Claudia Sheinbaum declaró en el Zócalo capitalino que la actual legislatura había creado una nueva Constitución y que era “el congreso constituyente de la ‘4T’”, como si la sociedad mexicana no supiera que la mayoría calificada con que Morena cuenta en las cámaras de Diputados y Senadores para reformar la constitución fue obtenida de manera ilegal e inconstitucional y no mediante el mandato del voto ciudadano en las urnas.

Recuérdese que el bloque gobernante obtuvo apenas el 54% de los sufragios, pero el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral le otorgaron el 72.8% de las curules. Es decir, una sobrerrepresentación de casi el 20%, a pesar de que nuestra Constitución Política establece un tope de sobrerrepresentación del 8%. Y en el Senado compraron a la senadora Araceli Saucedo, de Michoacán, y a José Sabino Herrera, de Tabasco, ambos de primera minoría por el PRD; y amenazaron con cárcel a Miguel Ángel Yunes, panista de Veracruz, y a Francisco Daniel Barreda Pavón, del MC de Campeche.

Así lograron tener el mínimo de las dos terceras partes en ambas cámaras legislativas para reformar a su antojo nuestra Constitución y eliminar principios básicos del sano equilibrio y división de poderes para luego desaparecer a la Suprema Corte y sustituirla por la actual, misma que impusieron mediante una farsa de elección con apenas el 13% de la participación de la lista nominal de electores, sin que el voto fuera libre e informado, sino inducido mediante “acordeones” que el gobierno y Morena difundieron entre sus simpatizantes.

De ahí salió el calificativo de “la Corte del Acordeón”, aunque la señora Sheinbaum declarara muy ufanamente al día siguiente que éramos “el país más democrático del mundo”.

El resultado ha sido que tenemos un Congreso y una Corte que actúan obedeciendo las órdenes del ejecutivo, de la Presidencia, en abierta violación de lo que establece el artículo 49 constitucional, el cual prohíbe expresamente que cualquiera de los poderes se concentre en uno solo de ellos.

Con esas reformas espurias Morena y el obradorismo asaltaron la Constitución. En el debido momento —que espero no tarde mucho en llegar— esas reformas deberán declararse nulas para así regresar a la normalidad republicana y dejar atrás la actual situación de anormalidad “democrática” (más bien autocrática), como lo marca el artículo 136 de nuestra carta magna.

Lo aquí expresado es el núcleo del nuevo régimen político prodictatorial impulsado por López Obrador y ahora refrendado por Sheinbaum. Y para consumarlo y consolidarlo han decidido mantener su alianza y complicidad con los cárteles del crimen organizado, así como continuar con la protección de gobernadores y funcionarios de Morena que han hecho acuerdos con los grupos criminales para ganar elecciones. Ahora estos cárteles controlan casi la mitad del territorio nacional, protegidos por los gobiernos de Morena y aliados, en abierta violación de la soberanía nacional.

Por ello mismo se lanza desde el corazón de la república el falso discurso de la defensa de esa soberanía nacional, soberanía que ellos han ultrajado y que mañana querrán utilizar para anular las elecciones que pierdan en el 2027. Esa es la razón principal por la que no han detenido ni detendrán a Rocha Moya ni a Inzunza. Si lo hicieran, su castillo de mentiras, corrupción y descomposición se derrumbaría de inmediato, con la consecuencia de que Morena desaparecería. Fueron muy ilusos, pues, los que vaticinaron y/o apostaron a una ruptura de Sheinbaum con López Obrador.

Ahora la tarea prioritaria de los demócratas mexicanos, y de todos los que verdadera y profundamente amamos a México, es hacer todo lo posible para ganarle al obradorismo en el 2027 y empezar a echarlos para fuera de las responsabilidades públicas. Solo así venceremos en el 2030.