El Reino Unido prometió “recuperar el control” migratorio con el Brexit y terminó con la mayor expansión de visados laborales de su historia. Un informe de Migration Watch UK, publicado en agosto de 2026, sostiene que el sistema de puntos aprobado en 2020 liberalizó lo que decía restringir. Los datos son contundentes. Su interpretación es más discutible, y ahí está el debate.
Lo que dicen las cifras
Los visados de trabajo pasaron de unos 120.000 anuales en 2019-2020 a más de 600.000 en 2023, y se moderaron a cerca de 400.000 en 2024. El visado para trabajadores de salud y cuidados ha acumulado casi 710.000 concesiones desde 2020. En 2023 los familiares acompañantes (unos 260.000) superaron a los trabajadores principales (unos 225.000), con 1,16 dependientes por trabajador.
La procedencia también se concentró: India, Nigeria, Pakistán y Filipinas sustituyeron a Europa. Solo India acumula más de 1,4 millones de visados desde 2005. Los autores proyectan además unas 384.000 residencias permanentes entre 2025 y 2029 solo por las cohortes de 2020 a 2024. Su conclusión es que, aunque se cierre el grifo hoy, el efecto demográfico seguirá años.
La paradoja del control
El informe cita a Boris Johnson, quien afirmó que su gobierno devolvió el “pleno control legal” de las fronteras, incluida la posibilidad de “cero inmigración”. Los autores admiten que tiene razón en lo formal y que Londres es hoy soberano sobre sus fronteras. Pero eso desmonta parte de su propia tesis: si el control existe y no se ejerció, el fallo no es de arquitectura institucional sino de decisión política. Las cifras las produjeron reglas que el Parlamento pudo escribir de otro modo.
Donde el informe se contradice
Sobre la permanencia. Las proyecciones de residencia usan tasas de una década atrás: 42 % de trabajadores y 60 % de familiares presentes a los cinco años. Sin embargo, el propio documento cita al Comité Asesor de Migración, que sitúa la permanencia en 85 % para la cohorte de 2019 y en 88,2 % en salud y cuidados. Si esos datos son correctos, las proyecciones podrían quedarse cortas; si no lo son, el sustento se debilita. El lector no recibe aclaración.
Sobre el impacto fiscal. El texto afirma que los beneficios económicos son “ínfimos, si no netamente negativos”. La fuente que invoca dice algo más prudente: que considerar la mayor permanencia de los cuidadores reduciría los beneficios fiscales proyectados. Reducir no equivale a ser negativo.
Sobre las cifras de dependientes. Según el apartado, representan más del 53 %, el 51 % o el 44 % de los entrantes en 2023. Las bases de cálculo difieren, pero el texto no siempre lo explica, y una tesis apoyada en la palabra “crisis” exige precisión.
La causa que el informe reconoce y minimiza
El hallazgo más incómodo del propio documento apunta a la política interna. Reconoce que la escasez de personal sanitario refleja décadas de subinversión y que el Estado limita las plazas de medicina (8.126 en 2025) mientras contrata médicos en el extranjero, incluidos 3.135 médicos de cabecera. Es decir, la inmigración tapó una grieta que otros departamentos abrieron. Aun así, las recomendaciones se concentran en cerrar puertas: topes, restricciones a familiares y un periodo de espera más largo para la residencia. La propuesta de una obligación legal de coherencia entre ministerios queda como una línea final, cuando por su lógica debería encabezar el documento.
El caso que ofrece como modelo, la escasez de conductores de camiones resuelta con salarios más altos, es ilustrativo, pero difícil de extrapolar a un sector de cuidados financiado con recursos públicos limitados. El informe no calcula el costo de subir salarios en ese sector ni quién lo pagaría.
Lectura crítica
Conviene recordar quién habla. Migration Watch es una organización fundada en 2001 que defiende la reducción de la inmigración. Su vocabulario (“Boriswave”, “crisis de dependencia”, “maquinaria de crecimiento poblacional”) delata una posición, y sus fuentes son mayoritariamente oficiales, lo que sostiene la parte descriptiva del análisis. Quedan fuera las voces de empleadores, del sistema sanitario y de quienes advierten sobre el envejecimiento demográfico, que responderían que la demanda de mano de obra no desaparece por decreto.
Hay una advertencia que merece atención más allá de la ideología: el desfase entre lo que se decide y lo que se ve. Los efectos de 2021-2023 llegarán como concesiones de residencia cuando los ministros de turno ya exhiban descensos de visados. Cualquier gobierno que ignore ese calendario será juzgado por decisiones ajenas, y quien lo aproveche políticamente tendrá que explicar por qué las propias reglas permitieron ese resultado.