Este mes se cumplen dos años de la guerra entre Chapitos y la Mayiza, los grupos criminales derivados del Cártel de Sinaloa que rompieron lanzas tras la traición y entrega de Ismael, El Mayo, Zambada a autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. Luego de una tensa tregua de dos meses, en septiembre de ese mismo año inició la guerra que mantiene paralizado al estado con un saldo de al menos 4 mil asesinatos, un promedio de 6 ejecutados cada 24 horas, sin contar la cifra de desaparecidos, ataques a madres buscadoras, torturados, balaceras, robo de vehículos, retenes, barricadas y la actividad económica detenida.

Es decir, un estado sin gobierno, sin la actividad económica habitual y sin rumbo, luego de la salida y el regreso de Rubén Rocha Moya, el gobernador que junto con nueve de sus más cercanos funcionarios están siendo requeridos por la justicia de Estados Unidos.

El desorden, la violencia y el desgobierno de Sinaloa incluyen al senador Enrique Inzunza, quien se ha dado el lujo de ausentarse durante meses de sus actividades como legislador, pero cobrando y con fuero bajo el amparo de la fracción morenista. Martha Reyes, presidente de la COPARMEX Sinaloa, ha sido clara al señalar que el gobierno de ese estado tiene una última oportunidad si creen que la gente volverá a votar por la franquicia de AMLO en las próximas elecciones. Ciudadanos y empresarios han convocado a una segunda Marcha por La Paz, cansados del caos que vive la entidad a pesar de las declaraciones triunfalistas de Rocha Moya y la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que no pasa nada y que la situación que allá se vive es de calma y concordia.

Nada más alejado de la realidad que aqueja a ciudadanos y sectores productivos envueltos en el torbellino de las venganzas y la guerra que nadie parece ser capaz de detener. El tema va para largo porque a pesar de la protección oficial a Rocha Moya, Inzunza Cázarez y demás requeridos por la justicia de nuestros vecinos del norte, tarde o temprano irán por ellos y sus declaraciones implicarán a hombres y mujeres del poder que hoy no duermen tranquilos en Sinaloa y en Palacio Nacional.

La Cuarta Transformación lleva ocho años gobernando México y todavía conserva una habilidad extraordinaria: encontrar culpables. Durante mucho tiempo fue Felipe Calderón, no el intocable Peña Nieto. Cualquier homicidio, crisis de seguridad o problema institucional podía explicarse regresando doce años en el calendario. Después apareció el neoliberalismo, esa criatura casi mitológica capaz de seguir provocando desgracias muchos años después de haber sido oficialmente derrotada.

Ahora están Estados Unidos, los jueces, los empresarios, los medios, las redes sociales, los bots, la derecha internacional y cualquier periodista que publique algo incómodo. Todos menos ellos. Si Washington investiga a personajes cercanos al oficialismo, es “injerencismo”. Si un medio revela información incómoda, es una campaña de la derecha. Si una estadística contradice al gobierno, hay que “ponerla en contexto”. Y si aparecen cuestionamientos alrededor de Andy López Beltrán, el problema no son sus viajes, las amistades empresariales, los lujos o las preguntas sobre el origen de ese estilo de vida.

El problema vuelve a ser quien pregunta. Durante décadas López Obrador convirtió a los hijos de políticos en símbolo de privilegio, influyentismo y corrupción. Ahora que el apellido incómodo es López Beltrán, resulta que cuestionar a la familia presidencial es prácticamente un ataque al movimiento. Tabasco ofrece un ejemplo todavía más doloroso. La tierra de López Obrador, el estado que debía representar el corazón de la transformación, lleva años padeciendo una violencia que terminó por romper el cuento. La Barredora, el CJNG, ejecuciones, incendios, extorsiones y disputas criminales han colocado a los tabasqueños frente a una realidad que ninguna mañanera puede maquillar. Y ahí también aparecen las excusas. Que si son ajustes entre grupos. Que si el problema viene de antes. Que si la estrategia está funcionando. ¿Antes de quién?

Morena gobierna Tabasco desde 2019. La 4T gobierna México desde 2018. Llega un momento en que hasta el pasado prescribe como pretexto. Ese es el problema de construir un gobierno alrededor de enemigos: tarde o temprano se terminan. La 4T prometió transformar la seguridad, la salud, la educación, la justicia y la vida pública. Transformó el sistema de salud, pero siguen faltando medicamentos. Transformó la educación, pero los resultados académicos preocupan. Transformó al Poder Judicial, pero la preparación de algunos juzgadores da pavor. Y prometió separar el poder político del económico, mientras los hijos del fundador del movimiento aparecen cómodamente instalados entre empresarios y círculos de influencia. Cada contradicción encuentra rápidamente un culpable externo. La conspiración no obliga a corregir. Y Calderón nunca contesta la mañanera.

Claudia Sheinbaum heredó muchas cosas de López Obrador. Entre ellas, esa extraordinaria capacidad para convertir cualquier problema en responsabilidad ajena. Quizá convendría heredar algo distinto. La responsabilidad. Porque después de ocho años, México ya conoce perfectamente a los culpables que señala Morena. Ahora quiere conocer algo mucho más importante: los resultados de quienes gobiernan. Y hay una frase que, después de tanto tiempo en el poder, ya resulta francamente ridícula: “Nosotros no fuimos”.

 

Platos extra:

Autoridades federales detuvieron a José Elías Gánem Guerrero, ex secretario del ayuntamiento de Torreón y su esposa Martha Esther Rodríguez Romero, ex titular del Centro de Justicia municipal. Gánem también fue director de Prevención Social del Delito y regidor en el ayuntamiento de Torreón. Aunque las autoridades federales no han dado a conocer las causas de la aprehensión de la pareja, medios locales apuntan que las indagatorias estarían encauzadas a negocios privados de los hoy ex funcionarios.

Una buena es que el gobierno de Tamaulipas, en colaboración con la Universidad Autónoma de ese estado, la Secretaría de Marina y autoridades federales, trabajan para ampliar el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas en aguas de la zona metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.