa el perfil de la pragmática incorporación de antiguos militantes de la oposición. Director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, hoy integra las filas de Morena y aspira a la candidatura para las elecciones de 2027 en Querétaro. Según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Inmunidad (MCCI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le da seguimiento por no reportar el IVA y eludir el ISR en la venta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 1,330 ventiladores durante la emergencia sanitaria, una operación por 1,236 millones de pesos. MCCI señala que, mientras las autoridades fiscales enviaban requerimientos de pago, Tapia adquiría inmuebles, entre ellos un departamento de ultralujo en Miami.

La mirada del fisco también se posa sobre otras figuras ligadas al entorno político gubernamental. El SAT colocó en la antesala del embargo a Argos Producciones, vinculada al productor Epigmenio Ibarra, y a IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada al diputado federal y vocero parlamentario Arturo Ávila Anaya, debido a adeudos millonarios. En mayo de 2025, se dio a conocer que Ávila poseía una residencia de 4.8 millones de dólares en San Diego, California; el legislador sostuvo que la propiedad se salda mediante un crédito respaldado por su empresa y que constituye “el producto del trabajo de toda la vida”.

En este recuento de fortunas consolidadas no puede omitirse a Andrés Manuel López Beltrán. Tras difundirse sus viajes al extranjero, compras de artículos de alta gama y su participación en el sector de renta de hospedaje de lujo, se ha puesto bajo la lupa su trayectoria. Más allá de sus emprendimientos privados en el sector chocolatero y vinícola, sus registros públicos de ingresos principales corresponden a su labor como asesor en el Senado (2016-2018) y a su cargo como secretario de Organización de Morena, con un sueldo reportado de aproximadamente 127 mil pesos mensuales, además de la herencia de una finca cacaotera.

En conjunto, estos casos contrastan con las carencias de millones de ciudadanos que subsisten con ingresos limitados. La holgura económica de estos personajes demuestra que, para ciertos perfiles de la política nacional, la bonanza marcha a un ritmo muy distinto al del resto del país.