Una denuncia circunstanciada presentada por Israel Rayo Velázquez ante las autoridades investigadoras exige la apertura de un proceso formal por presuntas faltas administrativas graves y actos de corrupción dentro del Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones (GMOPI) del Activo de Extracción Macuspana-Muspac (AEMM) de Petróleos Mexicanos (Pemex). El escrito señala la existencia de un posible quebranto derivado de un ejercicio financiero concentrado que supera los 450 millones de pesos, registrado sin que exista la correspondiente trazabilidad en sistemas informáticos ni la presencia física de los materiales.
La hipótesis central del expediente solicita auditar la relación entre las órdenes de surtimiento, las recepciones documentales en almacén, las entradas al sistema SAP, la firma de COPADES (Constancia de Recepción de Pagos o Servicios) y los pagos efectuados a las empresas Grupo 3VTA, S.A. de C.V. y Vacser Process Automation, S.A. de C.V.
Irregularidades documentadas y señalamiento de presunta simulación
El documento detalla inconsistencias operativas en contratos clave como el 655015800, el 655005611 y el 645004603, resaltando que mientras las partidas financieras registran avances devengados de hasta el 99.95 por ciento, las áreas operativas de la Coordinación continúan enfrentando desabasto de herramientas y materiales básicos de trabajo. Entre los puntos de mayor gravedad, la denuncia expone un universo de 19 puntos para fittings de medición de gas en instalaciones como Estación Juárez, Cactus 43 y baterías de separación en Tabasco y Chiapas, cuyos equipos figuran como cobrados pero permanecerían pendientes de instalación física.
Asimismo, la denuncia alerta sobre la presunta utilización de evidencia fotográfica alterada o perteneciente a otras instalaciones del propio Activo para simular el cumplimiento de obligaciones contractuales, por lo que solicita la inspección física e independiente de cada uno de los sitios involucrados.
Servidores públicos y personas bajo investigación
El escrito requiere a la autoridad fiscalizadora la revisión puntual de las actuaciones de diversos funcionarios y particulares vinculados con la gestión, validación y autorización de las órdenes de pago. Entre los perfiles citados en la denuncia figuran:
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José Mario Lule Varela: Señalado por la presunta instrucción para formalizar órdenes y la recepción de solicitudes para firma de COPADES.
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Rafael Villasana de León: Vinculado a la supervisión contractual y a la tramitación de recepción de materiales ante bienes patrimoniales.
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Scarley María Palacios Ramos: Documentada en la gestión de firma electrónica del COPADE 1005497578 por un monto de 3.2 millones de dólares.
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María José Lule Velázquez, Víctor Manuel Velázquez de la Fuente y Lucio Alberto: Identificados en el expediente para determinar su posible grado de intervención o relación con las empresas proveedoras.
Solicitud de medidas cautelares e inspección en almacenes
La petición formal interpuesta ante la autoridad investigadora exige la preservación inmediata de los expedientes digitales, archivos de correo electrónico y metadatos de los funcionarios involucrados. Asimismo, demanda la realización de inventarios físicos de auditoría en los almacenes ubicados en Reforma, Chiapas, e instalaciones operativas del Activo.
El denunciante solicitó que la investigación no se limite a la simple revisión documental de remisiones o facturas, sino que reconstruya de forma exhaustiva la cadena de entrega desde la orden de surtimiento hasta la verificación del destino final del bien pagado con recursos públicos.