El primer paso para pacificar de verdad a México no comienza con discursos triunfalistas, sino con la honestidad de reconocer, decíamos la semana pasada, al elefante en la habitación: una de sus advocaciones  es ese problema que todos vemos en las calles, pero que el gobierno intenta ocultar detrás de gráficas de homicidios a la baja. Ese elefante se llama extorsión, desaparición y miedo cotidiano. Mientras el oficialismo lo cubra con la narrativa del éxito y la oposición se limite a denunciarlo sin construir una alternativa seria, los mexicanos seguiremos pagando el precio de una paz que se anuncia, pero no se siente.

La reducción de homicidios es un dato que debe reconocerse. Negarlo por conveniencia política sería un error; confundirlo con una pacificación integral sería una irresponsabilidad. La seguridad no se mide solo en cuerpos sin vida, sino en la libertad de un productor que calcula cuánto pagará por derecho de piso antes de vender su cosecha; en la mujer que evita ciertas calles al anochecer; en la familia que recibe una amenaza y no la denuncia por miedo. Más de la mitad de la población urbana sigue sintiéndose insegura y en algunas ciudades el porcentaje supera el ochenta por ciento.

El problema es que el gobierno ha construido un aparato discursivo capaz de convertir la crítica en afrenta política. Cuestionar la estrategia de seguridad se presenta como hacerle el juego a la derecha y señalar el crecimiento de la extorsión como un ataque al gobierno. Mientras el debate se consume en acusaciones, el crimen cobra un auténtico impuesto de guerra. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la extorsión apenas se redujo dos por ciento y en marzo y abril de 2026 rebasó las mil víctimas mensuales. Con una cifra negra de 96.7 por ciento, el problema real es mucho mayor: por miedo o desconfianza, casi nadie denuncia.

Las desapariciones muestran otra fractura. Octubre de 2025 registró un nivel histórico de personas desaparecidas, pero el tema rara vez ocupa el centro del discurso gubernamental. Al mismo tiempo, el presupuesto de 2026 fortalece a la Guardia Nacional bajo mando militar mientras reduce en más de diez mil millones de pesos los recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se fortalece el brazo armado y se debilita la capacidad civil de inteligencia y coordinación. El riesgo es construir una paz de cuartel: presencia sin inteligencia suficiente, reacción sin prevención.

He dedicado los últimos años a recorrer regiones de México y escuchar a productores, comerciantes, familias, policías municipales y jóvenes que viven donde el Estado muchas veces llega tarde o simplemente no llega. He buscado identificar liderazgos auténticos y construir propuestas capaces de devolverle a la ciudadanía la certeza de que existe otro camino. Y he confirmado algo elemental: la indignación por sí sola no gana elecciones ni transforma realidades. La sociedad no necesita a quien grite más fuerte, sino a quien pueda explicar con seriedad cómo protegerá su vida, su patrimonio y su familia.

Por eso necesitamos cambiar el paradigma: pasar del operativo espectacular a la inteligencia estratégica, del predominio militar a la conducción civil y del discurso a la evidencia.

Primero, recuperar los recursos recortados a la SSPC y destinarlos a un Fondo de Inteligencia Civil y Coordinación Interinstitucional sujeto a controles técnicos y ciudadanos. Debe financiar especialistas en crimen organizado, ciberseguridad, flujos financieros ilícitos y análisis territorial. La inteligencia del Estado no puede descansar exclusivamente en las fuerzas armadas.

Segundo, transformar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un verdadero centro de análisis y coordinación. Debe contar con capacidad de georreferenciación del delito, evaluación operativa de policías y mecanismos de interoperabilidad con fiscalías y Guardia Nacional. Sin información compartida en tiempo real, la coordinación seguirá siendo retórica.

Tercero, condicionar los recursos federales destinados a seguridad a resultados verificables de las policías locales. Profesionalización, certificación de mandos, protocolos de actuación y rendición de cuentas deben ser requisitos, no recomendaciones. Los municipios son la primera línea de defensa del ciudadano, pero demasiados siguen operando con corporaciones mal pagadas, débiles o infiltradas.

Cuarto, crear una unidad especializada contra la extorsión con capacidad de investigación patrimonial. Detener al cobrador no basta: hay que perseguir el dinero, las redes de lavado y la protección institucional que permite operar al crimen. La extorsión no es únicamente un delito; en amplias regiones funciona como un sistema paralelo de gobierno. Combatirla exige destruir su estructura financiera.

Quinto, colocar las desapariciones en el centro de la agenda nacional. México necesita capacidades de búsqueda y forenses suficientes, recursos transparentes y mecanismos eficaces de coordinación. No podemos normalizar que miles de familias tenga que buscar a sus desaparecidos mientras el Estado administra expedientes.

Esto, claro, empieza por detener a los narco políticos señalados por los Estados Unidos y aquí mismo en México, todos con pruebas más que suficientes para terminar con este desastre de inseguridad. Hay que detener extraditar y castigar en el país a estos delincuentes. Ejemplos sobran: AMLO,  Rocha, Inazunsa, Bedolla, el pillo Gallardo, Evelin y su padre, Indira, Durazo, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Salomón Jara, Mara Carrillo (la señoras de los cielos de Quintana Roo), Adán Augusto o los Monreal, por mencionar solo a algunos.

Las elecciones intermedias de 2027 abren una coyuntura importante. La oposición puede limitarse a administrar el enojo o puede construir una alternativa que acompañe cada crítica con una solución factible; que hable con empatía, franqueza y realismo, y entienda que la inseguridad no distingue ideologías.

Es hora de nombrar al elefante, pasar de la queja a la propuesta y construir la paz que México exige.