El 15 de septiembre de 2026, el presidente Donald Trump entregó al Congreso la llamada “Major’s List”, el instrumento anual mediante el cual Estados Unidos identifica a los países considerados corredores o productores relevantes de narcóticos. La determinación presidencial incluyó a 23 países, de los cuales cuatro —Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia— fueron señalados por haber fracasado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones internacionales en materia de combate al narcotráfico durante los últimos doce meses. México figura, una vez más, en la lista general, junto con países como China, India, Ecuador y Venezuela.
El elogio como instrumento de presión
Lo relevante no es la inclusión de México —un hecho estructural que se repite desde hace más de dos décadas—, sino el lenguaje empleado por la Casa Blanca para describir la relación bilateral. El documento reconoce a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por incautar mayores volúmenes de droga, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas de seguridad y militares hacia la frontera compartida, y destaca que la cooperación bilateral ha permitido eliminar a algunos de los líderes criminales más notorios del mundo, entre ellos “El Mencho”. Sin embargo, el mismo texto advierte que México debe intensificar sus acciones contra las organizaciones narcoterroristas que, según Washington, dominan amplias porciones del territorio nacional.
Esta dualidad —reconocimiento y exigencia simultáneos— no es casual. Constituye el mecanismo mediante el cual Estados Unidos mantiene a México en un estado de supervisión permanente, independientemente del nivel de cooperación exhibido. El elogio no exime; documenta el cumplimiento parcial como condición para justificar la presión futura.
La aritmética que desmiente la retórica
El contraste se agudiza al observar los datos de incautación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Trump ha insistido en que Estados Unidos cuenta con la frontera sur “más seguro en la historia”, pero las cifras muestran que este año se han decomisado 236,000 libras de droga en la frontera con México, una cantidad ligeramente inferior a la de 2025 y notablemente menor a las 275,000 libras registradas en 2024, bajo la administración Biden. La narrativa de éxito histórico convive, incómodamente, con una tendencia descendente en los propios indicadores que la sustentan.
Este desfase entre discurso y evidencia empírica no es privativo del caso mexicano, pero adquiere una dimensión particular cuando se utiliza como justificación para mantener el país bajo escrutinio constante, con implicaciones directas sobre la política migratoria, arancelaria y de cooperación en seguridad.
Asimetrías geopolíticas: Bolivia, Venezuela y China
La comparación con otros países señalados expone además una lógica de doble rasero. Bolivia fue reconocida por la extradición del narcotraficante Sebastián Marset y por la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales bajo el presidente Rodrigo Paz, pero permanece en la categoría de “fracaso demostrable” porque su gobierno no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca heredado de la administración anterior. Venezuela, en cambio, desapareció este año de esa categoría de incumplimiento —a diferencia de la lista de 2026, que sí la incluía—, un giro que amerita explicación política más que técnica.
Respecto a China, el documento reconoce que el país continúa siendo el mayor productor mundial de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y metanfetaminas, pese a que Trump asegura haber obtenido de Xi Jinping nuevos requisitos de licencia para la exportación de dichos precursores hacia Norteamérica. La presión retórica hacia Pekín, sin embargo, no se traduce en la misma arquitectura de condicionalidad que enfrenta México.
Soberanía declarada, subordinación operativa
El ejercicio anual de certificación revela la tensión estructural que define el vínculo bilateral: México declara una cooperación soberana y diferenciada, mientras Washington administra un mecanismo unilateral que evalúa, condiciona y, cuando lo considera necesario, sanciona. La solidez de la cifra de decomisos no depende únicamente del desempeño mexicano, sino de la disposición estadounidense a reconocerlo como suficiente. En ese sentido, la “Major’s List” no mide exclusivamente el narcotráfico: mide el margen de maniobra política que Estados Unidos está dispuesto a conceder a su vecino en un año preelectoral clave para ambos países.
¿Puede sostenerse una relación de cooperación genuina cuando uno de los actores conserva, en exclusiva, la facultad de calificar el desempeño del otro?