El 10 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, correspondiente al ejercicio 2025. El documento arroja una fotografía que contrasta, en varios frentes, con el relato de éxito que el gobierno federal ha construido en los últimos meses en torno a su Estrategia Nacional de Seguridad.

El espejismo estadístico

Durante julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la percepción de inseguridad había caído de 63.8 % en diciembre de 2025 a 59.8 % en junio de 2026, citando para ello la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también elaborada por el INEGI. La lectura oficial fue replicada por organismos empresariales como CONCANACO SERVYTUR, que reconoció los avances de la estrategia encabezada por la mandataria y el secretario Omar García Harfuch.

Sin embargo, la ENSU y la ENVIPE no son el mismo instrumento ni miden lo mismo: la primera es un sondeo urbano y trimestral centrado exclusivamente en percepción; la segunda es un levantamiento anual y nacional que además captura victimización real, costos económicos y desempeño institucional. La ENVIPE 2026 sitúa la percepción de inseguridad estatal en 74.0 %, una cifra que, aunque muestra una ligera disminución respecto a 2025, dista considerablemente del 59.8 % divulgado desde Palacio Nacional. La superposición discursiva de ambas encuestas —presentadas ante la opinión pública como si narraran una sola realidad— constituye ya un primer punto de fricción entre la comunicación gubernamental y el rigor metodológico.

La arquitectura de la impunidad

Más allá de la disputa entre indicadores, el dato que sostiene la crítica estructural es otro: de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025, únicamente 9.0 % se denunció, una proporción inferior incluso al 9.6 % registrado en 2024. La cifra oculta —delitos no denunciados o no investigados— alcanzó 93.4 % del total, prácticamente idéntica al 93.2 % del año anterior. Es decir, mientras la prevalencia delictiva general retrocedió de manera marginal (de 24 135 a 23 473 víctimas por cada 100 mil habitantes), el aparato de procuración de justicia permaneció estático en su incapacidad para procesar el delito que sí llega a su conocimiento.

De las denuncias donde se abrió carpeta de investigación, 77.6 % no arrojó conclusión alguna durante el año de referencia. Solo 1.1 % del total de delitos cometidos en México tuvo una resolución favorable para la víctima. La pregunta que se impone no es si la delincuencia disminuye, sino si el sistema de justicia mexicano es, en los hechos, funcional para la ciudadanía que decide denunciar.

El costo invisible

El informe cuantifica en 267.3 mil millones de pesos el costo total de la inseguridad para los hogares mexicanos durante 2025, equivalente a 1.06 % del Producto Interno Bruto. De ese monto, 62.1 % corresponde a pérdidas económicas directas por victimización y 34.3 % a gasto preventivo —cerraduras, rejas, cambio de puertas—, es decir, a una privatización silenciosa de la seguridad que los hogares asumen ante la ausencia de garantías institucionales.

La confianza asimétrica

Un hallazgo adicional expone otra contradicción: mientras 89.5 % de la población confía en la Marina y 88.9 % en la Fuerza Aérea, la confianza en corporaciones civiles como la policía ministerial, la fiscalía estatal o el Ministerio Público —precisamente las instancias responsables de atender denuncias— resulta comparativamente menor. La ciudadanía deposita su confianza en las fuerzas armadas, no en el sistema civil de justicia, lo que interroga directamente la lógica detrás de la creciente militarización de tareas de seguridad pública en México.

Los delitos sexuales, por su parte, mantienen una brecha de género elocuente: 3 365 casos por cada 100 mil mujeres frente a 341 por cada 100 mil hombres, una proporción de diez a uno que la ENVIPE 2026 registra sin que se traduzca aún en una respuesta institucional diferenciada.

¿Puede hablarse de una estrategia de seguridad exitosa cuando el 93 % de los delitos sigue sin castigo?