En agosto de 2026 se registraron en México 100 denuncias por aborto, 33 % más que las 75 de agosto de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El dato abre una discusión que el país suele resolver con consignas: mientras un bando lo celebra como conquista de derechos y otro lo condena como pérdida moral, casi nadie pregunta qué miden realmente estas cifras ni qué política pública las acompaña.

Lo que dicen los números

En el sexenio de Claudia Sheinbaum suman 1,526 denuncias. En 2025 hubo 890, 14 % más que las 783 de 2024, y entre enero y agosto de 2026 van 636. Con ese ritmo, el año superaría al anterior. La serie histórica muestra una tendencia de fondo: de 544 casos en 2015 se pasó a 818 en 2022, con un descenso a 633 en 2020.

La concentración geográfica es notable. Ciudad de México (400), Nuevo León (331) y Estado de México (292) acumulan 67 % del total. Por millón de habitantes, Nuevo León encabeza con 57, seguido de la capital con 43 y Baja California con 29, frente a un promedio nacional de 12.

La primera fricción: qué se está contando

Aquí conviene una advertencia que los titulares suelen omitir: se trata de denuncias, no de abortos. Medir el fenómeno por la vía penal produce una paradoja. Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo en 2007, y aun así ocupa el segundo lugar nacional en denuncias. Eso sugiere que el registro captura otra cosa: casos fuera de los plazos legales, interrupciones sin consentimiento, atención médica convertida en expediente o prácticas clandestinas. Las cifras presentadas no permiten distinguirlo, y sin esa distinción cualquier lectura, sea alarmista o triunfalista, es prematura.

El mapa jurídico desigual

En septiembre de 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal. Hoy, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 24 entidades han despenalizado el aborto durante el primer trimestre, mientras que Aguascalientes mantiene un límite de seis semanas que la organización considera prácticamente nulo. Los conteos varían según la fuente y el criterio, y siete estados aún conservan el delito. Resultado: una mujer puede ser atendida en un hospital público o investigada penalmente según el código postal. Esa desigualdad es la que alimenta tanto la movilización como la resistencia.

Dos relatos, una omisión

Quienes defienden la despenalización sostienen que criminalizar no reduce los abortos, solo los vuelve inseguros y recae sobre las mujeres con menos recursos. Quienes la rechazan argumentan que la protección de la vida desde la concepción justifica la sanción y que la ampliación de plazos banaliza el procedimiento. Ambas posturas son legítimas, pero comparten un vacío: ninguna explica qué ocurre con las personas procesadas.

La estadística disponible no informa cuántas denuncias terminan en detención, vinculación a proceso o sentencia. Sin esos datos, el sistema penal opera a ciegas: se persigue un delito cuya frecuencia, perfil de acusadas y resultado judicial se desconocen. Un legislador que vota a favor o en contra debería exigir antes esa información.

La política que no existe

Despenalizar no equivale a garantizar acceso. Hace falta personal de salud capacitado, insumos, objeción de conciencia regulada y servicios en zonas rurales. Y la salud reproductiva abarca más que el aborto: educación sexual, anticoncepción efectiva y prevención del embarazo adolescente, que reducirían la demanda de interrupciones sin tocar la discusión moral. En ese terreno, el consenso es posible, pero casi nunca se ensaya.

El cálculo electoral

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el tema corre el riesgo de convertirse en moneda de movilización. Para unos, la agenda de derechos ayuda a cohesionar bases; para otros, la defensa de la vida es un voto firme. Pero usar el aborto como bandera sin ofrecer servicios, datos ni responsabilidad institucional produce el peor de los mundos: polarización sin soluciones.

Lo que está en juego

La cuestión no es si el aborto debe ser debatido, sino cómo. Falta un debate que sustituya el eslogan por la evidencia: cuántas personas son procesadas, qué atención reciben las mujeres, dónde se concentran las denuncias y por qué. Mientras tanto, las cifras suben y la política sigue ausente.