Cuando un arroyo estancado se transforma en lodazal, no basta cubrirlo con pedruscos: es preciso escarbar y llegar a donde hay tierra firme y de allí empezar a tapar el agujero. La Cuarta Transformación triunfó en las urnas con la promesa de que se atacarían las causas de la corrupción, los hechos demostraron que tal promesa se hacía con el propósito de tapar los hoyancos con más lodo, y una metodología mejor elaborada. Con el costo de la corrupción sistémica se pudo haber pagado, no una sino dos veces, la deuda total del país. Gracias a las presiones internacionales, la presidenta Sheinbaum está obligada, so pena de volverse cómplice de su antecesor, a cumplir un compromiso histórico inaplazable.
Donde quiera que se ponga el dedo en la administración pública salta el pus; cubrir las heridas, sin limpiarlas correctamente, es vital para la salud del país y así avanzar en la consecución del tan mentado bienestar que no se ve por ningún lado, con la notoria excepción de la cúpula gobernante. Ahora acaba de brotar una gran corruptela más de las muchas que legó a su sucesora López Obrador. Lo que más duele e indigna es que se afecte a un segmento de población que con sacrificios busca hacerse de un patrimonio: la que cotiza en el Infonavit, los trabajadores al servicio del Estado.
Tras una minuciosa investigación, quedó al descubierto una red de corrupción al interior de la dependencia cuyo monto, después de un trabajo investigativo de fondo, salieron a flote desfalcos por más de 5 mil millones de pesos, operados mediante una red de fideicomisos y una ingeniería financiera elaborada por expertos. Quien la encabezaba, Rafael Zaga Tawill, estaba a punto de irse del país antes de ser capturado con 87 millones de pesos en efectivo y documentos que no logró destruir. El operativo de captura estuvo encabezado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch y el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles.
Ahora se explica, objetivamente, el motivo por el cual fue enviado al Infonavit el ex director general de Pemex en el sexenio pasado, Octavio Romero Oropeza: se le premió por su eficaz saqueo de la principal empresa del Estado mexicano. Queda en evidencia, por si hiciera falta confirmación, que los principales miembros del gabinete de la actual mandataria fueron nombrados por su antecesor. Queda claro también que tal realidad es insostenible más tiempo: no sólo afecta gravemente a la nación, sino a la misma jefa del Ejecutivo, obligada a sacudirse la perniciosa presencia de López Obrador, si es que realmente quiere pasar a la historia como la primera mujer al mando de las instituciones del país, no como una marioneta, o, peor, aún, como la “corcholata” que su mentor político quiso que fuera.
Este, en sus delirios de grandeza, soñaba pasar a la historia patria como el mejor presidente; seguramente lo logrará, pero en un sentido contrario: como el que más daño hizo al pueblo, que según él era su principal compromiso para lograr tal estatus. Ahora, su sucesora, tiene como prioridad ineludible limpiar a fondo el lodazal que dejó el líder del obradorismo; de no hacerlo ella, a final de cuentas quedaría como mera cómplice y pagaría las consecuencias.
Por el bien de México, primero poner fin a la impunidad, puede muy bien parafrasearse el lema tan sobado de la campaña de López Obrador en campaña. Se priorizó a los pobres, pero sólo para apuntalar su pobreza, como se advierte con el perenne estancamiento económico. El Infonavit, una institución que desde su creación en el sexenio de Luis Echeverría favoreció ampliamente a un sector tradicionalmente olvidado, ahora enfrenta una situación fatídica. En consecuencia, el deber de la mandataria es ir al fondo de la corrupción descubierta, llamando a cuentas a su titular y socios dentro y fuera de la institución.
Es por demás evidente que de no poner fin a la impunidad, la corrupción seguirá viento en popa. Por supuesto, son enormes y muy poderosos los intereses que saldrían afectados; pero más daño, incluso para la propia mandataria, sería seguir atacando el flagelo sólo con discursos demagógicos. La sociedad en su conjunto no está para seguir soportando burlas cínicas como las de la familia López Obrador. El menosprecio al pueblo siempre cobra cuentas, en todas las épocas y en todos los sistemas. El colmo se alcanzó ya con el caso tan burdo de Rocha Moya y sus secuaces.
Se llegó el momento en que se actúa con un elemental sentido común o tendrán que atenerse a las consecuencias. No hay que olvidar que López Obrador logró su objetivo de dividir al país con notable eficacia; la nación es como una olla exprés en ebullición. Por azares del destino, a Claudia Sheinbaum le tocó ser quien evite el estallamiento social, no tiene otra opción que hacerlo, no hay modo de zafarse. La costosísima campaña de medios para promocionar su próximo segundo informe de gobierno, será dinero tirado si con hechos no demuestra compromiso en realizar una transformación real y concreta de la administración pública para restaurar el Estado de derecho, ahora en total bancarrota, peor que la economía.