Ante el anuncio del Ejecutivo Federal de un decreto para regular la difusión de contenidos violentos en plataformas digitales, motivado por recientes y lamentables hechos de violencia escolar en la Ciudad de Torreón donde lamentablemente perdió la vida 1 directivo de una escuela por defender a los niños. Como UNPF emitimos no solo una postura clara y preliminar sino una profunda y solida preocupación: No se trata de oponerse a la protección de menores ni de negar que el entorno digital puede amplificar conductas nocivas. Se trata de rechazar, una vez más, el diseño vertical de políticas públicas que afectan de manera directa a la niñez y la juventud sin escuchar la voz prioritaria de los padres de familia.
Hemos dado cuenta desde el 2009, que las plataformas digitales no son la única instancia ni el origen exclusivo de la violencia. Focalizar el debate únicamente en la eliminación reactiva de contenidos desvía la atención de factores estructurales ya diagnosticados durante años. El deterioro del tejido social, la violencia intra familiar y la crisis de salud mental agravada por la pandemia, la falta de protocolos eficaces de prevención y convivencia en escuelas y espacios públicos, la exposición cotidiana a un entorno de violencia e impunidad en aun localidades, ciudades y Estados como Sinaloa, Estado de México, CdMx, Tamaulipas, Michoacán y aunado a un modelo educativo que frecuentemente no fortalece disciplina ni valores ciudadanos. Adicional a que se ha denunciado ya que es a través de las redes sociales que grupos delictivos contactan reclutan niños, adolescentes jóvenes para fines de explotación sexual infantil, tráfico de personas, ventas de drogas, propiciar y replicar acciones violentas contra mujeres y hombres por igual . Estas son realidades que no desaparecen con un decreto de moderación de contenidos.
Atribuir la descomposición social o las conductas violentas exclusivamente a las pantallas es una simplificación peligrosa. La violencia es un fenómeno multifactorial que exige intervención integral en escuelas, comunidades y políticas públicas de bienestar familiar. Sin embargo, el anuncio se produjo en un momento de conmoción pública, sin que se haya dotado de recursos jurídicos claros, marcos de actuación, programas de acompañamiento socioemocional dentro y fuera de las escuelas, protocolos de prevención ni refuerzo a contenidos educativos que dignifiquen el valor de la vida. Lo más grave, y lo que debe cuestionarse con firmeza, es la exclusión deliberada de los padres de familia, de especialistas y de un diálogo social abierto. El diseño de este marco normativo se desarrolla de manera vertical, sin convocatoria amplia a la sociedad civil y omitiendo la voz de quienes diariamente acompañamos, educamos y protegemos a nuestros hijos. Tratándose de una regulación de alcance nacional, no se puede limitar la discusión al ámbito gubernamental. Las mesas de trabajo anunciadas por la Consejería Jurídica deben abrirse antes de cualquier publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación. De lo contrario, el decreto nacerá incompleto y será, inevitablemente, una propuesta reactiva más.
Esta no es la primera vez que las autoridades legislan o emiten acuerdos en materia educativa y digital sin incorporar de manera real y oportuna a las familias. La experiencia reciente con la regulación de celulares en las aulas lo ilustra: se avanzó en una dirección necesaria, pero sin el acompañamiento suficiente ni la corresponsabilidad familiar que hace sostenibles las medidas. Ahora, ante la regulación de contenidos en redes sociales, se repite el patrón. Se anuncia, se genera expectativa mediática y se deja a los padres como espectadores de decisiones que impactarán el entorno en el que crecen sus hijos.
Desde la UNPF exigiremos tres acciones concretas y urgentes:
- Primera: inclusión inmediata de las familias. Que se convoquen formalmente a organizaciones de padres de familia, especialistas y sociedad civil a una mesa técnica de trabajo que permita fortalecer los esquemas de regulación antes de la emisión y reglamentación de cualquier decreto.
- Segunda: estrategia nacional integral. Impulsar programas y acciones desde el ámbito educativo, comunitario y social —incluyendo a las empresas de plataformas y a los medios de comunicación— que permitan conocer la moderación de contenidos, implementar programas obligatorios de salud mental, prevención del acoso escolar y fortalecimiento de los vínculos familiares en las escuelas de todo el país. La sociedad civil puede aportar herramientas, conocimientos y experiencias exitosas que el gobierno no debería despreciar.
- Tercera: acuerdos de corresponsabilidad. Seguir y mejorar la efectividad de esquemas de seguridad, colaborar con las autoridades en materia de delitos graves y exigir que las plataformas tecnológicas brinden herramientas de control parental transparentes, accesibles y con verificaciones reales de edad, bajo estándares obligatorios y no meramente declarativos.
La protección de menores y prevenir delitos es un deber ineludible del Estado, pero también un derecho y una responsabilidad primaria de las familias. Ninguna regulación digital será legítima ni efectiva si se construye de espaldas a quienes tienen el deber y el derecho de educar. Anunciar medidas en momentos de dolor colectivo sin sustancia de diálogo, sin recursos y sin vinculación ciudadana es una forma de gobernar que ya conocemos y que ha demostrado sus límites. Los padres de familia no somos un obstáculo para la protección de la infancia; somos su primer y más permanente escudo. Ignorarnos no fortalece ninguna política pública: la debilita. La autoridad tiene la oportunidad y el deber de corregir el rumbo antes de que el decreto se publique. Que las mesas se abran. Que se escuche. Que se construya con, y no sobre, las familias mexicanas.
El autor es Presidente Nacional de la UNPF.