Una solicitud dirigida a la autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas pide investigar una serie de decisiones técnicas, operativas y contractuales relacionadas con el Campo Costero, entre ellas la utilización de un producto químico secuestrante de H₂S, una posible intervención con ácido y la posterior contratación de un equipo de separación.
El documento solicita revisar particularmente las instrucciones y decisiones atribuidas al Ing. José Mario Lule Varela, aunque precisa que los señalamientos no implican anticipar responsabilidad alguna y que deberá ser una investigación independiente la que determine si existieron irregularidades.
El caso involucra ocho pozos actualmente en operación —Costero 1, 7, 8, 14, 16, 17, 28 y 31— con una producción reportada de aproximadamente 1,940 barriles diarios de aceite y 24.51 millones de pies cúbicos diarios de gas.
La producción es transportada mediante un oleogasoducto de 14 pulgadas y 30.765 kilómetros hacia la Batería de Separación Luna. De acuerdo con la solicitud, esta infraestructura está asociada a una inversión aproximada de mil 400 millones de pesos.
Incremento de presión en el oleogasoducto
Los hechos que motivan la petición de investigación se remontan al 11 de septiembre de 2026.
Según el documento, alrededor de las 09:00 horas personal operativo detectó un incremento de presión en el oleogasoducto, que habría pasado de aproximadamente 48 a 60 kg/cm² en un periodo de dos horas.
Posteriormente, cerca de las 12:00 horas, se registró una disminución de presión en el punto de recepción TDR Cabezal Tizón, de aproximadamente 24 a 21.5 kg/cm².
Como posible explicación se manejó la formación de ditizona amorfa y/o la presencia de un tapón hidráulico. Sin embargo, la solicitud pide determinar si ese diagnóstico estuvo sustentado en análisis de laboratorio, caracterización del depósito, simulaciones hidráulicas, composición de fluidos u otras evidencias técnicas.
También solicita identificar quién formuló el diagnóstico, qué información utilizó y qué decisiones fueron tomadas a partir de éste.
Piden revisar uso de secuestrante de H₂S
Uno de los principales puntos de la solicitud se relaciona con la utilización previa de un producto químico secuestrante de ácido sulfhídrico (H₂S).
La nota señala que, de acuerdo con la información disponible, la utilización o inyección de este producto habría sido instruida por el Ing. José Mario Lule Varela.
Por ello, se pide determinar documentalmente si dicha instrucción efectivamente fue emitida y establecer cuál habría sido su participación en la selección, autorización, adquisición, dosificación o utilización del producto.
Entre los elementos que se solicita verificar están el fabricante y proveedor, composición, lote, certificados de calidad, concentración y volumen aplicado, punto de dosificación, pruebas de laboratorio, compatibilidad con los fluidos y materiales del sistema y las autorizaciones técnicas correspondientes.
Además, se propone realizar un análisis independiente para determinar si existe alguna relación causal entre la aplicación del producto y la posterior formación de depósitos, restricciones de flujo o incremento de presión registrado en el oleogasoducto.
Investigarían posible utilización de ácido
La solicitud también señala que, después del incremento de presión y ante la hipótesis de una obstrucción, se habría considerado utilizar ácido para remover el supuesto tapón.
Por esta razón, se pide investigar quién propuso, instruyó o autorizó esta alternativa y determinar si antes de llevarla a cabo existían estudios sobre la composición química del depósito, pruebas de solubilidad, análisis de corrosión, compatibilidad de materiales, evaluación de integridad mecánica y análisis de riesgos.
El documento advierte que una intervención química sin los estudios correspondientes podría representar riesgos de corrosión, pérdida de espesor, fugas, afectaciones ambientales o pérdida de contención, especialmente al tratarse de un ducto recientemente intervenido o reparado.
Contrato para instalar equipo de separación, bajo revisión
Otro de los puntos centrales se refiere a la instalación de un equipo de separación en el Cabezal Costero 1 para mantener la producción del campo.
Según la documentación, estos servicios estarían asociados al Contrato No. 656206810 con Acref Energy Drilling.
La petición solicita revisar si dicho instrumento contractual representa un costo superior frente a otros contratos disponibles para servicios técnicamente comparables.
Entre otros aspectos, se plantea identificar quién solicitó utilizar el contrato, quién seleccionó al proveedor, quién autorizó el servicio, cuál fue su costo diario y total proyectado y si existían alternativas técnica y operativamente viables de menor costo.
También se pide determinar la posible participación de José Mario Lule Varela en estas decisiones.
Una cadena de decisiones que deberá ser esclarecida
La solicitud plantea reconstruir técnicamente una secuencia de acontecimientos que comenzó con la aplicación del secuestrante de H₂S y continuó con el incremento anormal de presión, la hipótesis de un depósito o tapón, la posible utilización de ácido y las dificultades para manejar normalmente la producción a través del ducto.
Posteriormente surgió la necesidad de instalar un equipo de separación y utilizar los servicios asociados al Contrato No. 656206810.
El documento aclara que esta secuencia no permite concluir por sí misma que existiera dolo o corrupción, pero considera necesario investigar si alguna de las decisiones operativas pudo haber contribuido a generar o agravar la contingencia y, posteriormente, originar la contratación de servicios adicionales.
Infraestructura por mil 400 millones de pesos y producción en riesgo
La relevancia económica y operativa del caso radica en que los acontecimientos involucran el manejo aproximado de 1,940 barriles diarios de aceite y 24.51 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Además, el oleogasoducto involucrado está asociado, de acuerdo con el documento, a una inversión aproximada de mil 400 millones de pesos.
La investigación solicitada también busca cuantificar posibles costos derivados de producción diferida o perdida, servicios extraordinarios de separación, productos químicos, intervenciones al ducto, reparaciones, mantenimiento y contrataciones realizadas para mantener la producción.
Solicitan preservar correos, bitácoras y documentación contractual
Ante la naturaleza de los hechos, la petición considera prioritario preservar bitácoras operativas, históricos de presión, temperatura y flujo, registros de dosificación, muestras del producto químico, certificados de calidad, órdenes de trabajo, análisis de riesgos y documentación contractual.
También solicita resguardar correos electrónicos, comunicaciones institucionales e instrucciones que permitan reconstruir las decisiones relacionadas con el secuestrante de H₂S, la posible utilización de ácido, la atención de la contingencia y la contratación del equipo de separación.
Finalmente, se pide a la autoridad realizar un análisis independiente de causa raíz, determinar la trazabilidad del producto químico utilizado, revisar técnica y económicamente el Contrato No. 656206810 y cuantificar cualquier posible afectación económica u operativa.
La solicitud plantea que únicamente después de estas investigaciones podrá determinarse si los acontecimientos obedecieron exclusivamente a una contingencia técnica o si existieron omisiones, negligencia, conflictos de interés, beneficios indebidos, direccionamiento contractual u otras conductas susceptibles de responsabilidad.