En México se presentó la campaña Ponme A Prueba con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y eliminar los prejuicios que frenan su contratación formal. La iniciativa, promovida por la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, el Consejo de la Comunicación y la agencia Thanks Agency, hace un llamado urgente a las empresas para capacitarse, adaptar sus instalaciones y brindar empleos dignos, formales y sostenibles que permitan la independencia económica de este sector.
De los 20.8 millones de personas que viven con alguna discapacidad, limitación o condición mental en el país, apenas cuatro millones participan en la economía formal, lo que representa alrededor del 20 por ciento. La situación resulta aún más alarmante para quienes tienen una discapacidad intelectual, pues en este grupo las oportunidades de empleo formal y de capacitación técnica son todavía menores, manteniéndolos en una vulnerabilidad constante.
Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan la magnitud del rezago social. La tasa de participación económica de la población de 15 años y más con discapacidad alcanza un 40.6 por ciento, mientras que para las personas sin discapacidad se ubica en un 68 por ciento, generando una brecha laboral de 27.4 puntos porcentuales. A esto se suma que únicamente el 32.4 por ciento de las personas con discapacidad ocupadas dispone de un contrato de trabajo formal y solo el 33.7 por ciento cuenta con acceso a servicios médicos.
La inequidad también impacta de manera diferenciada según el género y el nivel educativo. La participación económica de las mujeres con discapacidad alcanza apenas un 31.3 por ciento, frente al 51.5 por ciento registrado en los hombres dentro de la misma condición. En el ámbito de la enseñanza, solo 46 de cada 100 personas de entre 5 y 29 años con discapacidad asisten a centros escolares. Asimismo, para el año 2024, únicamente un 5 por ciento de la población con discapacidad intelectual había recibido formación técnica o vocacional.
Para contrarrestar estas barreras, las organizaciones impulsoras explicaron que se ofrece un Modelo de Inclusión Laboral mediante el Centro Nacional de Capacitación de la red de apoyo. Este esquema brinda un acompañamiento integral antes, durante y después del proceso de incorporación, vinculando el talento de cada participante con las necesidades reales de los centros de trabajo.
Finalmente, la estrategia exhorta a los directivos de Recursos Humanos a realizar los ajustes razonables en sus instalaciones y puestos de trabajo, al tiempo que invita a las familias a respaldar a sus integrantes en la búsqueda de independencia y crecimiento profesional.